Camero trata de demostrar la legitimidad del asesoramiento a Yaiza a la que se opone la fiscalía
La defensa del abogado Felipe Fernández Camero ha tratado hoy de demostrar, durante la apertura del juicio de la sección primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas en los juzgados de Arrecife, que el asesoramiento jurídico al Ayuntamiento de Yaiza estaba validado por un acuerdo plenario adoptado por unanimidad en agosto de 1980 cuando era alcalde Honorio García Bravo. Es decir, 16 años antes de la fecha en la que la fiscalía le acusa de haber "expoliado" casi un millón de euros del Ayuntamiento de Yaiza (entre 1996 y 2012) con la connivencia de su entonces alcalde, José Francisco Reyes, y sus dos secretarios-interventores, también procesados en la misma causa, Vicente Bartolomé y Antonio Fernández.
Un juicio que comenzaba con el intento frustrado de llegar a un acuerdo con el Ministerio Fiscal para reconocer los cuatro acusados el delito de prevaricación (que solo conlleva inhabilitación para cargo público) y eliminar el de malversación de caudales públicos que conlleva penas de prisión, en este caso, de hasta seis años de cárcel. Ni la fiscalía ni la acusación popular accedieron al acuerdo.
La defensa de Camero tampoco logró que el tribunal aceptase un informe de valoración de los trabajos de asesoramiento realizados durante los años 1996 y 2012 al entender los magistrados que era “extemporáneo” dado que la admisión de pruebas en este proceso judicial finalizó en noviembre de 2021. Una pericial que recoge la intervención de Camero en al menos 183 procedimientos judiciales del Ayuntamiento de Yaiza. Y de haberse aceptado se hubiese tenido que suspender el juicio para no generar indefensión tanto en la acusación popular como en la fiscalía al no haber tenido tiempo material de analizar esta documentación.
Según en el auto de acusación del Ministerio Público “nunca se justificó en qué consistían tales asesoramientos, ni se tramitó expediente alguno de adjudicación, ni se siguieron las normas de contratación, sino que "durante más de una década" el Ayuntamiento de Yaiza pagó, mes tras mes, a Fernández Camero lo que este establecía "por su mero capricho y ansia dineraria".
Prescripción de la prevaricación
En la vista de oral se presentaron otras cuestiones previas aunque todas ellas se resolverán en sentencia tal como acordó la Sala. La defensa del exalcalde de Yaiza, José Francisco Reyes (a la que se sumaron el resto de las defensas) solicitó la prescripción del delito de prevaricación del que se le acusa al entender que había que tomar como referencia el acuerdo de agosto de 1980 cuando el Ayuntamiento acordó la contratación de Fernández Camero como asesor jurídico.
Sin embargo, la fiscalía rechazó de plano la prescripción del delito de prevaricación. ”Es absolutamente inviable que esté prescrito”, apuntó la fiscal quien insistió que los hechos que se juzgan corresponde al periodo que va desde 1996 al 2012 alegando “continuidad delictiva”.
Fernández Camero alegó también la falta de legitimación de la acusación popular, aspecto este que se resolverá en sentencia. Sin embargo, la abogada de la acusación popular se mostró muy dura con la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Yaiza de no presentarse como acusación. “El Ayuntamiento no defiende el interés general y confunde sus intereses privados con los intereses institucionales”, apuntó.
Por su parte, la defensa de Antonio Fernández alegó la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por la “acusación sorpresiva” del delito de falsedad documental. Entiende que no fue hasta el escrito de conclusiones de la fiscalía cuando se incluyó ese delito. “Es incierto que fuera sorpresiva”, replicó la fiscalía, que recordó que Fernández era consciente de que los servicios de Camero no se habían prestado.
En la primera sesión declararon como testigos la técnico de Recursos Humanos del Ayuntamieto de Yaiza, Luisa Esther Figuera que reconoció la inexistencia de un departamento jurídico y el que fuera interventor, Miguel Angel Guerra y el exalcalde de Yaiza, Honorio García Bravo. Está previsto que mañana declaren los cuatro acusados de un juicio que se enmarca dentro de una de las piezas separadas del denominado 'Caso Yate'.
La acusación pública pedirá a la Audiencia que dicte las siguientes condenas: seis años de cárcel y diez de inhabilitación para el exalcalde José Francisco Reyes, el exinterventor Vicente Bartolomé y el abogado Felipe Fernández Camero y cinco años y medio de prisión y nueve de inhabilitación para el exinterventor Antonio Fernández.
