2016 sin Autoridad

Trump por Obama, un gobierno en funciones en España, el drama de los refugiados, el Brexit, la muerte de Leonard Cohen… A lo largo de 2016 acaecieron infinidad de acontecimientos, entre los que no se encuentra la creación de la Autoridad Portuaria de Lanzarote. Seguramente habrá que atribuir el incumplimiento de este viejo anhelo al atasco producido por la ingobernabilidad del país durante casi todo el año.

Ha quedado demostrado que, por su volumen de tráfico, el Puerto de Arrecife ocupa la zona media en el ranking de los puertos españoles de interés general del Estado. Recurriendo a un símil futbolero, no jugaría competiciones europeas, pero tampoco correría el riesgo de descender a segunda división. Lo cierto es que el de Arrecife se sitúa por encima de muchos puertos que sí cuentan con Autoridad Portuaria. Al ser una instalación estratégica y ofrecer enormes potencialidades para el desarrollo económico insular, resulta incomprensible que a no cuente todavía con su propia Autoridad Portuaria.
 
“Ha quedado probado, asimismo, que es económicamente rentable, el otro gran enigma que ha venido obstaculizando las reclamaciones de autonomía del puerto lanzaroteño”
 
Ha quedado probado, asimismo, que es económicamente rentable, el otro gran enigma que ha venido obstaculizando las reclamaciones de autonomía del puerto lanzaroteño. Cada vez que se la cuestión se ponía sobre la mesa, al poco se plantaba en la isla el presidente de turno de la Autoridad Portuaria provincial y, poniendo cara de farol, afirmaba solemnemente que si el Puerto de Arrecife se desgajaba del de Las Palmas de Gran Canaria sería incapaz de mantenerse. Y que si el Puerto de Arrecife ha escapado hasta ahora ha sido gracias a las generosas aportaciones de los dirigentes y las empresas grancanarias.
 
Aunque no llegó en 2016 la esperada Autoridad Portuaria de Lanzarote, al menos se desveló la gran patraña que, desde hace décadas, se ha venido consumando para impedir que el puerto se convierta en un nuevo polo de desarrollo, tomando sus legítimas decisiones en función de sus propios intereses. El hecho insular y la caduca división en provincias aplicada al Archipiélago exigen un tratamiento diferenciado para los puertos principales de las Islas. Quizá en 2017.
 
JM Quintero

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