Refuerzos para la UCO, más personal en el Juzgado y protección para el juez que investiga a Pedro San Ginés
La investigación judicial que se sigue por parte del Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife a la persona del expresidente del Cabildo, Pedro San Ginés (CC), ha dado un giro en las últimas horas, según desvela eldiario.es. Diversas presiones denunciadas por el juez titular, Jerónimo Alonso, han llevado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a tomar una serie de decisiones.
Entre ellas, cita la información, estaría el refuerzo de los efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargados del caso, protección policial para el propio magistrado y el incremento de efectivos para el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife. En este último caso, el CGPJ se ha dirigido al Gobierno de Canarias, competente en la materia. El medio que adelanta la noticia precisa que esta medida se discutirá en junio la próxima reunión de comisiones de refuerzo, que se celebran en la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad cada trimestre.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife investiga una causa que todavía sigue bajo secreto de sumario, pero que el propio investigado, el expresidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha desvelado algunos detalles. Tendría que ver con delitos relacionados con la corrupción y, entre ellos, las sospechas que vinculan su casa ubicada en una lujosa urbanización con vistas sobre el océano, en el entorno del Museo Internacional de Arte Contemporáneo del Castillo de San José, con vínculos familiares del abogado Felipe Fernández Camero. El yerno de Camero, Ignacio Calatayud, amigo sobrevenido de San Ginés, según el propio político de Coalición Canaria, ganó cerca de un millón de euros en procedimientos que han sido puestos igualmente en cuestión.
Presiones, seguimientos y sospechas
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife, Jerónimo Alonso, habría confiado a personas de su confianza sus sospechas de ser objeto de seguimiento y las presiones que recibe y que estarían vinculadas con los casos que se instruyen en el ámbito de su competencia. El CGPJ ha salido en su amparo. Cabe recordar que el propio Pedro San Ginés, en rueda de prensa tras que la UCO registrara su domicilio y su oficina en el Cabildo, extendió sus dudas de que todos los casos contra él recaigan en el mismo juzgado.
El reparto de casos, que se hace de manera informática, ha determinado que Alonso instruya también el Caso de la Desaladora y la reciente denuncias por coacciones presentada por el consejero Juan Manuel Sosa contra San Ginés. En esta cuestión el juez no apreció delito, si bien, con posterioridad, la Audiencia Provincial ordenó reabrirlo.
Según el diario.es "no es la primera vez que el juez Jerónimo Alonso denuncia amenazas o coacciones. Cuando se encontraba investigando el caso de la desaladora de Montaña Roja, por el que Pedro San Ginés responderá en juicio el próximo mes de mayo a una petición de doce años de inhabilitación por prevaricación, el magistrado fue objeto de seguimiento por un detective privado. Él y las personas que le acompañaban fueron fotografiados, y hasta llegó a ser denunciado ante el CGPJ por si su comportamiento pudiera ser disciplinariamente reprochable. La denuncia, promovida por una asociación de abogados que se proclama luchadora contra la corrupción pero que en realidad se persona en las causas para defender a los corruptos, fue desestimada".
