Decretan prisión provisional para el padre del bebé de 23 días que falleció en Lanzarote
El Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife ha decretado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para un investigado, al que se atribuye provisionalmente la muerte violenta de su hijo recién nacido, de 23 días de vida, en un caso que sigue bajo instrucción judicial.
El auto, dictado este 8 de mayo de 2026, acuerda la medida a petición del Ministerio Fiscal tras la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y recoge que la defensa se opuso a la solicitud de ingreso en prisión.
Los hechos investigados
Según el relato contenido en la resolución, los hechos se remontan al 12 de abril de 2026, cuando el investigado viajaba con el menor en un vehículo en Arrecife. El auto sostiene que, tras un episodio de llanto del bebé, el padre habría agitado con fuerza la maxi-cosi, momento en el que el menor comenzó a ponerse morado y a dejar de respirar.
La resolución añade que, en lugar de buscar asistencia sanitaria de forma inmediata, el investigado continuó conduciendo y regresó al domicilio familiar, donde después se activó la asistencia de emergencia. El bebé fue trasladado primero a centros sanitarios de Lanzarote y posteriormente al Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde falleció el 15 de abril.
Calificación provisional
De forma provisional, el juzgado considera que los hechos podrían constituir un delito de homicidio doloso consumado, con penas de entre 10 y 15 años de prisión, sin perjuicio de la calificación definitiva que realice el Ministerio Fiscal a lo largo del procedimiento.
El auto también afirma que existen indicios suficientes para atribuir al investigado la comisión de los hechos, apoyándose en la investigación practicada, el resultado preliminar de la autopsia y la diligencia de reconstrucción.
Motivos de la prisión
La jueza fundamenta la prisión provisional en varios riesgos procesales: la gravedad de la pena que podría imponerse, el riesgo de fuga, la posible destrucción de pruebas en una fase aún inicial de la instrucción y la posibilidad de reiteración delictiva, atendiendo a la valoración judicial de la conducta investigada y a antecedentes contextuales citados en la resolución.
La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de reforma en el plazo de tres días o de apelación en cinco días.