Solo cuatro de los once inmigrantes a los que se han realizado las últimas pruebas óseas son menores

La directora de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, Carmen Morales, ha anunciado este miércoles que "de las once últimas pruebas óseas" practicadas a los inmigrantes que refirieron ser menores de edad, "tan solo cuatro han significado la declaración de minoría de edad".

 

A juicio de Morales, estos datos ponen de manifiesto que "el porcentaje de adultos que no se declaran como tales es bastante alto". En la actualidad, tanto el Cabildo de Lanzarote como la Comunidad Autónoma asisten a 190 supuestos menores, que serán distribuidos por el resto de las islas una vez vayan obteniendo el decreto emitido por la Fiscalía que acredite su minoría de edad.

 

Ese reparto, ha explicado la directora de Protección a la Infancia y la Familia, se hará siguiendo el pacto suscrito por la Federación Canaria de Islas (Fecai) hace unas semanas, cuando decidió reeditar el acuerdo de 2002 y asumir la distribución solidaria de estos jóvenes según criterios de equidad y proporcionalidad. 

 

Sobre el procedimiento para fijar la minoría de edad de los inmigrantes, Morales ha señalado que este comienza con la declaración ante el juez de la persona que llega en patera a las islas. El juez exige una serie de pruebas y comisiona a los cuerpos de seguridad del Estado el traslado del joven al hospital para realizarle la radiografía de la muñeca y la ortopantomografía dental que determine la maduración de los terceros molares. Estos dos exámenes son necesarios para calcular la edad de los chicos.

 

El resultado de estas pruebas se traslada a los dos forenses del Instituto de Medicina Legal, que son los que firman la minoría o no de edad después de revisarlas y tras entrevistar a cada uno de los supuestos menores. Posteriormente, el diagnóstico se envía a la Fiscalía de Extranjería en Las Palmas de Gran Canaria, que es quien rubrica el decreto determinando la edad.

 

Solo una vez concretada la edad es cuando la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia puede proceder a firmar la resolución de declaración de desamparo y el juez ordena que se proceda el traslado a otras islas.