Lo peor de la política
Esta semana comenzó un intenso curso político que culminará el próximo mes de mayo con la celebración de las elecciones a ayuntamientos, cabildos y Parlamento de Canarias. En el primer pleno celebrado en la Cámara regional después de las vacaciones de verano, esta misma semana, se percibió que estamos ya metidos de lleno en campaña electoral.
A partir de ahora, todo vale para hacerse un hueco en las candidaturas que vayan a presentar cada uno de sus respectivos partidos y, además, se ha abierto la veda para que, utilizando todo tipo de malas artes, desgastar, desprestigiar e intentar derrotar al adversario político como sea. El rigor y la responsabilidad perderán protagonismo en la misma proporción que lo irán ganando los exabruptos, el ruido y la demagogia. Lo peor de la política protagonizará este último tramo de legislatura.
En este primer pleno post-vacacional, el diputado del grupo mixto, Ricardo Fernández de la Puente, dio pié con una pregunta a desempolvar un asunto que lleva muchos años apareciendo y desapareciendo del debate político, social y económico en las Islas: la imposición de una tasa turística.
El pago de una tasa o impuesto turístico está generalizado en Europa. Sólo por citar algunos ejemplos, se paga una tasa o impuesto turístico en París, Lyón, Niza, Barcelona, Girona, Ibiza, Menorca, Palma de Mallorca, Tarragona, Berlín Colonia, Frankfurt, Salzburgo, Bruselas, Gante, Sofía, Dubrovnik, Split, Edimburgo, Bratislava, Lille, Lourdes, Marseille, Metz, Montpellier, Toulose, Atenas, Amsterdam, Ehindhoven, Rotterdam, Utrech, Budapest, Bolonia, Milán, Cracovia, La Valeta, Lisboa, Oporto, Praga, Bucarest, Zurich o en la mismísima Kiev; y, que se sepa, a ninguna de ellas han dejado de llegar visitantes por este hecho.
Sin embargo,los turistas si podrían dejar de venir por el precio de los billetes de avión, el incremento injustificado de los gastos de hospedaje, las malas condiciones con las que se les atiende en alguno de nuestros aeropuertos, el deficiente servicio que se les presta en algunos de nuestros establecimientos, la obsolescencia algunas zonas de nuestras Islas, el deficiente estado de determinados espacios públicos, la falta de atención y pérdida de la amabilidad que siempre ha tenido este destino o por el lamentable espectáculo que en ocasiones ofrece las basuras en las calles.
Objetivamente, la imposición de una tasa por pernoctación en las Islas no es causa para que se produzca una disminución de la llegada de turistas a Canarias, máxime cuando la misma medida está extendida por toda Europa y nuestros potenciales competidores la aplican sin ningún tipo de complejos.
Otra cosa es la cuantía y la oportunidad del momento para que entre en vigor. Hay tantas referencias a las que acudir que la fijación de la cuantía y el concepto por el que se paga no debe suponer ningún obstáculo. Desde luego, la oportunidad de abrir el debate puede ser precisamente ahora que los partidos políticos están elaborando sus programas electorales de cara a las elecciones de mayo. Los ciudadanos deberíamos saber de forma clara y transparente cuál es la posición de cada partido con la implantación de una tasa turística en Canarias.
El presidente de Canarias confirmó que este tema figura entre los compromisos asumidos por la actual coalición que gobierna las Islas demandando sosiego y consenso en este oportuno debate que irrumpe con fuerza en el período de sesiones iniciado el pasado lunes. Ambas cosas -sosiego y consenso- son necesarias para abordar un asunto que tiene muchas aristas y que se presta con facilidad a la demagogia y al desgarro. Más que la la tasa en sí, lo que de verdad puede dañar la imagen turística del Archipiélago es un debate publico irresponsable y ventajista.
Por supuesto, lo que se recaude debería tener un solo objetivo: mejorar la competitividad turística de Canarias. El afianzamiento y captación de nuevos mercados; el apoyo a un plan de vuelos y, en general, todas las medidas que puedan mejorar la conectividad, deberían ser una prioridad. Por otra parte, el apoyo a la renovación e innovación de la planta turística y de los espacios públicos exige una inversión sostenible para mejorar la calidad del producto que ofertamos a nuestros visitantes. Canarias no debe cerrar este debate sin haberse dado la oportunidad de abrirlo y abordarlo