Presupuestos 2019: servicios públicos y sectores económicos

Canarias dispone de menos recursos de los necesarios para los servicios públicos y los sectores económicos. A causa de unas irresponsables políticas fiscales que detraen 149 millones de euros, mucho más que la cantidad del superávit de la comunidad que impide utilizar la regla de gasto (107 millones de euros), aspecto este último que queremos solventar modificando la Ley de Estabilidad.

 

En nuestra enmienda a la totalidad criticamos la política fiscal del Gobierno y realizamos propuestas para mejorar los ingresos en 215 millones de euros, apoyando reducciones a las rentas bajas y consumos de primera necesidad. Pero con un mayor esfuerzo fiscal de los más pudientes, una mayor tributación de los consumos suntuarios y la búsqueda de nuevos ingresos que no dañen a las clases medias y a los sectores con menor capacidad adquisitiva.

 

Asimismo, tampoco compartimos la distribución del gasto, con 1.615 millones de euros para inversiones -incluyendo los 429 de los convenios y los 109 millones de euros de la sentencia ganada por el presidente Paulino Rivero al Estado-, que no se ejecutarán. Nuestra propuesta reasigna 300 de esos millones de euros a los servicios públicos y los sectores económicos que, junto a los 215 millones de euros de las modificaciones fiscales, harían un total de 515 millones de euros, lo que produciría un cambio sensible en las políticas públicas.

 

Respecto a los servicios públicos. En sanidad, el presupuesto para 2019 es inferior al ejecutado en 2017. También se sitúa por debajo del ajustado, el pasado mes de septiembre, para el actual ejercicio. Su peso, en el conjunto del presupuesto canario crece solo un 2,6%, muy inferior, cuatro puntos menos, al 6,6% de aumento global de las cuentas públicas para 2019.

 

PRESUPUESTO EJECUTADO 2017: 3.018 Millones          

PRESUPUESTO INICIAL 2018: 2.929 Millones  (Ajustado a septiembre de 2018: 3.010 Millones)

PRESUPUESTO INICIAL 2019: 3.007 Millones

                                        

Del aumento de sanidad entre las cuentas de 2018 y 2019, 77,3 millones de euros, un total de 71,6 millones de euros se destinan a capitulo I (personal), para mejoras salariales y laborales (carrera profesional), que comparto, aunque critico su insuficiencia para contratar nuevo personal. El capítulo II, suministros, es bajo para el aumento esperado de la actividad asistencial que se requiere para reducir las listas de espera.

 

Y, lo más grave, las inversiones disminuyen en 5 millones de euros, al pasar de 64,6 millones de euros a 59,6 millones de euros, lo que impedirá abordar las prioridades en infraestructuras y equipamientos tecnológicos. Ni posibilitará que haya recursos suficientes para el desarrollo del Plan de Salud, especialmente en asuntos como salud mental, diabetes o urgencias.

 

En educación el presupuesto no ayuda a superar nuestros déficits. Del incremento de 67,5 millones de euros, 58 millones de euros están destinados a mejorar el Capítulo I. Pero no por el incremento de profesionales, sino para posibilitar la subida de retribuciones del 2,25% al funcionariado fijado en los presupuestos estatales, además de consolidar los sexenios. Aspectos ambos positivos, tras años de congelaciones salariales.

 

Se hace un escaso esfuerzo tanto en programas y proyectos como en el necesario incremento de personal docente. Se incumple, un año más, la Ley Canaria de Educación, que establece el avance anual progresivo para alcanzar en 2022 el 5% del PIB de Canarias en inversión educativa. Se destina sólo el 3,60% del PIB, que llegaría al 3,68% si se incluyen los 42 millones de euros del Plan de Infraestructuras Educativas, financiado por el Estado. Muy lejos del 4% reclamado por todos los grupos del Parlamento.

 

Las políticas sociales crecen en 77 millones de euros. La mayor parte va a la atención a la dependencia. Disminuyendo los recursos en áreas como mayores, infancia y familia y discapacidad. Resulta intolerable que no haya ni un solo euro adicional para combatir los elevados niveles de pobreza y exclusión social. Parece que el Gobierno espera a la firma del convenio con el Estado, para incluir los 30 millones de euros logrados por Nueva Canarias (NC) en su negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018. Y, también, que el Ejecutivo de CC se olvida de que la renta básica tiene ya cobertura estatutaria. Por último, pese a la grave situación habitacional, solo se destinan 7,5 millones de euros a la construcción de nuevas viviendas y aumenta solo en 2,5 las ayudas al alquiler, en medio de la distorsión que para el mercado de la vivienda residencial supone el alquiler vacacional.

 

En los sectores económicos, el presupuesto de turismo crece en unos 17 millones de euros, sobre todo, por el aumento de las inversiones, casi todas procedentes del Estado. Valoramos las acciones previstas en el programa de promoción y apoyo a la comercialización. Pero Canarias no ha hecho sus deberes en estos años de récords de visitantes motivados, fundamentalmente, por la inseguridad de los destinos competidores.

 

Seguimos sin abordar la renovación de los espacios públicos -en la que se devuelven casi 7 millones de euros al Estado por inejecución- ni la renovación de la planta alojativa obsoleta, ni medimos la capacidad de carga del territorio ni regulado con rigor el alquiler vacacional. Tampoco lo hace este presupuesto.

 

La subida en I+D+i en 2019 es de 5,8 millones de euros (+9,1%). Inferior a lo que NC logró en los PGE para 2018, un total de 5 millones de euros en I+D para las dos universidades públicas canarias, además de otros 14 para diversos cabildos para investigación oceánica, estudios de potencial geotérmico, etcétera.

 

Además, hay un inaceptable nivel de ejecución en esta área. En 2014, la ejecución fue del 48,3% y, en 2015, del 50,8%. Mejora en 2016 (81%) pero baja al 77% en 2017. Es decir, este último año se dejaron de gastar 17 millones de euros.

 

El sector primario afronta el futuro en mejores condiciones, pues tiene mejores instrumentos de apoyo institucional, tras lo obtenido por NC en sus acuerdos para aprobar los PGE 2017 y 2018 y haber introducido esas mejoras en el nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF). Nos referimos a que el Estado financie el 100% del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei) adicional, a la ayuda anual a cargo de los PGE al agua de riego agrícola o al incremento de la ayuda al tomate de exportación.

 

En definitiva, en las mejores condiciones, con más recursos procedentes del Estado y mayor recaudación propia, Canarias no realiza el imprescindible esfuerzo en sus presupuestos para 2019 para rescatar a sus servicios públicos ni para potenciar la economía y el empleo. Por una errónea política fiscal y una inadecuada orientación del gasto.

 

Las cuentas públicas crecen un 6,6%. Sin embargo, la media de las consejerías sociales apenas supera el 4,5% de incremento, muy por debajo. Semejante trato también reciben los sectores económicos, en un modelo que ni se diversifica ni ayuda a generar empleo de calidad. Sólo desde un cambio profundo de las actuales políticas, Canarias podrá salir de una situación de progresivo retroceso respecto al conjunto de España en los parámetros socioeconómicos y en los servicios públicos.