Piden cuatro años de cárcel para el acusado de estafar más de 500.000€ a sus socios en Lanzarote
Junto a él se sentará en el banquillo su mujer, que presuntamente intervino en una de las operaciones y para quien se pide dos años de prisión.
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará el próximo 4 de noviembre, en Arrecife, a un hombre, administrador de una empresa, acusado de estafar cerca de medio millón de euros a sus socios de la isla.
La Fiscalía solicita para el acusado, R. P.C.B., cuatro años de prisión, quien “abusando” de su condición de administrador único de una empresa, desde se constitución en marzo de 2002 y hasta el año 2006, con la “intención de favorecer” a terceras personas “y a él mismo”, generó un perjuicio económico a la empresa y a sus socios, señala la Fiscalía. Junto a él se sentará en el banquillo su mujer, que presuntamente intervino en una de las operaciones.
En el escrito de acusación se detalla que el acusado transfirió cantidades de dinero desde las cuentas de la empresa a otras “abiertas a su nombre, sin que conste causa alguna para tales operaciones y sin justificación contable, por importe de 55.634” euros. Según añade la acusación, efectuó “pagos y transferencias, sin que tampoco conste causa alguna justificada, desde las cuentas de la sociedad” a otra empresa de la que era socio, por valor de 228.781 euros.
Por otra parte, exponen la venta de una vivienda en la urbanización Montaña Roja de Playa Blanca. Al respecto, y según la acusación, “puesto de común acuerdo con su esposa”, formalizó ante notario la venta del inmueble, propiedad de la empresa, en octubre de 2006, “invocando la condición de administrador único de la entidad”, pese a que había sido revocado del cargo el mes anterior.
Dicha venta, según se explica, se efectuó supuestamente por 400.000 euros y en la escritura se aseguraba que el vendedor “había recibido previamente la cantidad de 198.228 euros, sin que tal cantidad conste ingresada en el patrimonio de la sociedad en forma alguna y sin que se haya liquidado el impuesto correspondiente al IGIC, que ascendía a 20.000 euros, ni haberse asumido la subrogación del préstamo hipotecario que pesa sobre la vivienda”.
Por todo esto, la Fiscalía lo acusa de un supuesto delito continuado de apropiación indebida y también un delito de estafa. De este último delito también se encuentra acusada su esposa, para la que solicita dos años de cárcel.
Por otra parte, ell Ministerio Fiscal pide que el acusado indemnice a la empresa con 284.415 euros, tenienod también que indemnizar a su esposa a la mercantil con 198.228 euros por la compraventa de la vivienda, así como la cantidad de 20.000 euros en concepto de impuestos IGIC y la cantidad que se determine en ejecución de sentencia, por las cuotas abonadas por la entidad perjudicada en concepto de préstamo hipotecario.
