Plataforma de Afectados por la Ley Turística
La ley turística "compromete el derecho a una vivienda de 200.000 residentes"
25 de noviembre de 2025 (11:01 h.)
La Plataforma de Afectados por la Ley Turística denuncia que la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, está "al servicio del monopolio del sector" y exige "la modificación de la Ley 2/2013 para garantizar el uso residencial de todas las viviendas adquiridas por residentes"
La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) denuncia que la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, aprobada en 2013, está "al servicio del monopolio" del sector y "compromete el derecho a una vivienda" de más de 200.000 residentes en las islas.
Esa ley autonómica obliga a destinar a uso turístico los apartamentos que formen parte de un complejo catalogado como turístico e impone que debe explotarlos un solo gestor, por lo que los propietarios que los explotan por su cuenta o los convierten en su residencia están siendo sancionados por el Gobierno de Canarias.
El colectivo ha alertado en un comunicado de la "indefensión legal" que sufren los afectados por "la expropiación de uso encubierta" que asegura que la Consejería de Turismo aplica en Canarias a los propietarios que hacen un uso residencial de viviendas adquiridas "sin limitaciones de uso" hace 50 años, cuando operaba en las islas un planeamiento diferente al actual, lo que considera una "injusticia institucional".
El colectivo alerta de que las multas impuestas a muchos de estos propietarios de viviendas ubicadas en zonas turísticas del archipiélago responden al principio de la "infracción permanente" para sancionar el uso actual, lo que vulnera su seguridad jurídica.
Las sentencias que avalan estas multas también niegan el "escudo protector" que debería ofrecerles, en su opinión, el uso consolidado de estos inmuebles, en virtud de la Ley del Suelo y Espacios Naturales de Canarias.
"Se sanciona al ciudadano por la inacción o los tecnicismos del propio Gobierno de Canarias" y se mantiene el principio de la "unidad de explotación, obligando a los propietarios a entregar sus viviendas a un operador turístico para que haga negocio al precio que decida y haga uso o no de ellas cuando le venga en gana, sin permitir la negociación o el uso propio", asevera la presidenta de la PALT, Marive Doreste.
A juicio de esta plataforma, las sentencias contra las multas que afectan a titulares de estas viviendas "legalizan el despojo" y van en contra de "la libertad de mercado, el Código Civil y la Constitución Española".
Así, defiende que, "bajo el pretexto de la renovación, se ha consumado una expropiación de uso encubierta del patrimonio de miles de familias canarias, sin ofrecer la justa compensación que exige nuestra Constitución si se justificase una razón imperiosa de interés general que nosotros no vemos".
Ante esta situación de "indefensión" que denuncia, la plataforma llama a los grupos políticos en el Parlamento canario, donde los que apoyan al Gobierno "han rechazado las enmiendas dirigidas a frenar y archivar los expedientes sancionadores provocados por una ley hecha para expulsar al canario de las zonas con potencialidad turísticas, para que se pongan al lado de la gente, y no del lobby" del motor económico de las islas.
Para ello, exige "la modificación inmediata y urgente de la Ley 2/2013 para garantizar el uso residencial de todas las viviendas adquiridas por residentes antes de su entrada en vigor y definir claramente lo que es un establecimiento turístico y respetar con rigor las normas para evitar que a los afectados por la interpretación parcial de esta ley les implique la pérdida forzosa del uso de su propiedad".
La PALT ha mostrado su solidaridad con una propietaria denunciada "que tiene en juego su única propiedad, al 50 % con su hija".
"La misma persona que le vendió su apartamento en 2006, libre de carga y sin limitación de uso, y que cobró por él, le denuncia 18 años más tarde para reclamarle el uso de su apartamento para su negocio turístico. Todo ello sin que exista otra opción para la afectada que no sea la de aceptar las condiciones que le impone", ha explicado.
Esta afectada no ha hecho nunca uso vacacional de su vivienda "ni lo quiere, lo que quiere es que le dejen usar la única propiedad que tiene, que compró con mucho esfuerzo", asevera Doreste, quien recalca que los titulares de estas viviendas "no impiden el desarrollo de la actividad ni la convivencia", como demuestran los millones de turistas que llegan a Canarias cada año.
