Por apropiarse de droga incautada
El Tribunal Supremo confirma la pena de 21 meses de prisión para un guardia civil
Así mismo, el agente ha sido condenado a pagar una multa de 1.350 euros y a la uspensión de empleo por tiempo de un año y seis meses e imposición de las costas procesales.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado una condena de 21 meses de prisión para un guardia civil destinado en el Equipo de Seguridad Ciudadana de Costa Teguise por apropiarse de droga intervenida -cocaína, marihuana y hachís- en diversas operaciones.
La sentencia recurrida ha considerado probado que el funcionario policial era autor de un delito continuado de malversación. Por ello, además de la pena de prisión, el agente ha sido condenado a pagar una multa de 1.350 euros y a la suspensión de empleo por tiempo de un año y seis meses e imposición de las costas procesales.
En la sentencia se señala que “el acusado con el fin de obtener un beneficio económico y a sabiendas de que con dicha conducta contravenía los deberes de fidelidad inherentes a su cargo, el día 28 de abril de 2010, se apoderó de 1,4 gramos de cocaína, que había sustraído del sobre en que la sustancia encontraba y que el acusado custodiaba como consecuencia de la incautación de dicha sustancia en la vía pública, no reintegrándola en ningún momento”.
Ese mismo día, relata la sentencia, el agente “tenía a su disposición en su domicilio 16,07 gramos de hachís, 1,70 gramos de marihuana y 0,50 gramos de cocaína, con una riqueza media del 4,43 % expresada en cocaína base. El acusado, se apoderó de las sustancias que fueron intervenidas en su domicilio, las cuales procedían de incautaciones policiales de sustancias estupefacientes en la vía pública”.
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el agente contra la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de fecha 17 de noviembre de 2016, que confirmó en apelación la del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria de 19 de febrero de 2016.