Clavijo convoca a cabildos, ayuntamientos, empresarios y sindicatos para enriquecer el Decreto Canarias
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha convocado la próxima semana a los representantes de cabildos, ayuntamientos, patronales empresariales y sindicatos para informarles de primera mano sobre la propuesta de Decreto Canarias y enriquecer aún más el documento que remitirá al Estado para su negociación. Así lo ha anunciado tras el encuentro mantenido este jueves con los portavoces parlamentarios, reunión donde se ha debatido el texto mejorado gracias a las aportaciones realizadas por los grupos en materias de competencia estatal.
Clavijo recordó que el objetivo del Decreto Canarias es superar la parálisis que sufren los compromisos del Estado con el archipiélago por las dificultades de la política nacional. “Estamos poniendo los cimientos de Canarias para los próximos 20 años”, subrayó tras referirse a la importancia de que el archipiélago defienda con unidad la aprobación en Consejo de Ministros de un real decreto ley que suponga el cumplimiento íntegro de los compromisos con Canarias recogidos en el Estatuto de Autonomía y la Agenda Canaria, además de la actualización de las partidas del presupuesto estatal prorrogado de 2023.
Lamentó en este sentido que los portavoces del PSOE y NC hayan decidido no acudir al encuentro de este jueves, aunque espera que participen la mejora del texto cuando se debata la comunicación que el Gobierno de Canarias elevará en febrero a la Cámara autonómica.
“Quiero hacer un llamamiento a la reflexión para que se vuelvan a sentar”, dijo. Añadió que la voluntad del Gobierno es que el Decreto Canarias que se remita a Madrid “tenga el mayor apoyo social, porque ese apoyo social es la fortaleza con que vamos a poder ir a negociar con el Estado y no podemos ir divididos”. El presidente considera que “no es una buena noticia que nos dividamos en la defensa de asuntos que tienen que ver con la vivienda, la dependencia, la movilidad o la educación”, por lo que seguirá tendiendo la mano a la oposición “con el modo canario de hacer las cosas y para que la crispación de la política nacional no contamine a Canarias”.
El titular del Gobierno recordó que la falta de nuevos presupuestos nacionales está bloqueando el cumplimiento de los compromisos del Estado que son “imprescindibles” para garantizar la prestación de servicios públicos esenciales en Canarias y el desarrollo de proyectos urgentes para el avance del archipiélago.
Para salvar esta situación, el Gobierno de Canarias espera que el presidente Pedro Sánchez cumpla el compromiso adquirido de sentarse a negociar el Decreto Canarias. Fernando Clavijo recordó que, en la reunión mantenida el 18 de agosto en Lanzarote, el titular del Gobierno de España se mostró dispuesto a abrir esta negociación cuando recibiera una propuesta concreta del Gobierno autonómico.
Documento enriquecido
El presidente agradeció a los portavoces parlamentarios su colaboración para mejorar el borrador del real decreto ley de ‘Medidas urgentes para el mantenimiento y recuperación de las condiciones sociales y económicas de Canarias’ que el Gobierno puso sobre la mesa en el encuentro del pasado 12 de noviembre.
Tras esa primera reunión, todos los grupos excepto Vox elevaron en diciembre propuestas al Ejecutivo autónomo. Estas aportaciones, en opinión del presidente, han servido para enriquecer la propuesta de Decreto Canarias que la próxima semana compartirá con la Federación Canaria de Islas (Fecai), la directiva de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y el Consejo Asesor del Presidente, órgano donde están representadas las patronales empresariales y los principales sindicatos del archipiélago.
Clavijo negó que los equipos técnicos y jurídicos del Gobierno dejaran fuera propuestas del PSOE y NC por su carácter político. “Es un documento absolutamente técnico”, dijo para recordar que “todas las que tienen que ver con competencias del Estado se añadieron” y quedaron fueras las que solo tienen que ver con competencias de Canarias porque no caben en un decreto que va a aprobar el Consejo de Ministros y el Congreso de los Diputados”.
Junto al presidente Fernando Clavijo, en la reunión celebrada este jueves en la Sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife han participado en nombre del Gobierno el vicepresidente Manuel Domínguez, el viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello, el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, el viceconsejero de los Servicios Jurídicos, Jorge Riestra y el secretario general de Presidencia, Ceferino Marrero. En representación de los grupos parlamentarios han estado en el encuentro José Miguel Barragán (CC), Luz Reverón (PP), Javier Nieto (Vox), Casimiro Curbelo (ASG) y Raúl Acosta (Grupo Mixto).
El texto de Decreto Canarias analizado este jueves con los portavoces parlamentarios incluye todas las propuestas formuladas por los distintos grupos en materias que son competencias estatales. También han sido incorporadas aportaciones en materia de derechos sociales y lucha contra la pobreza; empleo, productividad y diversificación económica y fiscalidad; y refuerzo de servicios públicos en todos aquellos aspectos que corresponden al Ejecutivo español.
