Política
Vecinos de Valterra exigen al Cabildo de Lanzarote la "entrega inmediata" de sus viviendas
10 de junio de 2026 (13:38 h.)
Los retrasos acumulados han llevado a los vecinos a tener que sufragar asesoramiento jurídico privado para defender sus derechos
Las setenta familias de Valterra (Arrecife) que residen en las viviendas que pertenecieron al Instituto Social de la Marina han exigido este miércoles al Cabildo de Lanzarote que acabe "el bloqueo burocrático" y les entregue sus viviendas de forma inmediata.
Los afectados han pedido al Cabildo en un comunicado que formalice la entrega de las viviendas y "ponga fin a las demoras injustificadas" y han lamentado que el área de Vivienda del Cabildo "haya recurrido ahora a un nuevo informe jurídico externo, prolongando de forma innecesaria una angustia que dura ya décadas".
A pesar de que el traspaso estatal se aprobó por ley en 2022 y las casas ya figuran inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre del Cabildo de Lanzarote se sigue demorando la regularización final de las escrituras.
Los moradores de las casas, "familias de origen humilde vinculadas históricamente al sector pesquero local, denuncian que se encuentran atrapadas en un bucle administrativo que perpetúa una situación de absoluta inseguridad jurídica", señala la nota.
El origen del conflicto se remonta a las casas construidas en 1955 por el Instituto Social de la Marina (ISM). Tras décadas de reivindicación histórica, la Ley 10/2022 de 14 de junio autorizó la donación estatal de estos inmuebles al Cabildo con el propósito de que este los transmitiera a sus legítimos moradores.
Sin embargo, a pesar de que la corporación insular ya completó la inscripción de las casas a su nombre en el Registro de la Propiedad, los títulos individuales siguen sin llegar a manos de los vecinos.
El malestar vecinal se ha agravado tras conocerse que el área de Vivienda del Cabildo ha contratado un dictamen jurídico externo para volver a estudiar los términos de la transmisión y dictaminar si los vecinos deben abonar alguna cantidad, explican desde la asociación vecinal que agrupa a estos propietarios.
Para los portavoces de los afectados, "este movimiento supone una maniobra dilatoria innecesaria, ya que es incomprensible que se siga auditando lo que ya fue ratificado por ley y por el propio pleno de la institución".
"No somos nuevos adjudicatarios; somos los moradores históricos y legítimos que han abonado la totalidad del precio de las viviendas y que llevamos esperando este reconocimiento toda la vida", afirman.
Los retrasos acumulados han llevado a los vecinos a tener que sufragar asesoramiento jurídico privado para defender sus derechos.
Las exigencias inmediatas de los afectados pasan por que haya transparencia absoluta sobre los resultados del último informe jurídico externo encargado por el Cabildo, garantía de gratuidad en la transmisión de las viviendas, disolución de trabas administrativas y atención directa a las necesidades de mantenimiento de las viviendas y fijación de un calendario vinculante para la firma final de las escrituras.
Las familias recuerdan que "detrás de los expedientes hay realidades humanas, personas mayores y familias vulnerables que viven bajo el temor constante de no ver resuelta la situación patrimonial de sus vidas".
Y advierten de que si no se reciben respuestas claras de manera inmediata por parte del presidente insular y su grupo de gobierno, intensificarán las medidas de protesta social y las acciones legales pertinentes.
Los afectados han pedido al Cabildo en un comunicado que formalice la entrega de las viviendas y "ponga fin a las demoras injustificadas" y han lamentado que el área de Vivienda del Cabildo "haya recurrido ahora a un nuevo informe jurídico externo, prolongando de forma innecesaria una angustia que dura ya décadas".
A pesar de que el traspaso estatal se aprobó por ley en 2022 y las casas ya figuran inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre del Cabildo de Lanzarote se sigue demorando la regularización final de las escrituras.
Los moradores de las casas, "familias de origen humilde vinculadas históricamente al sector pesquero local, denuncian que se encuentran atrapadas en un bucle administrativo que perpetúa una situación de absoluta inseguridad jurídica", señala la nota.
El origen del conflicto se remonta a las casas construidas en 1955 por el Instituto Social de la Marina (ISM). Tras décadas de reivindicación histórica, la Ley 10/2022 de 14 de junio autorizó la donación estatal de estos inmuebles al Cabildo con el propósito de que este los transmitiera a sus legítimos moradores.
Sin embargo, a pesar de que la corporación insular ya completó la inscripción de las casas a su nombre en el Registro de la Propiedad, los títulos individuales siguen sin llegar a manos de los vecinos.
El malestar vecinal se ha agravado tras conocerse que el área de Vivienda del Cabildo ha contratado un dictamen jurídico externo para volver a estudiar los términos de la transmisión y dictaminar si los vecinos deben abonar alguna cantidad, explican desde la asociación vecinal que agrupa a estos propietarios.
Para los portavoces de los afectados, "este movimiento supone una maniobra dilatoria innecesaria, ya que es incomprensible que se siga auditando lo que ya fue ratificado por ley y por el propio pleno de la institución".
"No somos nuevos adjudicatarios; somos los moradores históricos y legítimos que han abonado la totalidad del precio de las viviendas y que llevamos esperando este reconocimiento toda la vida", afirman.
Los retrasos acumulados han llevado a los vecinos a tener que sufragar asesoramiento jurídico privado para defender sus derechos.
Las exigencias inmediatas de los afectados pasan por que haya transparencia absoluta sobre los resultados del último informe jurídico externo encargado por el Cabildo, garantía de gratuidad en la transmisión de las viviendas, disolución de trabas administrativas y atención directa a las necesidades de mantenimiento de las viviendas y fijación de un calendario vinculante para la firma final de las escrituras.
Las familias recuerdan que "detrás de los expedientes hay realidades humanas, personas mayores y familias vulnerables que viven bajo el temor constante de no ver resuelta la situación patrimonial de sus vidas".
Y advierten de que si no se reciben respuestas claras de manera inmediata por parte del presidente insular y su grupo de gobierno, intensificarán las medidas de protesta social y las acciones legales pertinentes.