El fiscal pide que se investigue a un testigo por falso testimonio
Visto para sentencia el juicio a Dimas Martín por la casa de Los Rostros
09 de febrero de 2017 (20:42 h.)
El fiscal solicitó que se investigue el posible falso testimonio del supuesto encargado de las obras, Gutierrez Marichal, que dijo no acordarse de nada ni reconocer su voz.
El fiscal delegado de Medio Ambiente de Las Palmas, Javier Ródenas, pidió hoy que se abran diligencias penales por falso testimonio al testigo David Gutierrez Marichal que compareció en la última sesión del juicio contra el expresidente del PIL, Dimas Martín, por la ejecución de obras ilegales en una vivienda situada en el municipio de Yaiza.
El fiscal solicitó que se investigue el posible falso testimonio después de que a lo largo de su comparecencia ante el tribunal, el testigo y supuesto encargado de las obras ejecutadas por Martín en la vivienda familiar de Los Rostros, afimara no recordar nada vinculado a los hechos que se juzgan en el proceso.
Guiérrez Marichal fue identificado en marzo de 2009 por el entonces jefe del Seprona como el encargado de las obrassin licencia que ejecutó el ex político y aparece en varias conversaciones grabadas por la UCO que revelan que se encargaba de algunas labores en la finca.
Sin embargo, el testigo afirmó en la vista oral que" no se acordaba si estuvo en la finca", que "no sabe poner ni un bloque" e incluso llegó a negar que la voz de las grabaciones que se escucharon en la sala de vistas fuera la suya, asegurado incluso que nunca había mantenido una conversación tan larga como la interceptada por la UCO.
Según el escrito de acusación, Dimas Martín, construyó en el año 2009 en en suelo protegido del parque natural de Los Volcanes, una nueva edificación con tres habitaciones, una piscina, una terraza y un muro de piedra.
Para el fiscal, el político ejecutó las obras ampliando una construcción ya existente que, según han señalado los peritos durante el juicio, también era ilegal, ya que se realizó entre los años 2002 y 2003, cuando la ley ya prohibía construcciones residenciales en suelo rústico protegido.
En su alegato final, el fiscal solicitó para Dimas Martín una pena de dos años de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio, así como a una multa de 12.000 euros y el derribo de las obras ejecutadas ilegalmente.
Por su parte, la defensa solicitó la libre absolución y señaló que en caso de condena, la actuación del ex político no encaja en ningún tipo penal, sino que se trataría de una infracción administrativa.
El abogado defensor reiteró su petición de anular la causa al entender que se ha producido una vulneración de los derechos fundamentales de Dimas Martín, pero solicitó que si no fuera así se aplique una reducción de condena por dilaciones indebidas del proceso.