Visto para sentencia el juicio a Reyes, Bartolomé y Lorenzo en el que se les pide dos años de cárcel

El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, ha sido juzgado en la mañana de este jueves, 17 de noviembre, por las dos licencias urbanísticas otorgadas a 66 villas en el Plan Parcial de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza.

 

Junto a Reyes, se sentaron en el banquillo el ex secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé, y el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo. La Fiscalía y la acusación particular han ratificado su petición de dos años de cárcel y diez de inhabilitación para cada uno de ellos.

 

La vista oral, celebrada en el juzgado de lo penal número 1 de Arrecife, ha estado presidida por la juez Margarita Gómez. Ha durado más de cinco horas, en las que Vicente Bartolomé y Antonio Lorenzo se acogieron a su derecho a declarar, mientras que José Francisco Reyes no lo hizo. El juicio ha quedado visto para sentencia. 

 

Los tres están acusados de un delito continuado de prevaricación urbanística. Además, el fiscal solicita que se declare la nulidad de las licencias otorgadas por el Ayuntamiento de Yaiza. El caso nació por una denuncia presentada por la Asociación Transparencia Urbanística en el año 2009.

 

Según la Fiscalía, el ex alcalde concedió los permisos pese a ser consciente de su ilegalidad. En cuanto al secretario y el jefe de la Oficina Técnica, considera que emitieron informes “con la intención de dar apariencia de corrección jurídica a todo el trámite administrativo” y dando “premeditadamente” a José Francisco Reyes la “cobertura para justificar la concesión” de las licencias.

 

El Ayuntamiento autorizó la construcción de 66 villas en el Plan Parcial Playa Blanca, con dos licencias distintas. Una licencia se concedió a la empresa Marivista Lanzarote, SL, propiedad de Pedro de Armas. La otra licencia se otorgó a la mercantil Villas Blancas Lanzarote, SL, justo después de que esa parcela pasara por las manos de Pedro de Armas, quien compró y vendió esa parcela el mismo día. En la operación obtuvo una ganancia de 800.000 euros.

 

En aquellas fechas, de Armas era compañero de partido de Reyes, además de socio en la empresa Comcaype. Ambos fueron formaron parte durante años de un mismo proyecto político, el Partido Nacionalista de Lanzarote.

 

Según la acusación, en 2003 los encausados habrían actuado de forma irregular al autorizar el proyecto de urbanización del Plan Parcial Playa Blanca, a pesar de que estaba en vigor una suspensión de licencias dictada por el Cabildo de Lanzarote. Desoyendo las advertencias de ilegalidad por parte del Cabildo, el Ayuntamiento de Yaiza prosiguió la tramitación del Plan Parcial. Finalmente, se autorizaron unas 600 viviendas en los años posteriores. 

 

El Plan Parcial Playa Blanca fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2009, precisando que todos los actos dictados en desarrollo o aplicación de dicho plan como una urbanización, ordenanzas y licencias, han quedado “sin cobertura jurídica alguna”. El Tribunal declaró que el Plan Parcial quedó extinguido en el año 2001 con la entrada en vigor de la Ley de Moratoria Regional, y que, por esa razón, desde entonces ya no era posible su desarrollo porque se trataba de un planeamiento que ya no existía, tal y como ha venido advirtiendo el Cabildo al Ayuntamiento de Yaiza y a los promotores del Plan Parcial.

 

Dicha sentencia resolvió el recurso interpuesto por el Cabildo de Lanzarote en 2004 contra los decretos del entonces alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, de 11 de diciembre de 2003 y 26 de abril de 2004, que autorizaron la urbanización de los terrenos del Plan Parcial Playa Blanca y la publicación de las Ordenanzas del citado Plan Parcial. El recurso también iba contra el decreto de la alcaldía de 3 de mayo de 2004, que rechazó las advertencias de ilegalidad que el Cabildo de Lanzarote formuló al Ayuntamiento y a los promotores para que no prosiguieran con el desarrollo de dicho Plan Parcial. 

 

El ex alcalde de Yaiza tiene otras causas pendientes, además de tres condenas. Dos de las condenas son de inhabilitación por licencias otorgadas para construir viviendas en Las Breñas y para un restaurante en Yaiza. La tercera condena de seis meses de prisión fue por la licencia otorgada para la vivienda en Puerto Calero del arquitecto Carlos Morales y su esposa, Alexia de Grecia, y por la que finalmente ingresó en prisión.