Joaquín Cañada, en su declaración en el juzgado: “Teníamos que claudicar y darles la potabilizadora”
El representante de la empresa Club Lanzarote, Joaquín Cañada que gestiona el plan parcial de Montaña Roja en Playa Blanca (Yaiza) donde se encuentra la desaladora y depuradora que fueron incautadas por el Consejo Insular del Agua en septiembre de 2014 aseguró hoy en el Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife que a su juicio nunca hubo un interés real por parte de los dirigentes del Cabildo de Lanzarote de intentar solventar el posible conflicto generado por el funcionamiento de la potabilizadora. “Creo que nunca quisieron arreglarlo, teníamos que claudicar y darles la potabilizadora”. afirmó.
Cañada mantuvo que se opusieron desde un primer momento a entregar la planta desaladora al entender que era necesario una autorización judicial, que no esgrimieron los representantes del Consejo Insular del Agua en septiembre de 2014. A preguntas de la fiscal, Cañada dijo también que la incautación de la desaladora le produjo un perjuicio económico a la sociedad Club Lanzarote dado que el dinero de la venta del agua a los propietarios del Plan Parcial de Montaña Roja se utilizaba para los gastos del mantenimiento de la urbanización.
El Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife celebra el juicio por el denominado caso de las desaladoras en el que están imputados, el expresidente del Cabildo y del Consejo Insular del Agua, Pedro San Ginés, el exsecretario del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas, Francisco Perdomo, y el exgerente del Consejo Insular del Agua, José Juan Hernández Duchemín. La acusación popular pide 12 años de inhabilitación para cada uno de los acusados por prevaricación administrativa al entender que se tomó la decisión de incautar la desaladora a sabiendas de que era ilegal.
El propietario de Club Lanzarote insistió en el juicio que desde la creación del Plan Parcial de Montaña roja en 1977 la desaladora abastece de agua a toda la urbanización. “Teníamos los permisos y la obligación de dar agua”, afirmó Cañada, a la vez que recordó que tras firmar un acuerdo con el Cabildo en 2017 se retiraron como acusación particular en este juicio.
En la vista de este martes, declararon varios policías locales de Yaiza que estuvieron presentes en la incautación de la desaladora. Los agentes afirmaron que su presencia se debió a un decreto de la por entonces alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, a instancia del Consejo Insular del Agua para garantizar el orden público durante la ocupación de las instalaciones.
El administrador concursal durante los años 2009 y 2013 de Inalsa (la empresa pública que antes de la entrada de Canal Gestión llevaba el ciclo integral del agua en Lanzarote), Pedro Martín, que también declaró como testigo, destacó que la planta desaladora de Montaña Roja no estaba dentro de la masa activa de Inalsa.
