Una propuesta canaria y social (1)

La incapacidad de acuerdo entre las cuatro grandes formaciones estatalistas nos lleva a unas nuevas elecciones generales el próximo mes de noviembre. Tacticismos y estrechos intereses partidistas, cálculos electoralistas, variados vetos y bloqueos han impedido irresponsablemente la formación de un Gobierno estable. Aplazando la toma de decisiones fundamentales para la mejora de la vida de la gente. Con presupuestos estatales prorrogados. Con más dificultades de financiación para las comunidades autónomas. Aumentando, además, la desafección ciudadana hacia la política y las instituciones.

 

Todo ello sucede en medio de una situación económica europea y mundial muy preocupante. Cuando corren aires de recesión en Alemania -que nos afectan especialmente, por ser uno de los mayores emisores de turistas a Canarias-, las imprevisibles consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea -un brexit que puede dañar a distintos sectores económicos del Archipiélago, claramente al turismo, pero también a nuestra agricultura de exportación- o la guerra de aranceles impulsada por Donald Trump. Con desaceleración económica en España y en Canarias.

 

En ese marco, los nacionalistas canarios hemos decidido unir nuestras fuerzas para tener la mayor presencia posible en el Congreso y en el Senado. Para que no se repita lo que sucedió en las elecciones del pasado mes de abril, cuando 70.000 votos nacionalistas en Las Palmas se quedaron, por la división en dos opciones, sin representación. Los sondeos publicados avalan el acierto de la decisión.

 

Lo hacemos pese a las diferencias notables que hemos mantenido en numerosos asuntos -económicos, fiscales, medioambientales, de gestión de los servicios públicos…- en Canarias en la etapa más reciente. Pero reconociendo el elevado grado de acuerdo que se ha venido produciendo entre Nueva Canarias y Coalición Canaria en la defensa de los intereses de la comunidad canaria frente a los Gobiernos centrales.

 

Un trabajo persistente y riguroso que ha supuesto notables éxitos para Canarias en los últimos años. No sólo por la separación de los recursos del REF de los correspondientes a la financiación autonómica, que ha corregido una injusticia mantenida desde 2009 y que nos colocaba 600 millones de euros anuales por debajo de la media de financiación de las comunidades de régimen común. No sólo por los significativos avances con relación a la movilidad interinsular y con el exterior. No sólo por la recuperación de relevantes planes, como el de empleo y el de infraestructuras educativas. No sólo por las medidas dirigidas al desarrollo de las energías renovables o las destinadas al apoyo a nuestro sector primario.

 

Asimismo, porque la activa presión de los nacionalistas canarios en las Cortes Generales, durante el complejo proceso de negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para los años 2017 y 2018, posibilitó que se pudiera desbloquear la reforma del Estatuto de Autonomía y la modificación del REF, dándole a este último un contenido más social e incluyendo en el mismo acciones para la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

 

Concurrimos a estos comicios generales del próximo 10 de noviembre con un programa centrado en Canarias y con un profundo contenido social. Un programa nítidamente canario y de progreso. Me detendré en este primer artículo en algunos de los contenidos del mismo que hacen referencia a la defensa de los derechos de Canarias en el contexto del Estado español.

 

Lo hacemos desde la convicción de que se hace preciso consolidar y preservar las importantes conquistas que Canarias ha alcanzado en los últimos años y que se orientan hacia una mayor equidad de la ciudadanía de las Islas con las del resto del territorio estatal. Corrigiendo los déficits que supone encontrarse a más de mil kilómetros del continente europeo y, además, territorialmente fraccionados, lo que encarece la movilidad de las personas y de las mercancías, eleva los costes de producción de los bienes privados y, asimismo, eleva de forma sensible los costes de los servicios públicos.

 

Pretendemos que, en el Congreso y en el Senado, se ratifique un gran acuerdo que exija al futuro Gobierno central a respetar, en su integridad, los fueros canarios y a desarrollar, igualmente, la agenda canaria impulsada en su momento por Coalición Canaria y Nueva Canarias. Los nacionalistas canarios queremos, asimismo, tener voz en los grandes debates que deberán plantearse en el próximo período, desde la financiación autonómica a la reforma del modelo de Estado, pasando por el futuro sostenible de las pensiones, los derechos sociales y el blindaje de los servicios públicos.

 

Queremos participar activamente, también, en una posible reforma de la Constitución. Que, en nuestra opinión, debe profundizar en el actual modelo descentralizador posibilitando mayores cotas de autogobierno. Reconocer la pluralidad de las distintas nacionalidades. Y abordar la imprescindible reforma del Senado para convertirlo, de verdad, en una Cámara de representación territorial.

 

Una reforma que, desde el punto de vista específico de Canarias, debe posibilitar que la Carta Magna recoja en su articulado nuestra condición de región ultraperiférica, como ya sucede en los tratados europeos. Reconociendo nuestra lejanía e insularidad, como ya hacen en sus respectivos textos el Estatuto y el REF desde sus recientes reformas. Nuestro programa electoral para el 10-N recalca, asimismo, la necesidad de reforzar en la Constitución las garantías del Régimen Económico y Fiscal de Canarias para que no quede al albur de las interpretaciones restrictivas del Ejecutivo español de turno.

 

Por otra parte, nos preocupa mucho el trascendental debate, tantas veces aplazado, sobre la financiación autonómica. Somos conscientes de que el actual modelo, el aprobado en 2009, perjudicó gravemente a las Islas que durante ocho años recibieron 600 millones de euros anuales por debajo de la media de financiación de las comunidades. En la nueva financiación, que todos los partidos se comprometen a cerrar en esta legislatura, Canarias debe aspirar, desde la máxima unidad y fortaleza, a luchar por un sistema que garantice la adecuada financiación per cápita de sus servicios públicos, situándonos en la media estatal, y que mantenga como mínimo al margen los recursos del REF, como hemos conseguido los nacionalistas en los PGE de 2017 de forma provisional, para compensar los costes de la insularidad y de la lejanía.

 

En una segunda entrega entraré en otros elementos relevantes del programa canario y de progreso con el que concurrimos a estas elecciones.