El juicio del Caso Jable prosigue este lunes, día 18, con las primeras testificales

La ex alcaldesa de Arrecife declara ante el tribunal de justicia.
La ex alcaldesa de Arrecife declara ante el tribunal de justicia.

La exalcaldesa de Arrecife declaró ante el tribunal que veía "normal" recibir regalos de empresas con las que el Ayuntamiento tenía vinculaciones

El juicio del Caso Jable prosigue este lunes, día 18, con las primeras testificales

El juicio del Caso Jable prosigue este lunes, día 18 de septiembre, con las primeras testificales, tras las dos sesiones anteriores en las que declararon las personas acusadas. El juicio tiene lugar en la Sección II de la Audiencia Provincial de Las Palmas y se juzga a 11 personas por la comisión de supuestos delitos de asociación ilícita, prevaricación, violación de secretos, fraude y otros.

Mª Isabel Déniz veía “normal” aceptar regalos

Entre las principales personas acusadas se encuentra la que fuera alcaldesa de Arrecife entre los años 2000 y 2007, primero por el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y después por Coalición Canaria (CC), María Isabel Déniz, quien ha declarado que veía "normal" recibir regalos de empresas con las que el Ayuntamiento tenía vinculaciones.

María Isabel Déniz, una de las principales acusadas por la trama de la conocida como Operación Jable, última pieza separada por enjuiciar dentro del Caso Unión, ha respondido únicamente a las preguntas de su abogado en la segunda jornada del juicio en la que aparece como coacusada junto con otras diez personas, entre funcionarios del Consistorio, responsables de dos empresas y líderes políticos de la época, como Dimas Martín.

Fernández Camero negó las acusaciones

También declaró ante el tribunal el que era secretario general del Ayuntamiento de Arrecife en el momento de los hechos, Felipe Fernández Camero, quien negó las acusaciones en su contra y que tuviera algo que ver con el “amaño” del contrato de Tecmed para la recogida de residuos sólidos urbanos.

La actividad profesional de Felipe Fernández Camero fue recogida en el artículo El secretario: el quinto poder, suscrito por el pseudónimo colectivo de Carlota Gutiérrez en la revista Cuadernos del Sureste —antes Cuadernos del Guincho—, en 2003. La revista fue secuestrada por orden judicial de manera insólita, sin dar audiencia previa a los demandados. El auto prohibió su difusión y su nueva publicación, tanto en la versión escrita como en la edición digital, pero el efecto ocasionado fue el contrario: el artículo corrió de mano en mano.

La sorprendente actuación judicial fue solicitada por Felipe Fernández Camero, quien interpuso después una demanda contra el consejo de redacción por la citada publicación. Meses más tarde, se dicta el auto en el que se acuerda el alzamiento del secuestro de esta revista y se condena al demandante al pago de las costas y de los daños y perjuicios. Tres meses después, se restituye el derecho a la libertad de expresión de Cuadernos y a la libertad de información de sus lectores. Inexplicablemente, la Asociación de la Prensa de Lanzarote guardó silencio ante tamaño escándalo.

Qué es la ‘Operación Jable’

El 19 abril del año 2010, se desata en Lanzarote, la ‘Operación Jable’, la segunda fase de la ‘Operación Unión’. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a 25 personas: siete políticos, dos funcionarios y el resto empresarios o intermediarios.
En esta ocasión se centró en el mandato de la ex alcaldesa María Isabel Déniz, quien fue detenida y encarcelada durante un mes, acusada de cohecho, y en los servicios que prestaban las empresas FCC y Urbaser, de la que se llegó a detener hasta cinco directivos.
También fueron detenidos varios concejales y algún el empresario. Otra parte de la investigación se centró en Dimas Martín, a quien la Guardia Civil le atribuía un patrimonio de unos ocho millones de euros oculto a través de varios testaferros, que también fueron detenidos.
La investigación permitió desarticular "la trama organizada más importante de Lanzarote dedicada al cobro de comisiones ilegales a empresarios, así como al enriquecimiento económico de cargos públicos que compartían intereses en sociedades beneficiadas en dichas actividades", según informó la Guardia Civil en un comunicado.
Los beneficios económicos procedentes del pago de facturas por servicios prestados a la administración, adjudicación de contratos o la revisión de estos contratos, dependían en buena medida de decisiones administrativas de los cargos y ex cargos públicos pertenecientes a la organización.

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