‘Caso Jable’: la Audiencia condena a nueve personas por corrupción en Lanzarote
Penas que rondan los 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Arrecife y al ex secretario municipal, y dos años y medio al líder del PIL
La Audiencia Provincial de Las Palmas ha notificado hoy lunes, 8 de enero de 2024 la sentencia que resuelve en primera instancia la presunta trama de corrupción político empresarial en Lanzarote conocida como 'caso Jable' con nueve condenas a otros tantos acusados como autores de delitos de fraude o cohecho.
Los hechos que motivan la sentencia se consumaron en la primera década del presente siglo.
María Isabel Déniz
La exalcaldesa de Arrecife de Lanzarote, María Isabel Déniz, ha sido condena a penas que suman nueve años y 18 meses de cárcel como autora de delitos de fraude a la administración, prevaricación continuada y cohecho (soborno) continuado en distintas modalidades.
Además de las condenas penales, se le imponen varias penas de carácter económico y de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
Felipe Fernández Camero
El exsecretario municipal del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero, ha sido condenado a penas que suman 8 años y 27 meses por fraude, cohecho, revelación de secretos, falsedad en documento oficial e infidelidad en la custodia de documentos.
Dimas Martín Martín
El exlíder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), ex presidente del Cabildo de Lanzarote, exdiputado regional y exsenador, Dimas Martín Martín, ha sido condenado a un total de dos años y seis meses de prisión como autor confeso de un delito de fraude a la administración y otro de cohecho.
Rafael Arrocha Arrocha
El antiguo responsable de la Oficina Técnica municipal de Arrecife, Rafael Arrocha Arrocha, ha sido condenado a dos años y 19 meses de cárcel por fraude, prevaricación, cohecho, revelación de secretos, falsedad y fraude.
Empresas relacionadas con la construcción
Las otras cinco personas condenadas son representantes de empresas relacionadas con la construcción.
La resolución de la Sala, que se extiende a lo largo de 150 folios, absuelve de toda responsabilidad a otras siete personas contra las cuales el fiscal había retirado los cargos.
La sentencia es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
