Una falsa denuncia política
Aunque algunos ya me hayan condenado, sé que la justicia terminará por llegarme a pesar de que en ese tránsito el sistema falle y la propia justicia me esté provocando en esta fase de instrucción perjuicios irreparables por los que alguien tendrá que responder algún día.
Viene esto a cuento por el daño que, a nivel personal y público, me están causando las decisiones del Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife que - a pesar de los informes tanto de la Fiscalía Provincial, como de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil- continúa manteniendo la incautación íntegra de todos mis dispositivos y el bloqueo total de mis cuentas bancarias, impidiéndome disponer de los recursos mínimos siquiera para poder hacer frente a gastos tan básicos como la alimentación -que es tanto como negarme el derecho a la vida- de luz y agua (cuyos recibos son sistemáticamente devueltos por el banco desde marzo de 2022), o lo que es peor, la hipoteca de mi vivienda, cuya deuda acumulada está exigiéndome el banco bajo amenaza de resolución del crédito y posterior desahucio, a pesar de que si no pago no es porque no tenga recursos o no quiera hacerlo, sino porque el juez instructor me impide pagar hasta mi propio IRPF, todo con intereses de demora y recargos, claro.
No es la primera ocasión en que denuncio el desamparo en que me encuentro desde marzo de 2021, y de hecho en su día lo hice ante el Diputado del Común, el Defensor del Pueblo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y por supuesto tanto ante el juez instructor como la Audiencia Provincial, sin que esta última se haya pronunciado aún, al menos en mi caso. En este sentido, los primeros ciertamente parece que no tienen competencias para hacerlo, ni siquiera el CGPJ dado que el asunto está sub judice, mientras que, de la instrucción del caso, y a la vista de los hechos, poca justicia cabe esperar como no venga impuesta por la Audiencia Provincial.
Ante este atropello me quedaban dos opciones. La primera, la de esperar y callar otorgando con mi silencio, no es posible porque los inocentes tenemos la obligación de rebelarnos contra las injusticias. La segunda, la vía que he escogido, es la de defender públicamente mis derechos ante tanto escarnio público desde el gabinete de prensa del Cabildo de Lanzarote, órgano público que es utilizado de forma claramente partidista por la presidenta de la Corporación y su delfín, quienes no dudan en hacer uso del dinero de los contribuyentes –sí, el de ustedes y el mío– para atacarme políticamente con el objetivo de apartarme de la carrera electoral. Un objetivo de Corujo-Espino o viceversa que, de momento, han logrado con el eco que ha encontrado su falsa denuncia política, tanto en medios de comunicación afines y bien pagados, como por parte de la instrucción judicial del caso. No hay más ni hay caso. Tiempo al tiempo.
De momento, ya puedo afirmar lo que los hechos evidencian, y es que el Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife está siendo inconsecuente con sus propios autos desoyendo los informes de la UCO que me afectan directa y positivamente por un lado, e ignorando la opinión de la Fiscalía Provincial sobre la devolución de mis dispositivos por otro, provocando en ambos casos lo que considero una clara vulneración de los derechos fundamentales que me asisten.
En primer lugar, ante la petición de desbloqueo de mis cuentas bancarias, el juez instructor respondió con un auto en el que, aunque denegó mi petición, en su fundamento quinto dice textualmente: “En cualquier caso, habrá que estar a la presentación de informe por parte del grupo policial actuante sobre el resultado del bloqueo para determinar si procede su alzamiento, total o parcial”. (Se adjunta auto DOC 1).
Pues bien, precisamente el grupo policial actuante –la UCO– en respuesta a la entidad bancaria afectada por mis impagos, solicitó al juez instructor que “emita un mandamiento judicial dirigido al Banco (…), autorizando el desbloqueo de la cuenta corriente (…) de la es titular el investigado Pedro San Ginés, a los solos efectos de hacer frente al cobro de las cuotas correspondientes a la amortización del préstamo” (Se adjunta extracto de informe UCO DOC 2), sin que, hasta la fecha, su señoría se haya dignado a ser consecuente con sus propios autos levantando el bloqueo.
Todo ello, a pesar de que los bienes patrimoniales bloqueados a todos los investigados debieran ser garantía más que suficiente para responder con creces ante cualquier eventual responsabilidad por una futurible y más que improbable condena, si bien su señoría ni siquiera ha fijado el importe que pretende garantizar, como entiende mi defensa que era su lógica obligación.
Además, cuando está a punto de cumplirse un año desde la incautación de mis dispositivos electrónicos, el juez instructor también ha hecho caso omiso a la solicitud de devolución de los mismos, cuando ni la Fiscalía Provincial se ha opuesto a su devolución respondiendo textualmente “porque habiendo recibido informe de la UCO dando por finalizado el estudio del material intervenido en las entradas y registro realizadas, no se opone a la devolución del material incautado en ellas a los tres investigados”. (Se adjunta escrito de la Fiscalía DOC 3).
Por último, para rematar mi asfixia económica y aislamiento social, se suma el bloqueo eterno de mi correo electrónico y todas mis redes sociales, con cambio de claves sin devolver sin justificación alguna. No hay que olvidar que se trata de instrumentos de trabajo fundamentales de los que dispone cualquier cargo público, y por supuesto todos los que conforman el Cabildo de Lanzarote salvo uno, haciéndome imposible desde entonces ejercer mi labor como consejero insular en igualdad de condiciones que el resto de miembros de la Corporación.
Toda esta situación ha provocado lo único que realmente han pretendido y conseguido con la farsa montada por Dolores Corujo y Carlos Espino con algunos colaboradores, (farsa de la que también tendrán que responder), esto es, provocar mi renuncia a la primera línea política, con una falsa denuncia política amplificada por un bombardeo permanente de supuestas noticias vinculadas, que en realidad esconden una sistemática ocultación de informes jurídicos y documentos oficiales, tanto a la Asamblea del Consorcio como al propio juzgado –como pronto se sabrá–, con el único objeto de incriminarme y apartarme de la primera línea política .