Transparencia Urbanística pide la apertura del juicio oral de la Operación Jable

La Asociación Transparencia Urbanística (TU), personada como acusación popular en el  Procedimiento Abreviado 697/2016, ha presentado calificación provisional y solicitado la apertura del juicio oral del caso conocido como Operación Jable. En su escrito, TU solicita la acusación de 19 personas.

 

TU califica tres grandes bloques. El primero es el concurso de recogida y transporte de residuos urbanos. El segundo es el concurso de parques, jardines y limpieza viaria. Y el tercero afecta al concurso del pabellón de deportes de Argana. Cada uno de estos tres bloques se califica provisionalmente como “un burdo ejemplo de un mismo modus operandi, en el que los acusados, movidos por una codicia insaciable y por un afán de lucro desmedido, se concertaron para llevar a cabo el saqueo sistemático y continuado de las arcas públicas, para lo cual hubieron de asegurarse la ruptura de todas las reglas del juego y el control de todos los eslabones del proceso decisorio”.

 

Los delitos por los que se formula acusación son cohecho, prevaricación, fraude a la administración, malversación de fondos públicos, negociaciones prohibidas para funcionarios, falsedad documental e infidelidad y violación de secreto y las penas solicitadas van de la pena de multa a los veintidós años de prisión en función del grado de participación y responsabilidad.

 

 

TU recoge que “durante años, la sociedad lanzaroteña fue testigo mudo de esta historia de indecencia y miedo, de ostentación y bajeza”. A juicio de esta organización, “las anotaciones de Jacinto Álvarez y la transcripción de las conversaciones muestran un espectáculo de pornografía política verdaderamente obsceno”. Asimismo, señala que la historia del Ayuntamiento de Arrecife “es la historia del urbanismo criminal y de la corrupción llevada hasta la náusea. La metástasis que los acusados dejaron en el municipio con estas prácticas corruptas sigue desarrollando sus efectos perversos en la capital de la isla”.

 

“Como consecuencia del trato de favor obtenido, y en contraprestación del mismo”, TU considera en su escrito de calificación provisional que “los acusados iniciaron una relación basada en el servilismo de los representantes de la empresa adjudicataria a las exigencias de los cargos públicos señalados, sin que ninguna de las personas implicadas mostraran el más mínimo respeto a la institución que representaban, ni a la ciudad a la que se debían, ni al cargo que ostentaban, se dedicaron a enriquecerse de forma ilícita con tal ansia de lujo, poder y dinero que no conoció fin hasta que la ciudadanía los apartó del Ayuntamiento en las elecciones de 2007”. Por último, la asociación subraya que “la impunidad de la que durante tantos años disfrutaron solo terminó con la entrada y registro del Ayuntamiento por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.”

 

 

Transparencia Urbanística presenta escrito de acusación contra Dimas Martín Martín, María Isabel Déniz de León, Felipe Fernández Camero, Juan Rafael Arrocha Arrocha, Matías Curbelo Luzardo, Francisco José Martínez Llerandi, Stephan Jean Antonie Balverde, Jacinto Álvarez de la Fuente, Santiago Alonso Herreros, Manuel Andrés Martínez, Miguel Ángel Leal Cedrés, Manuel I. Spínola Perdomo, Julio Pedro Romero Ortega, Daniel Hernández Caraballo, Rafael Antonio Corujo Gil de Montes, Enrique Astorga González, Enrique José Hernández Martín y Domingo Abreut Cabrera, así como Elena Martín, en calidad de partícipe a título lucrativo.

 

La Operación Jable se puso en marcha tras el análisis de los documentos intervenidos durante la llamada Operación Unión. La trama se dedicaba, supuestamente, al cobro de comisiones ilegales a empresarios, así como al enriquecimiento económico de cargos públicos que compartían intereses en sociedades beneficiadas en dichas actividades.

 

A su vez, el Caso Unión se desató en mayo de 2009, cuando la Guardia Civil intervino el Ayuntamiento de Arrecife debido a la existencia de presuntos delitos de corrupción por parte de una serie de políticos y empresarios de la isla. Un año después, el 19 de abril de 2010, se produjeron nuevas detenciones por presuntos actos de corrupción. Esta nueva fase recibió el nombre de Operación Jable.