El Gobierno de Canarias no impondrá ninguna placa solar sin que esté el Cabildo de Lanzarote de acuerdo
El Cabildo de Lanzarote informa de que está ultimando el informe institucional sobre la planta fotovoltaica proyectada en Mácher, dentro del procedimiento administrativo que tramita actualmente el Gobierno de Canarias.
La Corporación insular recuerda que en este expediente no se ha aplicado ninguna declaración de interés público al amparo del artículo 6 bis de la Ley del Suelo, sino que únicamente se ha solicitado informe a las administraciones afectadas dentro del trámite ordinario de consultas previsto en la normativa vigente.
El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Zapata, destacó que “esta legislatura los parques eólicos y fotovoltaicos que se han aprobado lo han hecho en consenso con los cabildos insulares de todas las islas, algo que no vamos a cambiar”.
Asimismo, señaló que “Canarias tiene que hacer un esfuerzo por avanzar en la descarbonización de esta tierra teniendo en cuenta que más del 90 % de la energía que consumimos procede de quemar combustible fósiles y contaminar nuestro medio ambiente”, recordando que “el futuro pasa ineludiblemente por el despliegue de energías renovables de manera planificada, ordenada y en consenso con todos los actores implicados, algo que venimos haciendo desde nuestra entrada en Gobierno”.
Por su parte, el consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín, subrayó que “la solicitud de informes realizada por el Gobierno de Canarias forma parte del procedimiento administrativo ordinario y no supone en ningún caso una autorización del proyecto”. Además, añadió que “el Cabildo está elaborando su informe y la posición que trasladaremos será contraria a esta instalación porque entendemos que no encaja en el modelo territorial y energético que defendemos para Lanzarote”.
El Cabildo de Lanzarote mantiene su defensa de un modelo energético basado en la implantación de instalaciones en espacios previamente transformados, la protección del paisaje y la exclusión del suelo agrario de alto valor.
