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Marciano Acuña denuncia el "estado de abandono durante cuatro años” de las personas vulnerables

Marciano Acuña, consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote.
Marciano Acuña, consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote.
El consejero de Bienestar Social del Cabildo rechaza el Servicio de Atención Integral de la Dependencia de la Isla de Lanzarote (SAIDIL)
Marciano Acuña denuncia el "estado de abandono durante cuatro años” de las personas vulnerables

El consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote, Marciano Acuña, se muestra tajante sobre “la necesidad de devolver a Lanzarote y La Graciosa, y a su población, los derechos para la prestación de los servicios a personas en situación de dependencia”.

Marciano Acuña expone que, en la pasada legislatura, el Grupo Socialista "se dedicó a disponer de fondos económicos solicitados al Gobierno de Canarias, que lejos también de ejecutarse, han situado al Cabildo de Lanzarote en una situación de fragilidad al tener que devolver los mismos, con intereses de demora, por haber mostrado en el anterior mandato incapacidad manifiesta en sacar adelante algún proyecto”. 

Acuña recuerda que el Servicio de Atención Integral de la Dependencia de la Isla de Lanzarote (SAIDIL) “no llegó ni tan siquiera a pasar los filtros necesarios por el Gobierno autonómico para su implantación”. El PSOE "ha desaprovechado el anterior mandato", asegura y añade que, "lamentablemente, "se ha tenido que devolver todo ese dinero en la anualidad 2022 y nos han hipotecado la anualidad 2023”. 

Gestión con las entidades del tercer sector

Acuña sostiene que el Grupo de Gobierno presidido por Corujo "recibió una aportación dineraria por importe de 500.000 euros para poner en marcha el ‘Proyecto Socialista’, y que cuando asume la responsabilidad del Área en el presente mandato se encuentra que del dinero recibido hay que devolver, por no haber sido ejecutado la cantidad de 317.574 euros”. 

El consejero afirma: “Es la primera vez que esta Área en concreto, y por tanto esta Administración, tiene que devolver más de 3,5 millones de euros por no haber tenido un modelo de gestión y una hoja de ruta centrada en las personas”.

Por último, Marciano Acuña se reafirma "en la hoja de ruta de este Gobierno durante estos próximos cuatro años en esta materia, que es poner en funcionamiento todos los centros y servicios que se financian mediante el actual Convenio de Dependencia, concertar la prestación de los servicios esenciales y marcar un nuevo modelo de gestión y relación con las entidades del Tercer Sector”.

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