INMIGRACIÓN
Cuatro años y medio de cárcel para el patrón de un cayuco con varios menores y heridos
28 de octubre de 2025 (10:34 h.)
El viaje duró diez días, partieron desde la costa de Senegal hasta Canarias y se le atribuye haber cobrado unos 500 euros a cada uno, según se recoge en la sentencia
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a cuatro años y cinco meses de cárcel a un hombre acusado de ejercer como patrón de un cayuco que llegó a Tenerife con 52 migrantes, seis de ellos menores, de los que tres presentaban lesiones que tardaron hasta tres meses en curarse.
El viaje duró diez días. Comenzó el 12 de julio de 2023 cuando el procesado, actuando junto con otras personas que no fueron identificadas o por encargo de éstas, partieron desde la costa de Senegal hasta Canarias y se le atribuye haber cobrado unos 500 euros a cada uno, según se recoge en la sentencia.
La embarcación, de 15 metros de eslora y propulsada por dos motores, arribó a la costa de Tenerife a las 14:45 del 22 de julio tras ser remolcada por una patrullera de Salvamar al puerto de Los Cristianos.
Las condiciones de la embarcación, según el fallo, eran “absolutamente inadecuadas” para realizar esta travesía al carecer de medidas de seguridad, luces de posición o sistemas de comunicación adecuados, y no se facilitó a los viajeros chalecos salvavidas y los botes de gasolina estaban entre los viajeros.
Como consecuencia de todo ello hubo tres personas heridas por deshidratación, fracturas en el antebrazo, desintegración del tejido muscular, úlceras, infecciones y síndrome de inmovilidad que en un caso tardaron en curarse hasta tres meses.
El acusado fue detenido desde el primer momento y como prueba se mantuvo que tenía en su poder unos 300 euros, un cartón con anotaciones sobre coordenadas que coincidían con el trayecto realizado y ser reconocido por algunos de los viajeros.
En total, la Policía llegó a entrevistar a 12 personas de los 52 pasajeros, según los agentes, “por razones operativas”, dada la carencia de intérpretes, por lo que eligieron a aquellas que bajo su punto de vista podrían ayudar a esclarecer la investigación.
Por medio de un ordenador les enseñaron las fotografías en formato digital de todos los pasajeros y otras nueve instantáneas fueron presentadas en papel.
La defensa planteó que no se llegó a investigar la razón por la que se encontraron 15 móviles entre los viajeros, a pesar de extrañarles a los policías, quienes no encontraron mayores indicios para poder determinar su culpabilidad.
Aunque no se cumplió con el requisito de ofrecer asistencia letrada, desde la Audiencia se justifica que esto sólo es obligatorio en los casos que impliquen la devolución de los migrantes, no de forma general.
El fiscal en su día consideró que se estaba ante un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de ocho de lesiones por imprudencia grave, de los que consideraba autor al acusado, para el que pedía una pena de cinco años de cárcel y otros cuatro por el de lesiones.
Finalmente, la condena aceptada es de cuatro años por el primer delito y de cinco meses por el segundo.
En cuanto a responsabilidad civil solicitaba que se indemnizara a los heridos con un total de 7.700 euros con cantidades que oscilaban entre un máximo de 3.450 euros y un mínimo de 700, mientras que la defensa mantuvo desde el principio la libre absolución.
El viaje duró diez días. Comenzó el 12 de julio de 2023 cuando el procesado, actuando junto con otras personas que no fueron identificadas o por encargo de éstas, partieron desde la costa de Senegal hasta Canarias y se le atribuye haber cobrado unos 500 euros a cada uno, según se recoge en la sentencia.
La embarcación, de 15 metros de eslora y propulsada por dos motores, arribó a la costa de Tenerife a las 14:45 del 22 de julio tras ser remolcada por una patrullera de Salvamar al puerto de Los Cristianos.
Las condiciones de la embarcación, según el fallo, eran “absolutamente inadecuadas” para realizar esta travesía al carecer de medidas de seguridad, luces de posición o sistemas de comunicación adecuados, y no se facilitó a los viajeros chalecos salvavidas y los botes de gasolina estaban entre los viajeros.
Como consecuencia de todo ello hubo tres personas heridas por deshidratación, fracturas en el antebrazo, desintegración del tejido muscular, úlceras, infecciones y síndrome de inmovilidad que en un caso tardaron en curarse hasta tres meses.
El acusado fue detenido desde el primer momento y como prueba se mantuvo que tenía en su poder unos 300 euros, un cartón con anotaciones sobre coordenadas que coincidían con el trayecto realizado y ser reconocido por algunos de los viajeros.
En total, la Policía llegó a entrevistar a 12 personas de los 52 pasajeros, según los agentes, “por razones operativas”, dada la carencia de intérpretes, por lo que eligieron a aquellas que bajo su punto de vista podrían ayudar a esclarecer la investigación.
Por medio de un ordenador les enseñaron las fotografías en formato digital de todos los pasajeros y otras nueve instantáneas fueron presentadas en papel.
La defensa planteó que no se llegó a investigar la razón por la que se encontraron 15 móviles entre los viajeros, a pesar de extrañarles a los policías, quienes no encontraron mayores indicios para poder determinar su culpabilidad.
Aunque no se cumplió con el requisito de ofrecer asistencia letrada, desde la Audiencia se justifica que esto sólo es obligatorio en los casos que impliquen la devolución de los migrantes, no de forma general.
El fiscal en su día consideró que se estaba ante un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de ocho de lesiones por imprudencia grave, de los que consideraba autor al acusado, para el que pedía una pena de cinco años de cárcel y otros cuatro por el de lesiones.
Finalmente, la condena aceptada es de cuatro años por el primer delito y de cinco meses por el segundo.
En cuanto a responsabilidad civil solicitaba que se indemnizara a los heridos con un total de 7.700 euros con cantidades que oscilaban entre un máximo de 3.450 euros y un mínimo de 700, mientras que la defensa mantuvo desde el principio la libre absolución.