Opinión

Intervenir en las decisiones públicas. CC, PSOE, PP

Intervenir en las decisiones públicas. CC, PSOE, PP

El concepto de “participación ciudadana” es la fórmula existente para que la ciudadanía exprese su opinión en las decisiones públicas. Es bien sabido que el acto democrático de acudir a votar es una fórmula de participación en la vida pública, y también es de conocimiento general que ahí empieza y acaba el espejismo. En el otro lado de la ciudadanía —porque es como la cara y la cruz de la moneda— está el cargo público que, de forma habitual, se resiste a ir de la mano con la población, prefiriendo mantener una distancia, si no un abismo, con ella. Sólo en vísperas de la siguiente convocatoria electoral descenderá a la calle para pedir el voto nuevamente. El ciclo se eterniza de este modo, tanto en el vicio del cargo público de “ausentarse” durante cuatro años, como en la poca virtud de la ciudadanía de regalarle nuevamente el voto. No hay mejor matrimonio que el que se da entre sádicos y masoquistas.

La intervención de la ciudadanía en el ejercicio público no es una fórmula a la que estemos acostumbrados, ni tan siquiera hay personas que piensen que es un deber cívico. Pensemos que hasta en el concepto de gobernanza, tan en boga en estos tiempos de demanda de cambio del concepto tradicional de “gobierno”, conlleva irrenunciables mecanismos de participación de la ciudadanía en los asuntos de interés público.

En nuestra pequeña comunidad insular y en la comunidad que conforma el Estado no hay demasiadas experiencias de participación reales, fuera de determinados procesos administrativos reglados, sobre este particular y las que existen son un éxito tanto para el propio conjunto de personas que habitan un lugar como para la gestión política.

La buena participación debe suponer una mejora tanto en la toma de decisiones públicas como del desarrollo social. Se consolida el afecto sobre el espacio común al tiempo que se afianza la estabilidad política. Pero ellos no parecen saberlo. Lo más cercano son los reglamentos de participación ciudadana, que más asemeja a un modo de curarse en salud que a lo que debe ser un acto de participación plena.  Animo a leer el reglamento de participación ciudadana de Arrecife o del Cabildo para que cada cual extraiga sus conclusiones. Burocracia pura y dura que establece un procedimiento que no les obliga a nada.

La ciudadanía que se sienta concernida con las decisiones que se toman en el ámbito de su vida, porque participe de ellas, podrá involucrase en la solución de muchos de los problemas habituales en una comunidad. Esto debería ser de conocimiento de cada persona, pero también de los cargos públicos. Lo habitual es la exigencia ciudadana, a veces destemplada,  a la resolución de problemas pero no la reclamación a participar mano a mano en la búsqueda de respuestas a los mismos.

Por aquí desconocemos la forma de estar en lo público de la manera que describo, pues ni lo exigen unos ni invitan a ello los otros. Y aunque efectivamente fuera una exigencia, un cúmulo de calamidades relacionadas con las prácticas poco democráticas, revestidas de apariencia de buen gobierno, nos tiene estancados en un permanente día de la marmota. Cada jornada es idéntica a la anterior —cada mandato de cuatro años es un calco del anterior—.

Si analizamos las formas de gobernar de los partidos que han tenido presencia en algunos de los gobiernos municipales o insular, no apreciamos muchos gestos como para denominarlo gobernanza, con lo que de buena gobernanza mejor no hablamos. CC, PSOE o PP son partidos con entidad y con presencia en distintos gobiernos, y no me parece que se dé en ninguno de ellos las características  enunciadas más arriba referidas a  favorecer la participación ciudadana en las tareas de gobierno. Desaprovechan el caudal de conocimiento presente en la población y, por tanto, de unos resultados que aquellos mismos pueden rentabilizar. Para el PSOE, la apuesta por las redes sociales para la interacción con sus militantes aparenta ser su cauce de comunicación, y así lo expresan en su web, pareciendo más un asunto de propaganda que un medio para articular algo que asemeje participación. A los hechos me remito. Hasta se permiten tener una Secretaría de Participación a la que sus cargos públicos parecen echarle pocas cuentas en su ejercicio de gobierno cuando tocan poder.

CC, tiempo atrás, ha solicitado de terceros la apertura de procesos de participación para determinadas cuestiones, aunque no he apreciado posteriormente que en ningún ayuntamiento, cabildo o desde el propio gobierno hayan propiciado herramienta semejante, aparte del muy burocrático reglamento. Que le pregunten a San Ginés lo que le importa el asunto, aunque ahora exija participar solicitando que se apliquen sus políticas desde la oposición.

Todos se escudarán en que ya cuentan con sus reglamentos de participación aprobados, pero ninguno va a revisar si son auténticos modos de participar, no tanto para colmar las aspiraciones de la ciudadanía, que sí, sino si es el medio para hacer efectivas las opiniones y propuestas que doten de sentido su acción de gobierno y la calidad de esa acción.                    

El desprecio, aunque suene duro, suele ser la manera en que se está en las administraciones. Encuentran un montón de razones para mantener distancias, pero no se interesan por buscar alguna  para acercarnos a la tarea, pues nuestro bienestar debe ser la razón de todos ellos. Nos quieren convencer de que les importamos e incorporan a su agenda el feminismo y hasta las cuotas. Se manifiestan para aparentar su comprensión a la diversidad sexual, pero parece más una  pose que una auténtico compromiso con la igualdad. De estar, están en lo accesorio, en una permanente e insultante tutela a la manera en que se hace con un desvalido, tomando decisiones sobre el marco de nuestras vidas pero sin permitirnos estar en esa toma de decisiones, o, al menos,  un poco más atrás,  en el establecimiento de los criterios previos para  la toma de las mejores decisiones. A sus ojos somos tontos para esto pero no para emitir un voto en la urna.   

En lo referente al Cabildo o al Ayuntamiento de Arrecife, en tanto entidades relevantes de la isla, en el capítulo de la participación ciudadana, publicitan una declaración de intenciones, teorizan sobre la participación, recuerdan los derechos que asisten a la ciudadanía, crean un reglamento y establecen cauces de acceso a la información pública, pero, en el caso del Cabildo, en la práctica viene resultando selectivo a la hora de responder a determinadas demandas ciudadanas que quedan sin respuesta, si no son atendidas a la ligera. Censuran lo que debe o no ser de conocimiento público y dan largas. Cumple con su obligación de articular determinados procedimientos, pero no se aprecia que convoque expresamente a la población para su implicación en asuntos relacionados con servicios y proyectos liderados por la institución, como tampoco hace el Ayuntamiento. Practican ambas entidades una apariencia de participación en lo que realmente son protocolos para cubrir el expediente. No recuerdo la apertura de procesos de consulta popular como los recogidos en el reglamento, a pesar  de los grandes temas pendientes relacionados con la energía, el territorio o la sostenibilidad, ni sobre el espacio público de la capital, o la manida transformación  urbana de la que no parece  conocerse su alcance ni cómo se logra. Grandes temas que necesitan del  concierto de la población afectada en su calidad de usuaria y auténtica depositaria de las políticas que se adoptan.

El que abramos la boca es para ellos una injerencia. Así de deficitaria hacen que sea la calidad de nuestra democracia. Todos y todas, sin excepción.

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