Recogen firmas para una ley canaria de protección del arbolado urbano

Los promotores de la iniciativa legislativa popular que reclama una ley canaria de protección del arbolado urbano están recogiendo firmas. Necesitan 15.000 para que su propuesta sea debatida y votada en el Pleno del Parlamento de Canarias. En Lanzarote se ha habilitado la Librería El Puente para quien desee respaldar esta propuesta, cuyo texto es sencillito y consta de nueve artículos tan solo. En la mayoría de las  ciudades europeas se considera a los árboles como un bien común de las urbes. 

 

La nueva ley protegerá todos los ejemplares de cualquier especie arbórea que se ubique en suelo urbano y que cuente con más de quince años de antigüedad o veinte centímetros de diámetro de tronco. Según los promotores de la iniciativa legislativa popular, se hace preciso adoptar medidas urgentes que garanticen la conservación de nuestros ejemplares más valiosos y antiguos ante las agresivas actuaciones urbanas que muchas veces se producen, y asegurar con ello el fomento de los espacios arbolados en nuestros pueblos y ciudades.

 

En Arrecife hay un árbol por cada diez residentes. La ciudad necesita multiplicar por tres el número de árboles para situarse en los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según el inventario de los árboles del municipio. Este censo data de 2016 y arroja la presencia de 6.065 árboles y palmeras en Arrecife, por lo que habría que alcanzar los 19.000 ejemplares para llegar al óptimo establecido por la OMS. Para este organismo, los árboles no sólo ornamentan las calles, sino que ayudan a la mejora de la salud física y mental de sus habitantes.

 

Los árboles ofrecen lugares de esparcimiento y recreo para la vecindad, contribuyen a crear un entorno más natural y amigable, y, sobre todo, mejoran el medio ambiente. ¿Cómo? Pues purificando el aire, produciendo oxígeno, capturando el CO2, manteniendo la humedad atmosférica, actuando como filtro de pequeñas partículas en suspensión, protegiendo las calles y avenidas de los vientos o grandes lluvias y regulando las temperaturas extremas. Sólo en las dos grandes capitales canarias hay unos 100.000 mil grandes ejemplares que fijan anualmente alrededor de dos millones de toneladas de CO2.

 

La norma prohíbe la tala de todos los árboles protegidos, salvo supuestos excepcionales contemplados en la misma. Así, cuando este arbolado se vea necesariamente afectado por obras de reparación o reforma o por la construcción de infraestructuras, se procederá a su trasplante. Del mismo modo, prohíbe la poda drástica o indiscriminada o extemporánea de todo árbol protegido, salvo en el caso de que no guarde las distancias a tendidos eléctricos o telefónicos previstas en la normativa vigente, dificulte o impida la visibilidad de semáforos y cuando exista algún peligro para la seguridad vial o peatonal o para la salud del árbol.

 

Los propietarios del arbolado de cualquier categoría a los que afecta esta ley están obligados a su mantenimiento, conservación y mejora, realizando los trabajos precisos para garantizar un adecuado estado vegetativo del ejemplar. Por último, los Ayuntamientos que no cuenten con un inventario completo del arbolado urbano existente en su territorio municipal, deberán proceder a su elaboración en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la ley.