El último gran gobernante
A Ramírez Cerdá, don José, no le bastó mucho tiempo para poner la ciudad y la isla patas arriba en obras necesarias y extraordinarias. De lo expresado en el título, invito a que huyamos de la tentación de pensar que su talla es la que es porque los que vinieron después han sido tan nefastos que lo hacen grande. No lo comparto plenamente, pues, con independencia de la labor de quienes lo han sucedido en las responsabilidades públicas, hay que visualizarlo grande, por trabajador, honesto, decente y capaz. Es inevitable que parte de esa grandeza sí sea percibida por los déficits de los que le han sucedido, donde tal despliegue de adjetivos no han podido ser aplicados conjuntamente a ninguno. Ni en el Ayuntamiento ni en el Cabildo.
No es que Ramírez haya puesto el listón alto; es que es lo que correspondía a un responsable público, cosa desgraciadamente olvidada en pos del populismo, los gestos a la galería y cierta pomposidad de tercera. Desde entonces, aquí estamos estancados entre detestables acciones e impresentables dejaciones, de hombres y mujeres sin ideas, ni iniciativa, rodeados de estrategas, tramposos y asesores que no asesoran pero cobran la nómina a la fidelidad y apoyo en las entretelas de cotas de poder de los partidos. Confunden, una vez más, partido y administración; servicio público y chiringuito.
Añoranza del legado de Pepín Ramírez
Si Pepín Ramírez hubiera acometido las obras de los Centros Turísticos con la estructura actual, esto es, por medio de la contratación de empresas constructoras, no cabe duda de que no habría habido forma de pagarlas debido a los altísimos costes. El desequilibrio se sustenta en la falta de relación entre lo que hoy cuesta y lo que realmente vale la obra pública.
Y no es tanto porque a los costes se impute un porcentaje denominado como beneficio industrial, que se situaría en torno a un 20%, sino que la obra puede duplicar y triplicar el coste que realmente tendría. Todo ello con el concierto de todas las partes, ya sea inflando partidas de trabajos previstos, como certificando otras nunca realizadas. Es la única forma de entender los ingentes beneficios de las constructoras, que deben hacer frente a la propia ejecución así como al pago de comisiones perfectamente documentadas en los sumarios judiciales por corrupción.
Se paga a políticos, partidos y recaderos, pero la propia empresa, además de su 20%, y algunos otros pellizcos, se reserva una mordida en negro a la vista de la impunidad reinante. La permisividad por parte de las administraciones a estas prácticas es más por tolerancia que por ignorancia o falta de control, pues los medios existen si se quiere actuar.
Con Ramírez en el Ayuntamiento se consolidó la exitosa fórmula de realizar la obra pública con los recursos humanos de la propia administración. Este modo de hacer, lo traslada Ramírez al Cabildo cuando accede a la Presidencia de la primera institución insular. Con notable éxito, sin intervención de terceros, y con recursos limitados, se crea la red de Centros Turísticos, algo que experimentó posteriormente Pedro San Ginés, pretendiendo la creación de nuevos centros, sólo que con pagos a terceros injustificables por sus altos costes y escasa rentabilidad social y cultural.
Las nuevas generaciones de políticos han ido liquidando aquella fórmula de trabajadores altamente cualificados
Con los años transcurridos y la irrupción de originales formas de enriquecerse, las nuevas generaciones de políticos en las administraciones han ido liquidando aquella fórmula de trabajadores altamente cualificados y comprometidos con los que se deja de contar a la espera de que se jubilen. Para un bordillo, una zanja, un vallado, un pintado de una calzada, hay un procedimiento poco ágil y unos costes de los que nadie fiscaliza su veracidad. A las administraciones ha convenido estas prácticas, y las relaciones de aquellos con el poder empresarial producen rubor.
El Ayuntamiento de la capital poco puede hacer con trabajadores propios porque ya no dispone de ellos, y el Cabildo, ya no sólo para acometer obras, sino para trasladar enseres de un lugar a otro debe contratar camiones externos cuando ha dispuesto de unos medios técnicos propios envidiables. Habría que preguntar quién comenzó a desmantelar y que beneficios obtuvieron los que continuaron la labor.
De la relación de técnicos de las administraciones públicas y empresarios de la construcción tenemos certezas, y de ello se derivan acuerdos nada beneficiosos para el interés general, y de esos encuentros, en los que hasta alcaldes de todos los colores han participado, nada bueno ha salido más que para los bolsillos de los asistentes. A cargo de nuestro dinero y con nuestro espacio público.
Nadie parece recordar lo que costó la Casa de la Cultura, el Islote de Fermina o el Castillo de San Gabriel
Las formas, a veces, poco ortodoxas del conjunto de empresas constructoras hacen que se repartan la tajada acordando quien concursa a qué y repartiéndose la obra pública. Si esas actuaciones previstas que salen a concurso ya lo hacen con presupuestos desorbitados, habrá que plantear que el problema empieza en el momento en que se redacta y presupuesta un proyecto. Ahí lo dejo, y, efectivamente, habrá quien piense que no dejo títere con cabeza. También es cierto que otro modus operandi es el de la revisión de los presupuestos iniciada la obra, y lo que empieza en una cantidad llega a duplicarla a base de lo que denominan como modificados. Nadie parece recordar lo que costó la Casa de la Cultura, el Islote de Fermina o el Castillo de San Gabriel. Todos silban y miran a los celajes.
No percibo que haya ni demasiado, ni poco, ni ningún interés en recuperar aquella fórmula de Pepín, porque los niveles de honradez y de sentido del deber ni se estilan ni les conviene. Ni antes ni ahora hay quien muestre maneras para que podamos pensar que se inicia un ciclo nuevo.
¿Decente, honrado y servidor? Es difícil pensar que las tres cualidades adornen a ninguno de los otros que se me pasan por la cabeza. Bueno, sí, pero ya están muertos.
