Top Secret, 14 de septiembre de 2018

El Estatuto

El Estatuto
El Congreso de los Diputados aprobó ayer la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Sí, el mismo día que salió para adelante la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco. La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, habitualmente discreta y comedida, ha seguido en la misma línea y se ha limitado a esbozar un humilde “hoy, aquí, está naciendo una nueva comunidad y un nuevo pueblo”. Por lo del Estatuto, no por lo de Franco. Ironías al margen, pues la Oramas sobreactúa hasta cuando se lava los dientes, el hecho cierto es que, tres años y pico después de que fuera remitido a Madrid, el texto del nuevo Estatuto ha sido aprobado por la Cámara Baja. Ahora será el Senado el que le tenga que dar el visto bueno antes de su entrada en vigor. Visto como está la cosa política por la capital de España, han advertido a sus señorías representantes territoriales en la Cámara Alta que se se den prisa no vaya a ser que esto se quede en veremos. Que no sería la primera vez. El alborozo en CC ha sido espectacular: “Está naciendo un nuevo futuro”, dijo Oramas, para añadir que el Estatuto “es hijo del nuevo nacionalismo canario. Ese nacionalismo firme, responsable y sensato. Ese que se ha movido con lealtad y firmeza dentro de la Constitución, sin cultivar la xenofobia y sin pescar en las aguas envenenadas del secesionismo”. Muy en la onda de arrearle a Catalunya venga o no a cuento. Y eso que para su aprobación ha sido necesario el voto favorable de los PdCat, que por un momento han dejado de pescar en aguas envenenadas para hacerlo donde hay viejas y salemas.
 
Más amplio
El nuevo Estatuto de Canarias, que las mentes brillantes que nos han gobernado llevan intentando sacar adelante desde que nadie se acordaba de que Franco descansaba plácidamente en la tumba que cavaron sus víctimas, tiene ahora 201 artículos, frente a los 65 del [esperemos que] antiguo. Ha contado con los votos favorables de los partidos representados en la Cámara excepción hecha en Podemos, que votó en contra, y Ciudadanos, que se abstuvo. Los morados dicen que el Estatuto es ”pobre, continuista, arrogante y patriarcal”, frase que lo mismo les vale para un texto marco que para criticar la labor de un concejal de pueblo. Los naranjas, por su parte, porque no se les han incluido el 70% de las enmiendas que presentaron. Ya se sabe: o jugamos con mi balón y soy el capitán o no hay partido. Los más felices, los nacionalistas, ya ha quedado dicho, y el PSOE e incluso el PP también han brincado de contentos. Habrá que ver si tanta dicha se mantiene el 26 de mayo próximo por la noche. Es la fecha de las elecciones si, como se prevé, ha entrado en vigor la disposición transitoria adicional del texto estatutario que renueva el sistema electoral y que supone el aumento del número de diputados de 60 a 70 –uno más para Fuerteventura y nueve que saldrán de una circunscripción autonómica– y el descenso de los topes electorales del 30 al 15 por ciento en cada circunscripción insular y del 6 al 4 por ciento en el conjunto del archipiélago. 
 
La Graciosa
Además, el nuevo Estatuto reconoce a la isla de La Graciosa como una más de las Canarias y acabará con los aforamientos. El que la haga, al Juzgado más cercano. Por muy diputado que sea. El nuevo documento blinda constitucionalmente el REF, que compensa su carácter insular y ultraperiférico, de manera que su vigencia no dependerá de la voluntad de los futuros gobiernos de España. El REF, además, se desvincula de los ingresos que se reciben por el sistema general de financiación autonómica. Y también otorga al presidente canario la capacidad de disolver el Parlamento, convocar elecciones e impulsar decretos ley en caso de urgente necesidad. Esto último no ha gustado a todos, pero es lo que tienen las negociaciones: unos han de ceder por algún lado y otros, por el contrario. A CC no le hace ni pizca de gracia lo de la Ley Electoral, por ejemplo. En lo que han coincidido los políticos canarios, ya ven, es en reclamar la urgencia de la tramitación del Estatuto ante la posibilidad de que haya un adelanto electoral que frustre su aprobación.

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