Explotación laboral
CCOO ejercerá la acusación en la causa sobre la trama de explotación laboral detectada en Lanzarote
CCOO ha anunciado que se personará como acusación en la causa por la trama de explotación laboral detectada en Arrecife, Yaiza, San Bartolomé y Teguise
CCOO ha anunciado este miércoles que se personará como acusación en la causa por la trama de explotación laboral detectada en Arrecife, Yaiza, San Bartolomé y Teguise, donde la Policía detuvo en noviembre a dos empresarios de la construcción y 14 trabajadores extranjeros.
En esta investigación, iniciada a mediados de octubre y en la que también participa la Inspección de Trabajo, se acusa a los empresarios de explotar a los trabajadores extranjeros, sin autorización de trabajo y residencia, a los que obligaban a usurpar identidades ajenas para hacerse pasar por otras personas dadas de alta en la Seguridad Social, según informó el 14 de noviembre en un comunicado la Policía.
Los investigadores de esta operación, denominada 'Bordillo', confirmaron que la empresa investigada facilitaba a sus subcontratas listados con datos de empleados legalmente contratados, aunque posteriormente enviaba a las obras a otros trabajadores en situación irregular en España, a los que obligaba a memorizar las identidades de los primeros.
De esta forma, la constructora mantenía en activo a distintos empleados con la misma identidad en diferentes obras, eludiendo el pago de cuotas a la Seguridad Social y obteniendo un beneficio económico ilícito a costa de la vulnerabilidad de los trabajadores.
El sindicato ha expresado este miércoles en un comunicado "su más firme condena" ante los hechos descubiertos en la operación 'Bordillo', consistentes en "un sistema organizado que vulnera de forma grave los derechos laborales y humanos de las personas empleadas, aprovechando su situación de vulnerabilidad".
"Desde CCOO Canarias denunciamos que algunos empresarios siguen considerando a las personas migrantes como mano de obra esclava, negándoles cualquier trato digno y beneficiándose de prácticas que son incompatibles con el Estado de Derecho, la justicia social y los principios democráticos", afirma la organización.
El sindicato se personará como acusación ante los tribunales en este caso para defender los derechos vulnerados y garantizar que los responsables asuman las consecuencias legales
En esta investigación, iniciada a mediados de octubre y en la que también participa la Inspección de Trabajo, se acusa a los empresarios de explotar a los trabajadores extranjeros, sin autorización de trabajo y residencia, a los que obligaban a usurpar identidades ajenas para hacerse pasar por otras personas dadas de alta en la Seguridad Social, según informó el 14 de noviembre en un comunicado la Policía.
Los investigadores de esta operación, denominada 'Bordillo', confirmaron que la empresa investigada facilitaba a sus subcontratas listados con datos de empleados legalmente contratados, aunque posteriormente enviaba a las obras a otros trabajadores en situación irregular en España, a los que obligaba a memorizar las identidades de los primeros.
De esta forma, la constructora mantenía en activo a distintos empleados con la misma identidad en diferentes obras, eludiendo el pago de cuotas a la Seguridad Social y obteniendo un beneficio económico ilícito a costa de la vulnerabilidad de los trabajadores.
El sindicato ha expresado este miércoles en un comunicado "su más firme condena" ante los hechos descubiertos en la operación 'Bordillo', consistentes en "un sistema organizado que vulnera de forma grave los derechos laborales y humanos de las personas empleadas, aprovechando su situación de vulnerabilidad".
"Desde CCOO Canarias denunciamos que algunos empresarios siguen considerando a las personas migrantes como mano de obra esclava, negándoles cualquier trato digno y beneficiándose de prácticas que son incompatibles con el Estado de Derecho, la justicia social y los principios democráticos", afirma la organización.
El sindicato se personará como acusación ante los tribunales en este caso para defender los derechos vulnerados y garantizar que los responsables asuman las consecuencias legales
