Opinión

La mancha de aceite

Foto: Archivo

Como una mancha de aceite, cada día se extiende más entre la gente la percepción de que no se les atiende adecuadamente en los servicios públicos que prestan las distintas Administraciones Públicas. En cualquier tertulia de bar, en encuentros familiares o de amigos y también en quejas abiertas que manifiestan a través de los distintos medios de comunicación, cada día crece más el desafecto ciudadano hacia los estamentos públicos que pagamos entre todos con nuestros impuestos. 

Servicios que prestan ayuntamientos, cabildos, departamentos del gobierno, sanidad, organismos autónomos o costas, están en el centro de las quejas ciudadanas. El distanciamiento entre la gente y los aparatos públicos que deben prestarle servicio se ha incrementado espectacularmente desde la pandemia y la instauración de la cita previa que, inexplicablemente, aún sigue vigente en determinados servicios 

Las generalizaciones son arbitrarias e injustas, por ello las autoridades deben de abordar este grave problema antes que la ciudadanía termine por distanciarse definitivamente de sus servidores públicos.

Sería injusto no reconocer el magnífico trabajo y la vocación de servicio que mantienen siempre una buena parte de los trabajadores públicos, por ello los responsables políticos deben de actuar con determinación e impulsar las mediadas que sean necesarias para cortar de raíz actitudes funcionariales contrarias al buen gobierno que, sin duda, manchan el prestigio y el buen trabajo de la mayoría de los servidores públicos.

A la pequeña minoría de empleados públicos que no tienen actitud ni vocación de servicio y que hacen mucho daño a la imagen del conjunto del colectivo alguien tendrá que instruirles para que asuman el rol que les corresponde como trabajadores al servicio de los ciudadanos que, en definitiva, son los que le pagan. 

Hace unos días se anunciaba por parte de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el acuerdo alcanzado con una buena parte de la representación sindical de los funcionarios, por los que éstos tendrían un incremento salarial para el año 2023 de un 2,5% -que con variables podría alcanzar un punto más- y que en tres años supondría un incremento de alrededor de un 9,5%. Además, el acuerdo supondrá la recuperación de derechos suspendidos desde el año 2012. 

Este marco de negociación entre el Gobierno de España y los representantes de los empleados públicos debe ser también el espacio que permita recuperar y dar un nuevo impulso al papel que deben jugar los empleados públicos en la atención de calidad que necesitan, merecen y demandan los ciudadanos.

En cualquier caso, la gran asignatura pendiente de estos más de cuarenta años de democracia es  la Reforma de la Administración Pública. El Estado ha sufrido en este período una gran transformación, pero la maquinaria administrativa no ha evolucionado en sintonía con los cambios producidos. Tenemos un aparato administrativo pesado, lento y contaminado con vicios del pasado que exige innovación y adaptación a la nueva realidad político-administrativa del País.

Los procesos administrativos en todas las escalas -local, insular, archipielágica o estatal- son lentos y desesperantes para los ciudadanos. Lamentablemente, la cultura que impera en una gran parte de los departamentos de las distintas administraciones no es la de la búsqueda de las soluciones -obviamente, siempre dentro del marco de la legalidad- sino la de malgastar energías frenando innecesariamente resoluciones que desesperan a ciudadanos, autónomos y empresas.

Uno de los grandes retos que tienen por delante los que aspiran a gobernar en ayuntamientos, cabildos y gobiernos de Canarias y de España en las próximas elecciones es el de comprometerse con la ciudadanía para impulsar medidas que ayuden a tener unos departamentos públicos más eficientes y eficaces a su servicio

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