El juicio del Caso Jable concluye este miércoles con las últimas palabras de los acusados
Según los peritos de la UCO y de la Agencia Tributaria, existen unos 400.000 euros de ganancias patrimoniales no justificadas por parte de la familia de María Isabel Déniz
El juicio del Caso Jable concluye este miércoles, 27 de septiembre, con la lectura de informes finales y las últimas palabras de los acusados, por lo que quedará, presumiblemente, visto para sentencia. El juicio se celebra en la Sección II de la Audiencia Provincial de Las Palmas y se juzga a 11 personas por la comisión de supuestos delitos de asociación ilícita, prevaricación, violación de secretos, fraude y otros.
Entre las principales personas acusadas se encuentra la que fuera alcaldesa de Arrecife entre los años 2000 y 2007, primero por el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y después por Coalición Canaria (CC), María Isabel Déniz, quien ha declarado que veía "normal" recibir regalos de empresas con las que el Ayuntamiento tenía vinculaciones.
María Isabel Déniz, una de las principales acusadas por la trama de la conocida como Operación Jable, última pieza separada por enjuiciar dentro del Caso Unión, aparece como coacusada junto con otras diez personas, entre funcionarios del Consistorio, responsables de dos empresas y líderes políticos de la época, como Dimas Martín.
Según los peritos de la UCO y de la Agencia Tributaria, existen unos 400.000 euros de ganancias patrimoniales no justificadas por parte de la familia de María Isabel Déniz. La exalcaldesa de Arrecife declaró ante el tribunal que veía "normal" recibir regalos de empresas con las que el Ayuntamiento tenía vinculaciones.
Fernández Camero negó las acusaciones
También ha declarado ante el tribunal el que era secretario general del Ayuntamiento de Arrecife en el momento de los hechos, Felipe Fernández Camero, quien ha negado las acusaciones en su contra y que tuviera algo que ver con el “amaño” del contrato de Tecmed para la recogida de residuos sólidos urbanos.
La ‘Operación Jable’, la segunda fase de la ‘Operación Unión’ de desató el 19 abril del año 201, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a 25 personas: siete políticos, dos funcionarios y el resto empresarios o intermediarios.
En esta ocasión, el operativo judicial se centró en el mandato de la ex alcaldesa María Isabel Déniz, quien fue detenida y encarcelada durante un mes, acusada de cohecho, y en los servicios que prestaban las empresas FCC y Urbaser, de la que se llegó a detener hasta cinco directivos.
La trama organizada más importante de Lanzarote
También fueron detenidos varios concejales y algún el empresario. Otra parte de la investigación se centró en Dimas Martín, a quien la Guardia Civil le atribuía un patrimonio de unos ocho millones de euros oculto a través de varios testaferros, que también fueron detenidos.
La investigación permitió desarticular "la trama organizada más importante de Lanzarote dedicada al cobro de comisiones ilegales a empresarios, así como al enriquecimiento económico de cargos públicos que compartían intereses en sociedades beneficiadas en dichas actividades", según informó la Guardia Civil en un comunicado.
Los beneficios económicos procedentes del pago de facturas por servicios prestados a la administración, adjudicación de contratos o la revisión de estos contratos, dependían en buena medida de decisiones administrativas de los cargos y ex cargos públicos pertenecientes a la organización.
Fernández Camero, ex secretario del Ayuntamiento
La actividad profesional de Felipe Fernández Camero fue recogida en el artículo El secretario: el quinto poder, suscrito por el pseudónimo colectivo de Carlota Gutiérrez en la revista Cuadernos del Sureste —antes Cuadernos del Guincho—, en 2003. La revista fue secuestrada por orden judicial de manera insólita, sin dar audiencia previa a los demandados. El auto prohibió su difusión y su nueva publicación, tanto en la versión escrita como en la edición digital, pero el efecto ocasionado fue el contrario: el artículo corrió de mano en mano.
La sorprendente actuación judicial fue solicitada por Felipe Fernández Camero, quien interpuso después una demanda contra el consejo de redacción por la citada publicación. Meses más tarde, se dicta el auto en el que se acuerda el alzamiento del secuestro de esta revista y se condena al demandante al pago de las costas y de los daños y perjuicios. Tres meses después, se restituye el derecho a la libertad de expresión de Cuadernos y a la libertad de información de sus lectores. Inexplicablemente, la Asociación de la Prensa de Lanzarote guardó silencio ante tamaño escándalo.
