Parecía un funeral. El Consorcio del Agua de Lanzarote no ratificó finalmente el Convenio suscrito por el presidente del órgano, Pedro San Ginés, con la empresa Club Lanzarote, SA. El acuerdo de ratificación formaba parte del orden del día de la reunión del Consorcio señalada para el pasado viernes, a las 08.00 horas. Pedro San Ginés no acudió a la reunión y delegó sus funciones en Echedey Eugenio. El único acuerdo que se adoptó fue remitir a los Juzgados el texto del Convenio, sin firmar y sin ratificar tanto por el propio Consorcio del Agua como por el Consejo Insular de Aguas. La reunión de este último órgano se suspendió la semana pasada tras haber sido convocada.
Estaba previsto que el citado acuerdo se presentara en sede judicial, para su validación o no; lo inesperado es que se remita sin ser ratificado. La ratificación del convenio con Club Lanzarote, SA, tiene la finalidad de regular el suministro de agua en la Urbanización Montaña Roja. Y ello, "por el interés general de los vecinos hasta la recepción del Plan Parcial fecha en que la gestión global y completa del servicio se realizará por el Consorcio del Agua de Lanzarote". Así se ha justificado el acuerdo alcanzado por parte del presidente del Cabildo, del Consorcio y del Consejo, Pedro San Ginés. Dicha ratificación estaba prevista la semana pasada, pero se aplazó alegando que el secretario, Pedro Perdomo Quintana, estaba de viaje.
Para el Cabildo, es un convenio “enormemente beneficioso” para el Consorcio ya que obtiene un canon importante
Según el Cabildo, en virtud de dicho acuerdo, Club Lanzarote, SA, “viene a asumir con su firma las tesis jurídicas del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote en el sentido de que su actividad era irregular y el servicio de abastecimiento y depuración domiciliaria del agua está delegado en el Consorcio del Agua de Lanzarote, único ente habilitado”. De esta forma todos los vecinos, usuarios, clientes del Plan Parcial tendrán un contrato con el Consorcio del Agua de Lanzarote a cuyo nombre se emitirán las facturas. Para el Cabildo, es un convenio “enormemente beneficioso” para el Consorcio en la medida que, sin asumir ningún riesgo ni coste de gestión, obtiene un canon importante. Club Lanzarote, SA, “ingresará la facturación abonando en concepto de canon el 15% de lo facturado por el total de servicio".
El convenio “cuenta con tres informes jurídicos”: el del letrado que representa a la institución en los distintos contenciosos; el de la asistencia jurídica externa del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote; y un tercero de la directora adjunta de los Servicios Jurídicos del Cabildo de Lanzarote. Además de un cuarto informe favorable al convenio, de la interventora del Consorcio, por cuanto el mismo expone “no supone coste alguno para el ente local”. A pesar de tantos informes, el acuerdo no fue ratificado.
Tras la incautación, Club Lanzarote interpuso una querella que se encuentra en su fase final
Las partes firmantes reconocen que se trata de “un conflicto jurídicamente complejo” hecho que ha generado “diferentes procesos judiciales abiertos y la necesaria duración de los mismos hasta su finalización dan lugar a cronificar en el tiempo el conflicto jurídico generando, en consecuencia, una incertidumbre en los ciudadanos y vecinos de Montaña Roja perjudicándose de este modo el interés general”, apunta el Cabildo, que concluye así: “durante todo el proceso ninguna agrupación política ha estado en contra de las negociones, ni de llegar a un acuerdo”.
Con este acuerdo se pretende dar carpetazo a los procedimientos contenciosos-administrativos que mantienen las partes en los tribunales, afectando únicamente a los expedientes que el Consejo Insular de Aguas abrió contra Club Lanzarote después de que la incautación fue anulada. Por lo tanto, el pacto es un arreglo extrajudicial que cierra los pleitos interpuestos por la administración pública contra Club Lanzarote en vía administrativa, pero la penal seguirá su curso.
Tras la incautación de sus activos hidráulicos de que fue objeto, Club Lanzarote interpuso una querella que se encuentra en su fase final para la apertura de juicio al presidente del Cabildo y del Consejo de Aguas, Pedro San Ginés, y a otras tres personas (Francisco Perdomo Quintana, José Juan Hernández Duchemín e Ignacio Calatayud Prats) por presuntos delitos de prevaricación y coacciones en la incautación de la desaladora y la depuradora. En esta querella está personado Podemos como acusación particular.