Actualidad

Fiscalía denuncia a Yonathan de León y a Echedey Eugenio por presuntas anomalías en contratos festivos

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, junto al teniente de alcalde, Echedey Eugenio.
La Fiscalía aprecia indicios de prevaricación, malversación y fraude a la Administración en la contratación de varios eventos organizados por el Ayuntamiento de Arrecife

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha presentado una querella en la que aprecia indicios de posibles delitos de prevaricación administrativa, fraude a la Administración y malversación en la contratación de varios eventos festivos organizados por el Ayuntamiento de Arrecife, entre ellos Navilán, el Carnaval de 2024, la Feria de Abril y Billy Capers. La investigación se inició en agosto de 2025.

Según la querella, el informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) aprecia una "utilización intensiva del contrato menor, posible fraccionamiento contractual, contratación de prestaciones funcionalmente vinculadas mediante expedientes separados, existencia de reparos de Intervención y levantamiento de reparos formulados por la Intervención Municipal". La Fiscalía considera que esta forma de contratación "podría ser incompatible con la normativa de contratos del sector público".

La querella también refleja "incidencias reiteradas en la planificación y tramitación de los expedientes". Entre los casos analizados figura el evento Billy Capers, cuya celebración, según los informes incorporados al procedimiento, se produjo sin que el contrato administrativo hubiera quedado perfeccionado.

Otro de los aspectos destacados por la UDEF es que, en numerosos expedientes, se solicitaron ofertas a tres empresas en plazos muy reducidos y que, finalmente, resultó adjudicataria la única empresa que respondió. Asimismo, el informe pone de manifiesto la existencia de reparos reiterados formulados por la Intervención Municipal por posibles fraccionamientos de contratos, omisión de trámites esenciales y prestaciones ejecutadas antes de completarse la tramitación administrativa, reparos que posteriormente fueron levantados.

Tras analizar toda la documentación recabada, el Ministerio Público concluye que las irregularidades detectadas podrían no responder a hechos aislados, sino a una forma reiterada de actuación administrativa en la organización de eventos municipales. Por ello, solicita la apertura de la correspondiente investigación judicial para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades penales que pudieran derivarse.