Pesca ilegal
Multan con más de 4.300 euros a un pescador por capturar un tiburón angelote en Lanzarote
La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, también inhabilita durante tres años al condenado para cazar y pescar, al estimar que ha cometido un delito contra la flora y fauna de pesca de especies protegidas, previsto y penado en el Artículo 334.1 del Código Penal
El Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife ha condenado a un pescador furtivo a pagar una multa de más de 4.300 euros por capturar, en diciembre de 2020, un tiburón angelote en Lanzarote.
La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, también inhabilita durante tres años al condenado para cazar y pescar, al estimar que ha cometido un delito contra la flora y fauna de pesca de especies protegidas, previsto y penado en el Artículo 334.1 del Código Penal.
El fallo considera probado que el 22 de diciembre de 2020 el ahora condenado procedió a la captura de un tiburón angelote (Squatina squatina), en la costa de Lanzarote, cuando su captura se encuentra prohibida.
Varios reglamentos europeos y el Catálogo español de especies amenazadas prohíben su captura, al tratarse de una especie protegida en peligro de extinción.
El acusado, de 32 años de edad y sin antecedentes penales, expresó su conformidad con la pena impuesta.
La asociación medioambiental canaria Adacis presentó en noviembre de 2023 una denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Lanzarote contra este pescador furtivo, tras tener conocimiento de la captura y descuartizamiento (publicado en aquellas fechas en redes sociales) de, al menos, un ejemplar de tiburón angelote.
Esta es la segunda condena en la que Adacis participa como acusación particular contra actividades de pesca ilegal de especies marinas protegidas, tras la obtenida en noviembre de 2023 contra un ciudadano que promovía como reclamo turístico internacional la pesca en Lanzarote de diversas especies protegidas de rayas y tiburones.
Adacis ha valorado en un comunicado esta sentencia "porque constituye un referente legal positivo y de relevancia para el conjunto de la sociedad canaria, de sus instituciones públicas y privadas, y para la protección efectiva de la vulnerable biodiversidad marina de las islas y de sus especies más amenazadas".
"Los reiterados esfuerzos, inversiones y trabajos promovidos por múltiples administraciones isleñas encargadas de garantizar la conservación efectiva de estos animales, y los profusos estudios científicos de universidades y ONGs para evitar la extinción del tiburón angelote en el archipiélago no pueden ser dañados en ningún modo por la actitud de personas irresponsables que atentan contra la vida de estos animales, destruyendo gravemente el patrimonio natural canario", recalca la entidad.
Y subraya que "la vida de un solo ejemplar de tiburón angelote puede ser decisiva para la supervivencia de la especie en Canarias, donde desempeña un papel esencial en su ecosistema ecológico marino y costero y contribuye con su presencia a la economía de las islas mediante su observación por actividades subacuáticas recreativas a través de numerosos centros de buceo".
La asociación medioambiental recuerda que luchar contra la impunidad de prácticas dañinas para la naturaleza marina de las islas requiere "de la firme implicación de sus instituciones públicas, privadas y de la propia ciudadanía, a la que anima a poner en conocimiento a las autoridades competentes cualquier hecho similar que se detecte en cualquiera de las islas".
La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, también inhabilita durante tres años al condenado para cazar y pescar, al estimar que ha cometido un delito contra la flora y fauna de pesca de especies protegidas, previsto y penado en el Artículo 334.1 del Código Penal.
El fallo considera probado que el 22 de diciembre de 2020 el ahora condenado procedió a la captura de un tiburón angelote (Squatina squatina), en la costa de Lanzarote, cuando su captura se encuentra prohibida.
Varios reglamentos europeos y el Catálogo español de especies amenazadas prohíben su captura, al tratarse de una especie protegida en peligro de extinción.
El acusado, de 32 años de edad y sin antecedentes penales, expresó su conformidad con la pena impuesta.
La asociación medioambiental canaria Adacis presentó en noviembre de 2023 una denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Lanzarote contra este pescador furtivo, tras tener conocimiento de la captura y descuartizamiento (publicado en aquellas fechas en redes sociales) de, al menos, un ejemplar de tiburón angelote.
Esta es la segunda condena en la que Adacis participa como acusación particular contra actividades de pesca ilegal de especies marinas protegidas, tras la obtenida en noviembre de 2023 contra un ciudadano que promovía como reclamo turístico internacional la pesca en Lanzarote de diversas especies protegidas de rayas y tiburones.
Adacis ha valorado en un comunicado esta sentencia "porque constituye un referente legal positivo y de relevancia para el conjunto de la sociedad canaria, de sus instituciones públicas y privadas, y para la protección efectiva de la vulnerable biodiversidad marina de las islas y de sus especies más amenazadas".
"Los reiterados esfuerzos, inversiones y trabajos promovidos por múltiples administraciones isleñas encargadas de garantizar la conservación efectiva de estos animales, y los profusos estudios científicos de universidades y ONGs para evitar la extinción del tiburón angelote en el archipiélago no pueden ser dañados en ningún modo por la actitud de personas irresponsables que atentan contra la vida de estos animales, destruyendo gravemente el patrimonio natural canario", recalca la entidad.
Y subraya que "la vida de un solo ejemplar de tiburón angelote puede ser decisiva para la supervivencia de la especie en Canarias, donde desempeña un papel esencial en su ecosistema ecológico marino y costero y contribuye con su presencia a la economía de las islas mediante su observación por actividades subacuáticas recreativas a través de numerosos centros de buceo".
La asociación medioambiental recuerda que luchar contra la impunidad de prácticas dañinas para la naturaleza marina de las islas requiere "de la firme implicación de sus instituciones públicas, privadas y de la propia ciudadanía, a la que anima a poner en conocimiento a las autoridades competentes cualquier hecho similar que se detecte en cualquiera de las islas".
