Canarias convalida el decreto para agilizar licencias e inicia su trámite como proyecto de ley
El Parlamento de Canarias ha convalidado hoy el decreto de agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, y ha acordado el inicio de su tramitación como proyecto de Ley. El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha presentado esta mañana ante el Pleno de la Cámara regional esta iniciativa que, según ha explicado, ha sido elaborada por los departamentos de Política Territorial y Obras Públicas y tiene como objetivo “mitigar la emergencia habitacional declarada en el Archipiélago”.
El documento, que ayer fue presentado en la Comisión General de Cabildos del Parlamento, ha sido redactado teniendo en cuenta las aportaciones de administraciones locales y agentes del sector “para que su contenido fuera lo más consensuado posible”. Manuel Miranda ha solicitado al Parlamento la tramitación de esta norma como Proyecto de Ley, con el ánimo de “debatir e incorporar propuestas de los diferentes grupos políticos y enriquecer el texto definitivo”.
El responsable de Política Territorial ha explicado que el documento propone promover la edificación de más viviendas, reduciendo la demora media en la concesión de licencias para su construcción. “Esta demora”, ha explicado Miranda, “es causada por la carencia de recursos humanos y materiales suficientes en las oficinas técnicas de muchos ayuntamientos de las islas”.
Este proyecto de ley, ha indicado, introduce como novedad “mecanismos de colaboración público-privada que permiten, a aquellos ayuntamientos que así lo consideren, agilizar la tramitación de sus licencias”. Esto se logra, ha continuado Miranda, “incorporando al procedimiento informes técnicos elaborados por colegios profesionales, medios propios personificados o entidades urbanísticas de colaboración, debidamente acreditadas”.
Los objetivos que persigue esta medida son, por un lado, agilizar dichos procedimientos administrativos y, por otro, aliviar la carga de trabajo de las oficinas técnicas municipales “que pueden destinar sus recursos a otras prioridades”.
Manuel Miranda ha explicado que la propuesta garantiza la seguridad jurídica del procedimiento y que “en ningún caso supone la privatización de las oficinas técnicas municipales”. Es una herramienta voluntaria que “aporta certezas respecto a los tiempos de planificación, tanto para la propia administración como para promotores privados de vivienda”. “El objetivo es que dichas licencias puedan obtenerse en un plazo razonable, más aproximado a los límites que marca la normativa”, ha añadido.
Vivienda asequible incentivada
El consejero de Política Territorial ha señalado, además, que la iniciativa incorpora la figura de la “vivienda asequible incentivada, un tipo de promoción de vivienda en alquiler destinada a familias cuyos ingresos no les permiten acceder a la vivienda pública tradicional, pero tampoco acceder al mercado libre”.
A esta medida se suma la posibilidad de reutilizar suelos terciarios, industriales o comerciales, para uso residencial, lo que supondrá “disponer de más suelo para construir vivienda protegida”, o la posibilidad de la “ejecución anticipada de viviendas en aquellos suelos aún no urbanizados por completo”.
Otras medidas
Manuel Miranda ha recordado durante su exposición que su departamento está desarrollando, “siempre en colaboración con los Ayuntamientos, otras medidas para ayudarles en la tramitación de expedientes”. Ha puesto como ejemplo la Oficina Virtual del Reto Demográfico, un recurso de auxilio administrativo para los 47 municipios de menos de 10.000 habitantes, que “son precisamente los que más dificultades tienen a la hora de desarrollar los procedimientos”.
La iniciativa que hoy se ha presentado ante el Pleno de la Cámara autonómica incluye una línea de colaboración para los 26 municipios de menos de 5.000 habitantes para que en aplicación de esta norma puedan disponer de una línea de ayuda para afrontar los gastos que de ella se deriven.
“Todas estas medidas, y también las contempladas en la propuesta de actualización de la Ley del Suelo”, ha continuado Miranda, “han sido consensuadas con los actores principales, es decir, con los ayuntamientos del Archipiélago”. La Federación Canaria de Municipios (FECAM) “ha participado activamente en su elaboración” y muchas de sus propuestas se han incorporado al texto que hoy traemos al Pleno”, ha explicado el consejero.