Mercedes Roldós: “Canarias es un destino seguro y debemos saber reconocer los buenos datos”

“Canarias es un destino seguro y debemos saber reconocer los buenos datos” ha manifestado Roldós. En este sentido, ha explicado que a pesar de la cifra récord de 15 millones de turistas en Canarias el pasado año y el duro periodo de crisis económica, el número de delitos y faltas registradas por la Guardia Civil en Lanzarote en 2009 fue de 6052 y en 2016 bajó a 4261, es decir un 30% menos.

 

La delegada del Gobierno de Canarias, Mercedes Roldós, ha visitado la Isla para conocer las instalaciones y el personal de la Dirección Insular de la Administración del Estado y lo ha hecho de la mano de su director, Juan Prats.

 

Así mismo ha aprovechado su viaje para mantener dos encuentros de trabajo, el primero de ellos con el consejero de Hacienda del Cabildo de Lanzarote, Luis Arráez, y el segundo con los representantes de la Confederación de Empresarios de Lanzarote (CEL).

 

Roldós ha informado de que en la reunión con Arráez se ha tratado sobre la constitución de la Red Tributaria de la isla de Lanzarote, que se va a encargar de gestionar la recaudación de los impuestos de Arrecife, Tinajo, Teguise y Haría.

 

En este sentido, la delegada del Gobierno en Canarias ha explicado que estos cuatro municipios han realizado unos acuerdos plenarios para la delegación al Cabildo insular sobre las facultades de gestión, recaudación e inspección de sus tributos locales.

 

 

 

Uno de los temas “más importantes”, según ha destacado Roldós, es que entre 2015 y 2106 se ha detectado que turistas de Reino Unido, a través de despachos de abogados británicos, están poniendo reclamaciones supuestamente fraudulentas de infecciones alimentarias contraídas en establecimientos de zonas turísticas españolas.

 

Según Roldós, el origen de estas reclamaciones fraudulentas estaría en la actuación de una serie de bufetes de abogados que captan clientes para hacer este tipo de reclamaciones amparándose en la laxitud de la legislación británica, en cuanto a que esta permite poner una denuncia hasta tres años después del suceso acaecido y en el caso de menores de edad hasta tres años después de haber cumplido la mayoría de edad.

 

La legislación británica además, soporta la carga de la prueba en el establecimiento turístico y no en el demandante como sucede en la legislación española. De esta laxitud "aparecen una serie de aprovechados que mandan a captadores a las localidades turísticas para aconsejar al turista que ponga esta reclamación porque así la estancia le va a salir gratis”.

 

“El gobierno de España está muy preocupado con este tipo de actuaciones y ya está en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, llevando las quejas a los distintos departamentos ministeriales del Reino Unido para tomar actuaciones”, ha aclarado la delegada del Gobierno en Canarias.

 

También se está trabajando con las confederaciones empresariales de toda España y con los hoteleros españoles para implantar y definir protocolos que aseguren pruebas y evidencias ante posibles reclamaciones y, lo que es más importante, la negociación de nuevas cláusulas que impidan la compensación automática.

 

“Es un tema importante para el sector turístico español y que al gobierno de España le importa mucho, porque no es de recibo que turistas que son muy bien atendidos en nuestros establecimientos turísticos, que son de primerísima categoría, puedan causar un daño en la imagen del sector turístico español” ha afirmado la delegada.

 

 

 

En la reunión con los representantes de la CEL, Roldós ha trasladado que han hablado sobre la posibilidad de establecer, en varios municipios turísticos, convenios de Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE).

 

"Se trata de oficinas de servicio de atención al turista extranjero en colaboración con la Guardia Civil y los ayuntamientos que pretenden ofrecer una asistencia integral especializada cuando el turista ha sido víctima de cualquier infracción penal", ha explicado.

 

Para ello habrá un equipo de expertos judiciales que puedan asesorar por ejemplo en gestiones de procedimiento a efectos documentales como la cancelación de tarjetas de crédito; contactos con embajadas o con consulados; asistencias fundamentalmente en la tramitación de la denuncia y en el caso de que fuera necesario notificación inmediata al juzgado de guardia.

 

Estos convenios de colaboración ya se están llevando a cabo en algunos municipios turísticos de Baleares, Cataluña, Levante o la Costa del Sol y, según Roldós, hay interés de que se implanten en los municipios turísticos de Canarias.

 

 

 

En cuanto a las vacantes de la Guardia Civil, Mercedes Roldós, ha confirmado que en Lanzarote hay 31 plazas vacantes para estar al 100%. Actualmente la cobertura de la Guardia Civil en la Isla es del 91%, y para Roldós: “ya quisieran otras zonas de España” esta cobertura. Y que el número de Policías Nacionales que faltan es "similar".

 

Así mismo se ha hablado de la posibilidad de tener un mayor número de efectivos disponibles mediante la creación de una bolsa de empleo que permita cubrir acontecimientos extraordinarios como puede ser el Carnaval o el Ironman, ya que estos eventos suponen un “enorme esfuerzo para la Guardia Civil y cada vez son más frecuentes”.

 

“Somos muy conscientes de que es necesario aumentar el número de Guardias Civiles y de Policías Nacionales en Canarias, pero dicho esto es importante que en los nuevos Presupuesto Generales del Estado tengamos una mayor dotación y no solamente en recursos humanos si no también materiales” ha concluido la delegada del Gobierno en Canarias.