Opinión

Los plazos incumplidos del patrimonio. A propósito de Ariagona González

Los plazos incumplidos del patrimonio. A propósito de Ariagona González

La Ley de Patrimonio Cultural de Canarias es el documento vigente para lo que la ley anterior de 1999 denominó como de Patrimonio Histórico. Era este un buen documento, aunque alguien decidió declararlo obsoleto, más porque este tipo de documentos, por proteccionistas, deben limitar las intervenciones sobre el patrimonio, pues su espíritu es el de preservar la memoria material e inmaterial de un pueblo para legarlo a las siguientes generaciones. Es por eso por lo que deben ser documentos de tono conservador.

La nueva ley fue aprobada por Coalición Canaria (CC) nace para dar rienda a un nivel de intervencionismo impropio de un documento por el que se ha de regir la protección de los bienes culturales de la comunidad. A partir de un borrador elaborado con rigor, su aprobación se dilató durante años, periodo en el que se incorporaron aspectos perniciosos para aquella idea de preservación de valores, pero abría la vía a una calculada destrucción del legado de nuestros antepasados. Se trataba de dar respuestas muy alejadas a lo que demanda nuestro patrimonio cultural, principalmente arquitectónico, pues en los bienes inmuebles catalogados y en los conjuntos históricos es para los que se detecta aquella laxitud en esta ley. Esta es la que rige y la que el actual gobierno regional que lideran el PSOE, AS Gomera, Nueva Canarias y Sí Podemos —esta última precisamente como responsable de la dirección general de Patrimonio Cultural— no parece querer contestar o con la que, como CC, puede que se sientan cómodos, tal es el desinterés por la materia. De señas de identidad nos quieren hablar luego unos y otros, porque la canariedad presente en las edificaciones parece traérselas al pairo, o su sentido de la canariedad empieza y termina con los yacimientos arqueológicos. 

Se tiende a ser muy laxo con los inmuebles con valores y extraordinariamente celoso con otros patrimonios como el arqueológico o el pictórico en los que estamos de acuerdo sobre el mantenimiento de su integridad, pero las viviendas ocupan suelos valiosos y se aspira a aprovechamientos en forma de más plantas de altura o profundas transformaciones que acaban comprometiendo sus valores y que nuestros representantes públicos, contra todo pronóstico, comparten que sea así. Da igual que digamos que un cuadro y un edificio con valores y con determinado nivel de protección deben ser preservados en igual medida, porque la realidad indica que el cuadro permanecerá reconocible, pero el inmueble pasará a ser otra cosa, muchas veces tan diferente que el testimonio del hecho histórico y cultural se torna imposible.   

Lanzarote cuenta con un conjunto histórico declarado como Bien de Interés Cultural que pasa por uno de los mejor conservados de Canarias

Esta nueva ley recoge algunas tareas que hay que cumplir y se plantea un plazo para ello. A la vista de qué cosas nos toca hacer y antes de qué fecha, podemos establecer el grado de competencia de aquellas entidades a las que le corresponde tal logro.

Lanzarote cuenta con un conjunto histórico declarado como Bien de Interés Cultural que pasa por uno de los mejor conservados de Canarias. Le corresponde gestionarlo al municipio en que se encuentra, Teguise, y para ello debe contar con un Plan Especial de Protección. En tanto carezca de él, estará tutelado por el cabildo para todas aquellas cuestiones que supongan intervenir en el conjunto. Eso significa que no podrá conceder licencias sin que sean previamente informadas por la primera institución insular.

