La Comisionada de Transparencia destaca en Lanzarote la necesidad de combatir el silencio administrativo

 La Comisionada de Transparencia de Canarias, Noelia García, participó en las jornadas formativas dirigidas a entidades locales celebradas en la isla de Lanzarote, en colaboración con la FECAM, en las que se dieron cita personal técnico y cargos públicos de diferentes administraciones insulares.

Durante su intervención, la comisionada subrayó la importancia de luchar contra el silencio administrativo, recordando que las reclamaciones de acceso a la información influyen directamente en los niveles de transparencia. “No tiene sentido aprobar la evaluación si después no contestamos a la ciudadanía”, insistió la comisionada, apelando a una mayor responsabilidad institucional en la atención a las solicitudes de información pública. García también puso en valor el trabajo conjunto entre administraciones, agradeciendo especialmente la implicación del comisionado insular de la FECAM en Lanzarote y alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, por su colaboración en el impulso de estas jornadas formativas.

Situación de la transparencia en Lanzarote

En cuanto a los datos de evaluación correspondientes a 2024, la comisionada detalló que un total de 65 entidades privadas fueron analizadas en la isla, de las cuales 19 (29%) resultaron incumplidoras y 12 suspendieron. Solo 6 entidades alcanzaron la excelencia (10 puntos), lo que supone aproximadamente un 9% del total, evidenciando que casi una de cada tres entidades no cumple con las obligaciones de transparencia.

Por otro lado, en el ámbito público, se evaluaron 17 entidades, alcanzando en general un nivel notablemente alto. Varias obtuvieron la máxima puntuación y la mayoría se situó entre 8 y 10 puntos. No obstante, se identificó como punto crítico el caso del Ayuntamiento de Yaiza, con una puntuación de 4,85, por debajo del umbral de aprobado. Respecto al derecho de acceso a la información, se registraron en 2025 un total de 56 reclamaciones en Lanzarote, de las cuales 35 se debieron a silencio administrativo y 21 a resoluciones expresas. Esto implica que 6 de cada 10 reclamaciones en la isla se producen por la falta de respuesta de la Administración.