El olvido que vendrá

El título que precede a este artículo no es original. Como muchos podrán adivinar, es deudor del título de la novela de Héctor Abad Faciolince El olvido que seremos. Y es una inspiración consciente porque empleo estas líneas para defender la copia o imitación de aquello que se hace bien en otros lugares y por parte de otras personas, por más que muchas veces pongamos nuestro empeño en reinventar la rueda.

Hace algunos años, en otro lugar, denunciaba la situación en la que encontraba la mayoría de los archivos de Canarias, esos lugares que tantas veces se definen como “el lugar donde reside nuestra memoria”, “los custodios de los tesoros del pasado”, “el acervo de nuestra identidad” y tantas otras palabras lustrosas que no son más que eso, palabras pronunciadas en un momento determinado para hacer creer que todos esos documentos, reflejo de nuestros derechos adquiridos, de nuestros deberes cumplidos, que a la postre forman parte de nuestra memoria colectiva como sociedad, importan a quienes dirigen desde gobiernos locales, autonómicos o estatales, cuando no son más que palabras lanzadas al viento que se disipan como las vagas intenciones de hacer algo por su salvaguarda.

En aquel tiempo en que realicé dicha denuncia, propuse copiar acciones llevadas a cabo con éxito en otras comunidades autónomas, y desde la Dirección General de Patrimonio Cultural me llamaron la atención por hacer pública una realidad, argumentando que se estaba trabajando en desarrollar proyectos sólidos que condujeran simplemente a cumplir la ley de patrimonio documental de Canarias. Y, además, me decían, no era necesario copiar a nadie, porque aquí se sabía lo que se debía hacer. Como podrán imaginar, de eso no hubo nada: ni copia ni original.

Mientras tanto, observamos cómo en otros lugares se emprenden acciones para hacer cumplir la ley. Valga como ejemplo el expediente sancionador que la Junta de Andalucía ha abierto al ayuntamiento de Jerez de la Frontera por la mala situación en que se encuentra su archivo. En base a su legislación vigente, realizan inspecciones, hacen propuestas de corrección y si no se cumplen se sanciona. Así de sencillo.

Sin embargo, por más que se ha propuesto esto en Canarias, la realidad se aleja mucho de cualquier intento de corregir defectos. La Ley 3/1990 de Patrimonio documental y Archivos de Canarias apenas se ha cumplido desde su publicación, llegando, incluso a quedar obsoleta en gran parte. Por este motivo, desde hace años se está trabajando en su modificación, pero nunca parece buen momento para llevar este proyecto a término, por más reuniones que se hayan celebrado en la última legislatura.

Mientras tanto, según el estudio más reciente realizado, el diagnóstico de la situación de los archivos municipales canarios es desolador: sólo el treinta por ciento de ellos cuenta con personal técnico al frente; el noventa y cinco por ciento no tiene personal suficiente para atender el servicio que deben prestar; el sesenta y tres por ciento tiene infraestructuras que deterioran los documentos más que salvaguardarlos (¡qué buen nicho laboral sería!). Es decir, se podría sancionar a muchísimas administraciones por el estado en que están sus archivos, no ya por la posibilidad de pérdida de nuestra memoria sino porque en numerosas ocasiones los documentos que contienen los derechos de los ciudadanos no se encuentran.

Todo esto sucede en un proceso de transformación digital que para muchos responsables políticos no es más que una huida hacia adelante, porque si no han sabido, o no han sido capaces de gestionar los archivos en papel, que son tangibles, que se ven con una simple mirada, quién nos garantiza que el desastre no vaya a ser mayor en un mundo intangible, como es el digital. Tal vez, la siguiente respuesta a este cuestionamiento sea que para eso ha llegado la inteligencia artificial, pero no nos olvidemos de que ésta debe ser abastecida por la inteligencia humana y que las máquinas no harán aquellos que los humanos no deseen hacer. Mal iríamos si sucediera lo contrario.

Este año de proceso electoral se abren nuevas posibilidades. Sólo queda esperar que quienes tengan la responsabilidad de subsanar estas cuestiones que aquí se plantean, tengan la sensibilidad necesaria y las ganas de diseñar e implementar un plan de archivos en Canarias y que sea una realidad, no más papel mojado o documentos digitales almacenados y olvidados en el éter. De lo contrario, nuestra sociedad irá perdiendo información por el sumidero de la dejadez y el olvido (¿intencionado?).