La Intervención de Arrecife tramitaba facturas con sello manual, en un registro aparte

Un técnico del departamento de Intervención del Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) convocado como testigo en el 'caso Montecarlo' ha explicado a la Audiencia de Las Palmas que llevaba el registro de facturas al margen del registro general del Consistorio hasta el año 2011.

En su declaración en el juicio, este testigo, Manuel Martín Gutierrez, ha contado que había empresarios que presentaban facturas en las que se estampaba un sello manual, pero con posibilidad de cambiar la fecha, y se comparaban las firmas de los concejales y los técnicos con una plantilla que tenían con firmas en el departamento.

En una de ellas hubo una confusión, porque se parecían, entre la de un técnico acusado en la causa, Blas Cedrés, y la de una exconcejal, que no había firmado la factura.

En muchas facturas no se identificaba a quién pertenecía la firma, solo se reflejaba "el concejal" o "el técnico" y pasó a ponerse, según este testigo, "el empleado del Ayuntamiento".

Las acusaciones han intentado poner de manifiesto en las dos primera sesiones del juicio el descontrol que consideran que había en aquella etapa en el Ayuntamiento de Arrecife, ya que no se fiscalizaban las facturas ni en Intervención, ni en Tesorería -no era su cometido-, ni en Contratación, que dependía de Intervención.

Por otra parte, Carmen Villaverde, técnico de gestión, que fue tesorera accidental, ha relatado al tribunal que se negó a autorizar un informe que permitía pagar las facturas sin respetar el orden de prelación y, después de eso, ya no ejerció más como sustituta.

La exsecretaria accidental Asenet Padrón, llegó a denunciar que habían entrado en su despacho en su ausencia y sin su consentimiento en busca de un expediente objeto de investigación judicial en el caso Montecarlo, que se había llevado a su casa el entonces alcalde Cándido Reguera.

Padrón fue destituida de su cargo y tuvo que ser repuesta tras ganar dos contenciosos. En este juicio, ha corroborado la versión del tesorero de que había recibido presiones durante una reunión para aprobar un listado de facturas pendientes.

Los exconcejales Manuel Fajardo Feo, Teresa Lorenzo y Blanca Blancas, en la oposición en los años 2011 y 2012, han señalado que se abstuvieron o se opusieron a la aprobación de las facturas en la Comisión de Hacienda.

Otra de las cuestiones sobre las que se preguntó en la vista oral fue el contrato de dinamización de centros socioculturales, adjudicado a Tunera Producciones, la empresa en torno a la que gira esta última pieza del caso Montecarlo.

Han declarado dos extrabajadoras, que no eran animadoras socioculturales. Una de ellas señaló que primero fue contratada por un convenio con el Servicio Canario de Empleo para ese proyecto y las acusaciones pusieron de manifiesto lo innecesario de la contratación, si ya se llevaba a cabo con trabajadores de convenio.

Otra de las testigos relató que no había girado ninguna factura a nombre de la empresa, ya que no era autónoma, aunque en la causa aparece una factura a su nombre.

Por otra parte, el técnico de cultura del Ayuntamiento, Humberto Guadalupe, ha dicho que no tuvo relación con ese proyecto y que incluso llegó a poner una queja al respecto, mientras que Ana Gopar, técnica de educación, ha relatado que fue designada por el exconcejal Lorenzo Lemaur para fiscalizar el contrato y que en Contratación la advirtieron de que debía salir a licitación o tener tres ofertas porque excedía la cantidad de los contratos menores.

Después, ya no supo más del proyecto

El caso Montecarlo se originó en 2012 tras una denuncia anónima en Fiscalía. En la causa se investiga si hubo pagos a la empresa Tunera, del empresario Eduardo Ferrer, por servicios no realizados, duplicados o con facturas infladas, además de las irregularidades en la contratación o la justificación de esos servicios, por distintos eventos.

La Fiscalía considera que "el importe arbitraria y fraudulentamente abonado por el Ayuntamiento de Arrecife" a la empresa asciende, "solo entre los años 2009 y 2012, a la cantidad mínima" de 3,2 millones de euros, de los cuales "al menos" 121.000 euros obedecen "a pagos por servicios no prestados"