La primera vez

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2019 han iniciado su recorrido parlamentario en el Congreso de los Diputados. Sin tener garantizados los apoyos necesarios, el próximo 13 de febrero tendrán su primera prueba de fuego con el debate y votación de las enmiendas a la totalidad que se presenten. La aprobación o no de los PGE pueden abrir o cerrar la puerta a los anhelos de Pedro Sánchez de agotar la legislatura. Para que superen el trámite parlamentario, las cuentas deben de contar imprescindiblemente con el voto favorable -entre otros- de los partidos independentistas catalanes. La ecuación está bastante clara: presupuestos o elecciones anticipadas.

 

Todo los años se repiten los mismos titulares cuando, después del visto bueno del Consejo de Ministros, los Presupuestos Generales del Estado empiezan a ser desmenuzados por los analistas económicos, medios de comunicación y, muy especialmente, por los partidos políticos e Instituciones del Estado. Lamentablemente, los presupuestos de las Administraciones Públicas no responden matemáticamente a razones objetivas; al contrario, siempre tienen una gran carga política.

 

A veces, no siempre, pero en buena medida, ese componente político resalta en las prioridades que se reflejan en las cuentas públicas. Los gobiernos autodenominados progresistas ponen especial énfasis en intentar convencer de que sus presupuestos son más sociales y, en esa idea, insisten en que su sensibilidad política se puede apreciar en el gasto previsto en sanidad, educación, vivienda y políticas sociales. Al otro lado del escenario, la apuesta de los gobiernos marcados como conservadores suele descansar en más inversiones, menos impuestos y más austeridad en el gasto público.

 

Otras veces, como es el caso, la carga política de los presupuestos se aprecia con nitidez en la distribución territorial y partidaria de los mismos. Los presupuestos presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez responden tanto a las prioridades que se esperan de un gobierno progresista como a sus dependencias partidaria y territorial, factor inevitable y bastante previsible en la idea de conseguir que los mismos cuenten con el apoyo necesario para ser aprobados.

 

Pedro Sánchez necesita el visto bueno de los independentistas catalanes y de los vascos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado del presente año, y eso tiene un fiel reflejo en las partidas que se contemplan en el Proyecto de Ley presentado en el Congreso de los Diputados. Los números están ahí. La prueba de que el presidente ha optado por esa línea de actuación no admite demasiadas vueltas.

 

Con razón, en Canarias se están produciendo reacciones de rechazo a los presupuestos presentados por el Gobierno de Sánchez. Sin entrar en detalles, está meridianamente claro que los recursos que se asignan a nuestro Archipiélago están por debajo de los que nos corresponden por población, paro, insularidad, lejanía o pobreza; además, no cumplen con el REF ni con el Estatuto de Autonomía. Desgraciadamente, la partida que se juega es política y no técnica. Políticamente, las relaciones del partido de Sánchez con el CC están muy deterioradas después de la expulsión del PSOE del Gobierno y del discurso de CC en el debate de la moción de censura a Rajoy. Ahora bien, el evidente deterioro de las relaciones entre PSOE y CC no justifica en absoluto el castigo del Gobierno de España a todos los canarios.

 

Es la primera vez que, sin un gobierno de mayoría absoluta en Madrid, Canarias queda al margen del juego político en la capital del Reino. Probablemente faltaron los reflejos que sí tuvo el PNV para llevar a cabo una transición de conveniencia entre su anterior socio -el PP- y el Gobierno del PSOE lo que esté permitiendo a los nacionalistas vascos obtener excelentes réditos. Canarias merece más. El distanciamiento político o las malas relaciones no son argumento ni razón que justifiquen un mal tratamiento en los Presupuestos Generales del Estado.