"Pedimos que el empresario que quiera explotar un complejo entero que lo compre, pues quedarse con la propiedad ajena e intentar cambiar el relato para favorecer esto incumple al menos dos de los sagrados mandamientos", apostilla la plataforma, que demanda la derogación de esta ley, en concreto de sus artículos 5.1, 23 y 25.
Esa ley autonómica obliga a destinar a uso turístico los apartamentos que formen parte de un complejo catalogado como turístico e impone que debe explotarlos un solo gestor, por lo que los propietarios que los explotan por su cuenta o los convierten en su residencia están siendo sancionados por el Gobierno de Canarias.
El colectivo ha alertado en un comunicado de la "indefensión legal" que sufren los afectados por "la expropiación de uso encubierta" que asegura que la Consejería de Turismo aplica en Canarias a los propietarios que hacen un uso residencial de viviendas adquiridas "sin limitaciones de uso" hace 50 años, cuando operaba en las islas un planeamiento diferente al actual, lo que considera una "injusticia institucional".
El colectivo alerta de que las multas impuestas a muchos de estos propietarios de viviendas ubicadas en zonas turísticas del archipiélago responden al principio de la "infracción permanente" para sancionar el uso actual, lo que vulnera su seguridad jurídica.
Las sentencias que avalan estas multas también niegan el "escudo protector" que debería ofrecerles, en su opinión, el uso consolidado de estos inmuebles, en virtud de la Ley del Suelo y Espacios Naturales de Canarias.
"Se sanciona al ciudadano por la inacción o los tecnicismos del propio Gobierno de Canarias" y se mantiene el principio de la "unidad de explotación, obligando a los propietarios a entregar sus viviendas a un operador turístico para que haga negocio al precio que decida y haga uso o no de ellas cuando le venga en gana, sin permitir la negociación o el uso propio", asevera la presidenta de la PALT, Marive Doreste.
A juicio de esta plataforma, las sentencias contra las multas que afectan a titulares de estas viviendas "legalizan el despojo" y van en contra de "la libertad de mercado, el Código Civil y la Constitución Española".
Así, defiende que, "bajo el pretexto de la renovación, se ha consumado una expropiación de uso encubierta del patrimonio de miles de familias canarias, sin ofrecer la justa compensación que exige nuestra Constitución si se justificase una razón imperiosa de interés general que nosotros no vemos".
Ante esta situación de "indefensión" que denuncia, la plataforma llama a los grupos políticos en el Parlamento canario, donde los que apoyan al Gobierno "han rechazado las enmiendas dirigidas a frenar y archivar los expedientes sancionadores provocados por una ley hecha para expulsar al canario de las zonas con potencialidad turísticas, para que se pongan al lado de la gente, y no del lobby" del motor económico de las islas.
Para ello, exige "la modificación inmediata y urgente de la Ley 2/2013 para garantizar el uso residencial de todas las viviendas adquiridas por residentes antes de su entrada en vigor y definir claramente lo que es un establecimiento turístico y respetar con rigor las normas para evitar que a los afectados por la interpretación parcial de esta ley les implique la pérdida forzosa del uso de su propiedad".
La PALT ha mostrado su solidaridad con una propietaria denunciada "que tiene en juego su única propiedad, al 50 % con su hija".
"La misma persona que le vendió su apartamento en 2006, libre de carga y sin limitación de uso, y que cobró por él, le denuncia 18 años más tarde para reclamarle el uso de su apartamento para su negocio turístico. Todo ello sin que exista otra opción para la afectada que no sea la de aceptar las condiciones que le impone", ha explicado.
Esta afectada no ha hecho nunca uso vacacional de su vivienda "ni lo quiere, lo que quiere es que le dejen usar la única propiedad que tiene, que compró con mucho esfuerzo", asevera Doreste, quien recalca que los titulares de estas viviendas "no impiden el desarrollo de la actividad ni la convivencia", como demuestran los millones de turistas que llegan a Canarias cada año.
"Pedimos que el empresario que quiera explotar un complejo entero que lo compre, pues quedarse con la propiedad ajena e intentar cambiar el relato para favorecer esto incumple al menos dos de los sagrados mandamientos", apostilla la plataforma, que demanda la derogación de esta ley, en concreto de sus artículos 5.1, 23 y 25.