El juicio del Caso Jable se reanuda con Isabel Déniz y Dimas Martín como principales acusados

María Isabel Déniz y Felipe Fernández Camero. Foto JL Carrasco.
María Isabel Déniz y Felipe Fernández Camero. Foto JL Carrasco.

Déniz fue alcaldesa de Arrecife entre el año 2000 y 2007, accedió a la alcaldía por PIL, repitió mandato y en 2005 se pasó a Coalición Canaria

El juicio del Caso Jable se reanuda con Isabel Déniz y Dimas Martín como principales acusados

La Sección Segunda de la Audiencia de Las Palmas tiene previsto celebrar el juicio de la 'Operación Jable', después de que fuera suspendido por los problemas de salud que presentaba una de las principales acusadas, María Isabel Déniz, quien fuera alcaldesa de Arrecife.

Una vez restablecida, María Isabel Déniz ya puede asistir al juicio, cuyas siguientes sesiones están previstas para los días 15 y 18 de septiembre. Todas ellas se celebrarán en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Se enfrentaban inicialmente a 13 años de cárcel

María Isabel Déniz fue alcaldesa entre el año 2000 y 2007. Accedió a la alcaldía en las filas del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) por una moción de censura, repitió mandato por esas siglas en 2003, y en 2005 se pasó a las filas de Coalición Canaria (CC), donde militaba cuando fue detenida.

María Isabel Déniz y Dimas Martín son los principales acusados de esta supuesta trama de corrupción que actuó en el Ayuntamiento de Arrecife hace dos décadas y en la que figuran otras nueve personas investigadas, aunque inicialmente eran 17. Uno de ellos ha fallecido y a otros cinco la Fiscalía Anticorrupción les ha retirado los cargos que les atribuía.

Déniz y Martín se enfrentaban inicialmente a 13 años de cárcel como principales inculpados en este proceso, que forma parte del archiconocido 'Caso Unión', en el que figuran funcionarios, políticos y empresarios. No obsante, las penas quedarán reducidas al haber reconocido la Fiscalía retrasos indebidos, circunstancia que favorecerá también al resto de investigados.

"Amañaron" concursos para favorecer a empresas

Según la acusación pública, los procesados "amañaron" concursos para adjudicar a las empresas Urbaser y FCC trabajos a cambio de pagos en efectivo o en forma de "dádivas" o regalos, que, en el caso de María Isabel Déniz, le permitieron incrementar su patrimonio en 400.000 euros. Además, crearon varias sociedades que se favorecieron de esos contratos.

Entre los procesados en esta causa también figuran el exsecretario del Ayuntamiento de Arrecife Felipe Fernández Camero o el exjefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento, así como representantes de las empresas Urbaser y FCC.

Asimismo, serán juzgados las parejas de María Isabel Déniz y Dimas Martín por, supuestamente, haberse lucrado de las operaciones de la trama a la que la Fiscalía atribuye delitos de cohecho, malversación, falsedad documental, prevaricación, revelación de secretos, fraude y asociación ilícita.

Qué es la ‘Operación Jable’

El 19 abril del año 2010, se desata en Lanzarote, la ‘Operación Jable’, la segunda fase de la ‘Operación Unión’. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a 25 personas: siete políticos, dos funcionarios y el resto empresarios o intermediarios. En esta ocasión se centró en el mandato de la ex alcaldesa Isabel Déniz, quien fue detenida y encarcelada durante un mes, acusada de cohecho, y en los servicios que prestaban las empresas FCC y Urbaser, de la que se llegó a detener hasta cinco directivos.
También fueron detenidos varios concejales y algún el empresario. Otra parte de la investigación se centró en Dimas martín, a quien la Guardia Civil le atribuía un patrimonio de unos ocho millones de euros oculto a través de varios testaferros, que también fueron detenidos.
La investigación permitió desarticular "la trama organizada más importante de Lanzarote dedicada al cobro de comisiones ilegales a empresarios, así como al enriquecimiento económico de cargos públicos que compartían intereses en sociedades beneficiadas en dichas actividades", según informó la Guardia Civil en un comunicado.
Los beneficios económicos procedentes del pago de facturas por servicios prestados a la administración, adjudicación de contratos o la revisión de estos contratos, dependían en buena medida de decisiones administrativas de los cargos y ex cargos públicos pertenecientes a la organización.

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