Renta de Ciudadanía, una medida urgente

La situación económica y social ha mejorado en relación a los años más duros de la crisis económica. En el Estado y en Canarias. En los últimos años ha crecido el PIB, en nuestro caso menos que la media estatal, y se ha generado empleo, no siempre de calidad. En Canarias estamos en el 21% de desempleo, según la última Encuesta de Población Activa, correspondiente al primer trimestre del año, un punto más que en el registro anterior que cerraba 2018, incrementando hasta 6,3 puntos la diferencia con la media española (14,7%). Nuestra tierra continúa liderando los rankings de pobreza y mantiene, también, una de las estructuras salariales más débiles del conjunto del Estado.

 

Para conseguir una mayor cohesión social hay que intervenir desde numerosas perspectivas. La primera, sin duda, la del crecimiento en el empleo y en la calidad de este, en lo que somos deficitarios. La segunda, desde unos potentes servicios públicos, que contribuyen mucho a la equidad, y que se hace imprescindible revitalizar. Y, la tercera, desde acciones gubernamentales directas, con políticas públicas dirigidas a combatir la pobreza.

 

Hace unos días el INE publicaba la Encuesta de Condiciones de Vida de 2018. Con los datos de ese año, la tasa de pobreza o exclusión social es del 21,5% en el conjunto del Estado. Pero con diferencias notables entre las comunidades. Las tasas más altas se producen en Extremadura (37,6%), Canarias (32,1%) y Andalucía (32,0%). En el otro lado, el de las comunidades con menor pobreza, se sitúan País Vasco (8,6 %), Navarra (8,9 %) y Cataluña (13,6 %).

 

El estudio elaborado por el INE ofrece también el análisis de los datos de pobreza utilizando la Tasa Arope -que incluye riesgo de pobreza, privación material severa y baja intensidad laboral-, indicador usado en el marco de la Estrategia Europea 2020, que establece la agenda de crecimiento y empleo en la Unión. En este caso, aplicando la tasa Arope, Canarias alcanzaría el 36,4% (diez puntos más que media estatal, que es del 26,1%) solo superada por Andalucía (38,2%) y Extremadura (44,6%). Frente a los datos más positivos de País Vasco y Navarra, en torno al 12%, y Aragón (17,7%).

 

El INE también ofrece datos sobre los ingresos medios anuales por persona. Los más bajos se dan en Extremadura (8.503 euros) seguida de Canarias (8.964) y Murcia (9.111). Los más elevados, en Euskadi (14.722), Navarra (13.585) y Cataluña (13.338). Canarias se sitúa casi 2.500 euros por debajo de la media estatal, que alcanza los 11.412 euros. Es decir, en nuestra Comunidad los ingresos son un 21,45% inferiores a la media española.

 

La persistencia de alto desempleo y elevados niveles de pobreza acrecienta el debate sobre la conveniencia de implantar una renta básica. En el que incluso ha intervenido la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), que propone que este posible instrumento se vincule al nivel de renta y no a la situación de desempleo, pudiéndose compatibilizarse su cobro con un empleo.

 

En nuestra Comunidad, Nueva Canarias fue la primera organización que presentó en el Parlamento un Plan de Choque contra la Pobreza, en la legislatura 2011/2015. Y en distintas leyes de Presupuestos hemos planteado la creación de una Renta Básica y establecido cómo financiarla. Además, el pasado mes de enero presentamos en la Cámara un proyecto de Ley de Renta de Ciudadanía como garantía de ingresos mínimos, con cobertura estatutaria.

 

Lo planteamos como respuestas adecuadas y de urgente implantación para afrontar los graves problemas de pobreza y exclusión social de nuestra tierra, en la línea de posibilitar una vida digna para decenas de miles de personas que hoy padecen carencias de todo tipo. Lo reiteramos en nuestro programa electoral para las elecciones del pasado 26M. Planteando una Renta Básica de Ciudadanía que ofrezca cobertura a quienes carecen de ingresos y, asimismo, complemente bajas prestaciones por desempleo, insuficientes pensiones o reducidos salarios, de forma que nadie en las Islas ingrese menos de 600 euros al mes. Una cantidad que se incrementaría en función del número de integrantes de la unidad de convivencia.   

 

Una Renta Básica, ya implantada en otras comunidades, dirigida a personas con empleo, pero que con sus ingresos no cubren las necesidades básicas de su unidad de convivencia. A desempleados, con o sin prestaciones, que se encuentran en una situación económica similar. Siempre con el horizonte preferente del empleo como mejor fórmula de inclusión, pero conscientes de que este no es posible en todos los casos. Por tanto, condicionada a programas para la inserción laboral o inclusión social, cuando fuere necesario.

 

Una Renta que afronte también la situación de personas que están fuera del mercado laboral. Los pensionistas empobrecidos, especialmente los que cobran pensiones no contributivas (unas 43.000 personas en el Archipiélago, que perciben en torno a los 350 euros mensuales). O las mujeres, que, por distintas razones, tienen pensiones por debajo de las de los hombres. Una Renta Básica de Ciudadanía con carácter complementario. Evaluable, para evitar fraudes. Y compatible con otras prestaciones.

 

En el Acuerdo para un Gobierno de Progreso y de Cambio para Canarias, suscrito por PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y ASG, se incluye como una de las grandes áreas de actuación del nuevo Ejecutivo la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Señalando en su texto el propósito de instaurar, urgentemente, ”la Renta de Ciudadanía que establece el artículo 24 del nuevo Estatuto de Autonomía, dirigida a sufragar los gastos básicos de quienes se encuentran en situación de pobreza o de vulnerabilidad económica”.

 

La Renta Básica aparece en ese Acuerdo junto a otras acciones en la misma línea. Entre ellas, el desarrollo del catálogo de servicios y prestaciones y demás compromisos recogidos en la nueva Ley 16/2019 de Servicios Sociales de Canarias, y la puesta en marcha de un Plan Integral de Vivienda 2019-2022 “para crear un importante parque público de viviendas de alquiler social y ofrecer soluciones de alternativa habitacional para las familias de escasos recursos que sean desahuciadas”. Así como implementar un plan de empleo para desempleados de larga duración y colectivos de difícil inserción.

 

Resulta imprescindible esa agenda social del nuevo Gobierno de Canarias, centrada en la lucha contra la pobreza para comenzar a superar esa permanente desigualdad que padecemos. E insistir en la senda de un desarrollo sostenible, con más economía y más y mejor empleo, así como en unos potentes servicios públicos. Alcanzar mayores niveles de equidad es una causa colectiva, de país, en la que no podemos fallar.