Política insular

“El Congreso es tan extraño. Un hombre se pone a hablar y no dice nada. Nadie le escucha…y después todo el mundo está en desacuerdo” (Boris Marshalov, actor ruso).

Lanzarote ha sido, durante décadas, el escenario donde los partidos políticos ensayan, con desigual fortuna, su discurso de responsabilidad pública. Sin embargo, bajo la elocuencia en forma de sostenibilidad, transparencia y progreso social, se esconde una contradicción esencial: quienes se proclaman custodios del interés general parecen olvidar que gestionar es también preservar, y que gobernar no es tan sólo ejecutar presupuestos, sino custodiar un legado moral y ambiental.

Los partidos, en su afán por perpetuar su vigencia en el tablero electoral, han convertido la gestión pública en un ejercicio de supervivencia, que se traduce en planificaciones erráticas, proyectos inconclusos y en políticas diseñadas para la inmediatez mediática. Así, los mismos que prometen eficiencia se ven atrapados en una ruda y tediosa burocracia que ellos mismos contribuyen a engordar; los que abogan por la diversificación económica acaban rindiéndose al monocultivo turístico; y los que declaran amor eterno a la isla consienten silenciosamente su degradación paulatina y feroz.

En su vertiente partidista, la política insular se ha vuelto una caricatura de sí misma: hueca e incapaz de convocar a la esperanza. Las responsabilidades se diluyen en un laberinto de competencias compartidas donde la rendición de cuentas se disfraza con comunicados triunfalistas, declaraciones eslogan y fotografías institucionales.  

Los partidos necesitan urgentemente un cambio (que no un recambio) en sus pretensiones comunitarias. Apostar por legitimarse como interlocutores y administradores eficaces de lo público. Despojar la falta de “pudor” en sus acciones y discursos. Especialmente relevante parece ser la mirada de buena parte de los ciudadanos acerca a los responsables de proteger el bien común, a los cuales perciben como un problema más.

Ante este panorama, Lanzarote necesita una política que no tema la lentitud reflexiva frente a la prisa electoral, que devuelva a la palabra “gestión” su sentido más noble. Ello requiere una sociedad civil más articulada, menos complaciente, capaz de exigir sin miedo y de proponer sin partidismos. No hay mejora posible si no se gana en responsabilidad vecinal y en educación social: fortalecer los itinerarios democráticos a nivel comunidad, instituciones, organizaciones sociales, etc.

Las contradicciones de los partidos son el reflejo de nuestra propia tolerancia hacia el esperpento. No se precisan salvadores: necesitamos gestores con conciencia, líderes con humildad y ciudadanos con memoria.

Los partidos huyen sigilosamente de la verdad, de ese fraude cívico que han asentado con reglas e intereses particulares que les impide ser soporte actual de la democracia. Han subestimado la “brutalidad” del hartazgo que esta “política sin propósitos” alimenta entre los ciudadanos.

En apariencia han avanzado hacia estructuras de dirección colegiadas y más plurales pero siguen sin tolerar la disidencia, el desacuerdo o la diversidad de perspectivas que se alejan de las premisas ideológicas marcadas por la autoridad o sus poderes internos.