En concreto, al documento inicial redactado por los servicios jurídicos y técnicos de la Comunidad autónoma se ha sumado aportaciones como la reclamación al Estado de un convenido que garantice la financiación del desarrollo de infraestructuras ferroviarias en las islas; la actualización del POSEI y de los recursos financieros para el sector primario; el blindaje de las medidas fiscales para la reconstrucción de La Palma; y las garantías para la conectividad aérea de El Hierro y La Palma.
Tras estas mejoras fruto de las aportaciones de los grupos, el texto de real decreto ley de ‘Medidas Urgentes para el mantenimiento y la recuperación de las condiciones sociales y económicas en Canarias’ contiene una declaración de principios, 35 artículos divididos en cuatro capítulos, 12 disposiciones adicionales y otras tres finales.
Recuperación social y económica
El primer capítulo, bajo el título ‘Medidas de recuperación social y económica’, reúne todas aquellas partidas económicas o medidas legislativas que el Gobierno central debe adoptar para garantizar el desarrollo del archipiélago atendiendo a su condición de territorio alejado y fragmentado.
Así, se exige al Gobierno de Pedro Sánchez que garantice la continuidad al menos durante dos años más de la gratuidad del transporte público colectivo terrestre en Canarias mediante una partida de 160 millones de euros anuales.
El Decreto Canarias que se negociará con Madrid recoge además 45 millones de euros para el Plan Integral del Empleo en 2026, un plan de empleo cuatrienal para jóvenes de 42 millones y una partida de 42 millones de euros para las infraestructuras educativas.
La propuesta busca también que se mantenga tres años más la deducción del 60% del IRPF para todos los residentes en La Palma, La Gomera y El Hierro, además de una “bonificación del 50% en la cuota patronal de la Seguridad Social para las actividades realizadas en las islas verde en los contratos indefinidos y de sustitución por IT, similar a las aplicadas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla”.
Con el fin de seguir impulsando la recuperación plena de La Palma tras la erupción volcánica, el texto remitido a Madrid incluye 100 millones de euros en 2026, 2027 y 2028. Este apoyo económico se complementa con 30 millones para el Plan Especial de Empleo en la isla en 2026 que podrán extenderse a 2027.
Vivienda y medidas sociales
El segundo bloque del articulado del Decreto Canarias, llamado ‘Medidas de apoyo a colectivos vulnerables’, busca fortalecer el escudo social en las islas. En este sentido, se reclaman la continuidad de los 30 millones de euros anuales del Plan de Pobreza.
En materia de vivienda, la propuesta del Gobierno de Canarias mejorada con las aportaciones de los grupos parlamentarios contiene dos medidas directas para afrontar la emergencia habitacional declarada en las islas. En primer lugar, se solicita al Estado la cesión en 2025 de suelo “para la construcción de viviendas protegidas”. También se reclama, durante los años 2026 y 2027, 105 millones de euros anuales para la ejecución de obras de vivienda asequibles en las islas.
Con el refuerzo de los servicios esenciales en el punto de mira, el texto de Decreto Canarias requiere nuevos fondos estatales para asuntos prioritarios como la formación profesional (40 millones de euros anuales), un plan para el jóvenes desempleados (42 millones), la gratuidad del primer ciclo de educación infantil (28 millones), la cofinanciación en materia de dependencia (120 millones), el sobrecoste de la atención sanitaria (40 millones), el tratamiento de aguas (50 millones) y la renovación de los centros generadores de energía (20 millones).
Infraestructuras y más competencias
Al amparo de la Agenda Canaria, el Gobierno autonómico propone al central que conceda en 2026 y 2027 una bonificación del 50% de su cuota de Seguridad Social a las empresas isleñas que apliquen “medidas de productividad asociadas a mejora de las retribuciones en cómputo anual en conceptos salariales superior a la establecida en los convenios colectivos sectoriales”. Se busca incentivar el alza de los sueldos.
El texto contiene asimismo un importante paquete de medidas destinadas a mejorar las infraestructuras del archipiélago y a avanzar en el traspaso de competencias incluidas en el Estatuto de Autonomía de Canarias.
Entre ellas, destaca la exigencia al Estado para que financie el 50% de la redacción de los proyectos y ejecución de las obras de infraestructura y del equipamiento para el transporte público de viajeros por carretera que elabore y presente la Comunidad Autónoma de Canarias para las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
En materia de Costas, Canarias pide 20 millones euros en 2026 y 2027 para la ejecución de obras de interés general en costas. Además, “con el fin de asegurar la coherencia de las actuaciones en el litoral de las islas”, se reclama al Estado que traspase a la comunidad autónoma “las competencias ejecutivas y de gestión que ostenta sobre el dominio público marítimo-terrestre en el archipiélago”.
El texto de Decreto Canarias recoge 20 millones de euros anuales para obras hidráulicas, 204 millones para financiar desde 2026 a 2030 el Convenio de Carreteras, 20 millones para infraestructuras turísticas y la misma cantidad para inversiones en I+D+i.
Incluye otra demanda histórica del archipiélago: la financiación por parte del Estado del coste de 1.400 plazas de miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria, para garantizar su despliegue en todas las islas, sus funciones de policía judicial en el ámbito de sus competencias y su complementariedad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
