El Consorcio recuerda que la Comisión de Precios ya se pronunció en contra de la subida de tarifas

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que exige al Consorcio del Agua que actualice las tarifas de los años 2020 a 2023, no tendrá efectos prácticos dado que el Consorcio ya cumplió con dicho fallo judicial, remitiendo las tarifas a la Comisión de Precios de Canarias, y este ente, dependiente del Gobierno de Canarias, se pronunció en contra de dicha actualización.

El presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consorcio del Agua, Oswaldo Betancort, ha querido salir al paso del comunicado remitido por Canal Gestión haciéndose eco de esa sentencia, que estima el recurso de la concesionaria del ciclo integral del agua, y que lo único que acuerda, según dice textualmente el fallo, es que “sean adoptadas las medidas necesarias para que el Consorcio del Agua actualice las tarifas correspondientes a las anualidades ya vencidas (2020-2023, ambas inclusive)”.

“La sentencia del TSJC obliga al Consorcio del Agua a adoptar unas medidas que ya han sido tramitadas. La solicitud de revisión de tarifas del periodo 2020-2023, de las que habla la sentencia, ya fue tramitada y sometida al Dictamen de la Comisión de Precios de Canarias y este órgano, al igual que sucedió con las tarifas correspondientes a las anualidades 2017-2019, se pronunció en contra de la subida. Canal Gestión ha querido alardear de una sentencia cuyos efectos son inocuos para la isla de Lanzarote y La Graciosa”.

“Lo que no es inocuo para la isla de Lanzarote y la Graciosa son las pérdidas en la producción del agua superiores al 56%, y los cortes de suministro diario que padecemos. Sin embargo, para informar de eso no sacan ninguna nota de prensa”, matiza Betancort. 

El pasado 4 de noviembre, el Consorcio del Agua de Lanzarote acordó desestimar la solicitud de Canal Gestión de revisión de las tarifas de las anualidades 2020 a 2024, previo informe de La Comisión de Precios de Canarias del mes de octubre, en la que, por unanimidad, desestimaba la modificación de tarifas del servicio público de abastecimiento en la isla de Lanzarote y La Graciosa.

“Las tarifas deben estar sometidas a la Comisión de Precios”

La sentencia del TSJC, a la que alude el comunicado de Canal Gestión Lanzarote, trae causa de la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de Las Palmas, dictada el 9 de febrero de 2021 y ratificada por el TSJC en julio del mismo año. Aquella sentencia reconocía el derecho de Canal Gestión a que se revisara el contrato conforme a la fórmula de IPC+1, pero con claridad añade: “...Las tarifas, una vez aprobadas por el Consorcio, serán sometidas a la Comisión de Precios de Canarias…” y ese trámite ya ha sido cumplido. 

En cuanto a la referencia de la nota de prensa de Canal Gestión relativa a que el Consorcio del Agua no le ha compensado por su supuesto desequilibrio económico, que cifra en 35 millones de euros, desde el Consorcio se indica que no existe hasta la fecha sentencia o resolución alguna que le reconozca a Canal Gestión el derecho de percibir ninguna cantidad por ese concepto ni cualquier otro. Precisamente, la sentencia de 9 de febrero de 2021 desestimó la reclamación de cantidad interpuesta por Canal Gestión debido a que era necesario tramitar primero la revisión de las tarifas y someterlas a la Comisión de Precios de Canarias para conocer si ha existido o no el desequilibrio económico que alega Canal Gestión. 

El resultado de la tramitación, ordenada en la sentencia, es el que conocemos, que desestimó la subida de tarifas entre otros motivos porque Canal Gestión tienen unas pérdidas en la producción de agua superiores al 56 por ciento y eso es lo que le ha impedido tener beneficios.

Betancort añade también que “en la Legislatura pasada el Cabildo de Lanzarote adelantó generosamente 1,5 millones de euros a Canal Gestión a cuenta de una posible deuda futura por la revisión de tarifas entre los años 2017 y 2019, pese a que nunca la tramitaron. Dándose la circunstancia que ha sido rechazada por la Comisión de Precios de Canarias, por tanto, no existe deuda. Viéndose ahora además este Cabildo y el Consorcio del Agua a reclamar ese dinero a la concesionaria”.

El consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote, Domingo Cejas, ha añadido que “no hay ninguna sentencia, ningún auto, ni ningún pronunciamiento judicial que obligue al Consorcio del Agua a pagar cantidad alguna por la no actualización de tarifas. Ni 35 millones ni un euro. Canal Gestión está tratando de alarmar a la ciudadanía cuando estamos justo en medio de un proceso para rescindir un contrato que desde hace años se incumple sistemáticamente por la concesionaria y cuyas consecuencias las padece nuestra población.”

En la resolución de la Comisión de Precios, de octubre pasado, se argumentaba que “como consecuencia de la ineficiente gestión llevada a cabo, que implica que cada año se obtengan mayores porcentajes de volúmenes de agua no registrada, y el consiguiente perjuicio que supondría para el ciudadano aprobar la modificación de tarifas solicitadas, sin ser este último el culpable del problema, es por lo que finalmente se acuerda por unanimidad, desestimar la modificación de las tarifas propuestas”.