Regularización de migrantes: “No hay mayor control que saber quiénes están aquí y que tengan derechos”
El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros un nuevo real decreto que permitirá regularizar la situación administrativa de miles de personas migrantes que ya vivían en España antes del 1 de enero de 2026. La medida, que se publicará próximamente en el Boletín Oficial del Estado, abrirá un periodo de solicitudes previsiblemente desde el jueves hasta el 30 de junio.
La medida está dirigida a personas en situación administrativa irregular que ya se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026, quienes deberán demostrar una permanencia mínima de cinco meses en el país, además de cumplir con el resto de requisitos establecidos por la normativa.
Según Loueila Sid-Ahmed, abogada especializada en extranjería y entrevistada en la mañana del 15 de abril en COPE Lanzarote, esta iniciativa supone un avance importante en materia de derechos humanos y reconocimiento social. La letrada destaca que se trata de una oportunidad para que muchas personas que ya formaban parte de la sociedad española dejen de estar en la invisibilidad administrativa: “Es una muy buena noticia que por fin aquellas personas que ya vivían en España con carácter previo al 1 de enero del 2026, y que ya cumplían deberes, pues por fin puedan tener derechos, no estén invisibilizadas y por fin puedan regularizar su situación.”
Más allá del enfoque humanitario, también subraya el impacto positivo desde una perspectiva de control migratorio y orden administrativo. “Creo que no hay mayor control migratorio que saber quiénes son las personas que se encuentran aquí, que estén trabajando y que tengan derechos y puedan existir”.
La medida ha generado debate, aunque la experta insiste en que no debe considerarse un “efecto llamada”, ya que está dirigida exclusivamente a personas que ya residen en el país y cumplen requisitos estrictos. En este sentido, explica: “Esto no es un efecto llamada. Lo que hace es que para aquellas personas que ya estaban invisibilizadas aquí darles derechos, creo que es justicia social”.
Entre las condiciones exigidas se encuentran no tener antecedentes penales ni en España ni en los países de residencia previa en los últimos cinco años, no figurar como persona rechazable y no representar una amenaza para el orden o la seguridad pública.
La entrevista también pone rostro a quienes se verán beneficiados por esta regularización, mencionando especialmente a trabajadores invisibilizados de día a día: “Por fin nuestras vecinas, las mujeres que limpian las casas de Lanzarote, por fin las personas invisibilizadas que trabajaban de una manera clandestina van a tener derechos”.
Con esta medida, se busca actualizar la normativa de extranjería a una realidad social ya existente, reforzando la idea de que, como concluye Sid-Ahmed, “una ley orgánica que regula derechos y libertad de los extranjeros no puede quedarse atrás".