La acusación popular pide 8 años de inhabilitación para San Ginés y la fiscalía la absolución
El juicio por la incautación en septiembre de 2014 de la desaladora y depuradora de la empresa Club Lanzarote en el plan parcial de Montaña Roja de Playa Blanca (Yaiza) por parte del Consejo Insular del Agua ha quedado visto para sentencia. En la última de las sesiones del juicio en el Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife la acusación popular ha solicitado ocho años de inhabilitación para el expresidente del Cabildo de Lanzarote y del Consejo Insular de Aguas, Pedro San Ginés por prevaricación, mientras que el Ministerio Fiscal reclama la absolución por no darse todos los elementos que concurren en un delito de prevaricación administrativa.
Tanto la acusación popular como la fiscalía han mantenido los mismos criterios que con San Ginés para los otros dos acusados: el exsecretario del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas, Francisco Perdomo, y el exgerente del Consejo Insular del Agua, José Juan Hernández Duchemín.
La fiscal justificó la complejidad del proceso de la incautación de la desaladora. De hecho durante el juicio dos peritos, catedráticos de derecho administrativo y profesores universitarios, dieron versiones diferentes sobre las medidas acordadas por los acusados en la incautación.
La fiscal indicó que no concurría en este caso el elemento añadido de antijuridicidad para un delito de prevaricación. Es decir, aunque algunas de las decisiones adoptadas por San Ginés fueran irregulares no han concurrido algunos de los elementos objetivos y subjetivos necesarios para cometer el delito de prevaricación. Así puso de manifiesto que la incautación no causó ningún perjuicio a los usuarios al garantizar el abastecimiento de agua a los vecinos del plan parcial de Montaña Roja y que Canal Gestión (a la empresa que se le cedió la explotación de la desaladora) fuera la única habilitada para realizar el servicio integral del agua en Lanzarote.
Una visión que contrastó con la abogada de la acusación popular quien pidió 8 años de inhabilitación para los tres acusados. “Es una prevaricación de manual y de estudio en las universidades”, apuntó que a su juicio se habían saltado hasta siete leyes y once normativas. La acusación insistió en el “abuso de poder” de los acusados a la hora de adoptar la incautación y recordó que solo un mes antes se había firmado un convenio entre Club Lanzarote y el Consejo Insular del Agua por el que se le daba un plazo de cuatro años para entregar la desaladora una vez concluyeran las obras de urbanización de Montaña Roja.
La acusación también recordó la sentencia del TSJC que obligó al Consejo Insular a devolver la desaladora por no tener la incautación “la más mínima cobertura legal”, a la vez que en este caso la administración insular no tenía las competencias sino el Gobierno canario.
Declaración de Calatayud
Un de las declaraciones más esperadas en este juicio tenía lugar hoy a través de videoconferencia cuando intervino, Ignacio Calatayud, el abogado que ha asesorado al mismo tiempo tanto a San Ginés cuando era presidente del Cabildo como a la empresa Canal Gestión Lanzarote en todo este proceso. Fueron los momentos más tensos del juicio al enfrentarse a las preguntas de la abogada de la acusación popular (que representa a los exconsejeros de Podemos en el Cabildo, Carlos Meca y Pablo Ramírez).
Calatayud reconoció la relación de “confianza y cariño” con Pedro San Ginés que se inició a partir de la contratación por parte del Cabildo en el proceso concursal de Inalsa. Asimismo, reconoció que asesoró de forma verbal al presidente del Cabildo y mantuvo que no era necesaria la autorización judicial para incautar la planta. “Nunca, antes ni después”, afirmó
Y aunque por estrategia jurídica defendió la clausura de la planta y la realización de obras para poder dar agua a los vecinos, Calatayud valoró la decisión adoptada por el presidente de incautar las instalaciones de Club Lanzarote para velar por el interés general de la población.
En el juicio declaró también como testigo el que fuera Diputado del Común de Canarias, Jerónimo Saavedra, que reconoció que se había advertido al Consejo Insular del Agua de llevar a la Fiscalía la obstrucción de la administración por no resolver las denuncias presentadas por el mal servicio que prestaba Club Lanzarote a los vecinos de Montaña Roja en cuanto a la distribución de agua potable. Durante el juicio una de las razones que argumentó San Ginés para incautar la desaladora era la advertencia del Diputado del Común.
Por su parte, la defensa de San Ginés insistió en que los consejeros de Podemos no estaban facultados para ejercer la acusación popular. Una cuestión que deberá resolverse en la sentencia. Además, destacó que Club Lanzarote no tenía autorización para vender agua desalada a terceros y que el único objetivo que tenían era hacer negocio con la venta de agua desalada, agua de mar que recordó era de dominio público.