Teguise quiso aprobar un Plan Especial años atrás, pero lo intentaron utilizar como vía para trasladar la presión urbanística al núcleo. Su aprobación habría supuesto una transformación inaudita del conjunto y una pérdida de valores que habría abocado a su fin al núcleo que conocemos, como lo conocemos y el que hemos heredado. Es este, por tanto, el que debemos legar a nuestros herederos, no una versión actualizada del mismo. Nos está costando entender que la capacidad de transformación de un bien se agota en el momento en que se otorga al mismo determinado nivel de protección, y no es por otro motivo que por evitar que las intervenciones que propicien la vida futura del bien matengan las condiciones por las que ha sido protegido.  En la redacción de aquel plan prefirieron ignorar que los conjuntos históricos disfrutan de una protección integral, lo cual obliga a que sean protegidos y conservados atendiendo a sus valores patrimoniales culturales peculiares, prohibiéndose aquellas intervenciones que introduzcan elementos que devalúen sus valores y fisonomía histórica. Pero lo cierto es que les daba igual.

Según la ley vigente, en el plazo de dieciocho meses a contar desde su entrada en vigor deberían alcanzar, como mínimo, la aprobación inicial de un Plan Especial de Protección, bien en desarrollo de los respectivos planes generales, bien de forma autónoma, de conformidad con lo establecido en el artículo 146.2.c) la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Eso no significa otra cosa más que en octubre de 2020 se cumplieron los dieciocho meses para tener el plan especial que correspondía redactar al ayuntamiento de Teguise.

Un año después de la entrada en vigor del Plan Especial que Teguise no ha redactado, tendría que haberse acordado con las compañías suministradoras de electricidad y telefonía la retirada de cables y conducciones aparentes en los inmuebles pertenecientes al conjunto histórico y su conducción subterránea, debiendo llevarse a ejecución en el plazo máximo de dos años desde la aprobación del acuerdo. Transcurrido dicho plazo, los cabildos insulares, juntamente con la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejecutarían la retirada y conducción subterránea, repercutiendo los costos en las compañías suministradoras. ¿Se ha hecho algo de esto por parte del Ayuntamiento o el Cabildo?

Tres años después desde la entrada en vigor de la Ley de Patrimonio Cultural todos los municipios deberán tener elaborados y aprobados sus correspondientes catálogos municipales

Seis meses después de la entrada en vigor del Plan Especial que Teguise no ha redactado para su Conjunto Histórico, las entidades mercantiles y comerciales deberían haber retirado los rótulos, carteles, anuncios y demás soportes publicitarios de las fachadas y cubiertas de los inmuebles pertenecientes al conjunto histórico. Transcurrido dicho plazo, correspondería al Ayuntamiento de Teguise instar la retirada de dichos elementos mediante órdenes de ejecución. ¿Ha hecho Teguise la tarea? ¿Ha reclamado la oposición la realización de aquello a lo que el Ayuntamiento está obligado?

Tres años después desde la entrada en vigor de la Ley de Patrimonio Cultural, esto es, en abril de 2022, todos los municipios deberán tener elaborados y aprobados sus correspondientes catálogos municipales, o adaptar los existentes a los términos de la nueva ley, para lo cual la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y las entidades locales, a través de los correspondientes convenios, cooperarán técnica y económicamente para el cumplimiento de esa obligación. ¿Tiene Arrecife en fase de elaboración ese catálogo para su aprobación dentro de once meses? ¿Ha hecho la oposición la constructiva tarea de recordar al equipo de gobierno los asuntos que no pueden dilatarse?

Demasiadas incógnitas que pone en evidencia el deficitario funcionamiento de dos administraciones públicas, Teguise y Cabildo de Lanzarote, de sus representantes, de los técnicos del área, y de los partidos de la oposición. El asunto es esencial para el mantenimiento de nuestros valores culturales, pero si esto les importa poco, que, al menos, pongan el foco en la irrenunciable dimensión turística del asunto.

La consejera del área de Patrimonio del Cabildo, Ariagona González, acaba de aterrizar. Creo que no le han dicho que tiene algunas papas calientes sobre la mesa. Por la autoridad que le otorga su doble condición de cargo público, no estaría de más que dijera a alguno de sus compañeros del Parlamento de Canarias que se suba a la tribuna y reclame la revisión de tan mala ley. Al fin y al cabo, ella es del PSOE, no de CC.

Los plazos incumplidos del patrimonio. A propósito de Ariagona González
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