En defensa de la OSP
La Feria Internacional de Turismo de Madrid cerró sus puertas dejando un rastro de optimismo moderado, tanto en el ámbito público como en el privado, para la próxima temporada de verano. Particularmente, Canarias está enlazando una serie de datos muy positivos desde la pasada temporada de verano, pasando por los buenos datos de ocupación y precios en la presente campaña de invierno —que se alargan— a las magníficas expectativas que se anunciaron en FITUR para el próximo periodo estival.
Hasta el momento, ni la incertidumbre abierta en Europa ante la evolución de la economía ni las derivadas que está teniendo la intolerable invasión rusa de Ucrania están afectando al motor más importante de la economía de las Islas. Todo lo contrario, estamos acercándonos a los mejores datos históricos en ocupación e ingresos turísticos para nuestro Archipiélago.
Aún con las buenas sensaciones con las que nos dejó FITUR, la reunión que ha mantenido esta semana en Madrid el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, con la Secretaria General de Transportes, María José Ramallo, y con el Director General de Aviación Civil, David Benito, es un importante grano de arena para la montaña que tenemos que levantar para evitar los abusos de las compañías aéreas en los trayectos de las Islas con la Península.
La puerta para controlar los precios máximos de los billetes entre la Península y Canarias está abierta en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de 1998. Es la misma que permitió la declaración de Obligación de Servicio Público el conjunto del transporte aéreo entre las Islas. Esa puerta quedó entreabierta por si en algún momento la competencia entre las compañías aéreas no garantizaba adecuadamente los trayectos, las frecuencias y los precios en los tráficos con la Islas. En lo que se refiere a cobertura de trayectos y frecuencias, nada que objetar. En lo que tiene que ver con los precios, sobre todo en determinadas épocas, mucho que controlar.
El control de los precios máximos de los billetes aéreos entre la Península y Canarias para evitar los abusos que se producen en determinados momentos del año afecta a los residentes canarios y también al turismo peninsular. Canarias tiene que seguir diversificando y potenciando los mercados turísticos de los que nos nutrimos y, sin duda, uno de ellos en el mercado peninsular.
La declaración de Obligación de Servicio Público el tráfico aéreo entre Canarias y la Península no afecta a la necesaria competencia que debe existir entre compañías aéreas para que tengamos más conectividad, mejores aviones, más frecuencias y mejores precios. Se trata de que los Gobiernos de España y Canarias fijen el precio tope en un trayecto, evidentemente garantizando los márgenes de beneficio necesarios que toda empresa debe tener; por debajo de ese precio máximo la competencia opera con toda la normalidad.
A Canarias no la conecta con el continente ni las carreteras ni el tren; dependemos absolutamente del avión. Por lo tanto hay que evitar la tentación de los operadores aéreos de aprovecharse de unos clientes cautivos que viven o quieren venir a las Islas.
Las reticencias de los gobiernos estatales a este tipo de medidas son muchas. Las presiones de determinados sectores del ámbito privado también serán notables. Por ello, las buenas intenciones y los compromisos con los que concluyó la reunión del consejero canario con los representantes estatales tiene mucho mérito.