El Supremo rechaza que el diario 'ABC' vulnerara el honor del juez Pamparacuatro en unas informaciones sobre el 'caso Unión'
La Sala Civil del Tribunal Supremo ha rechazado que el diario ABC y uno de sus periodistas vulnerasen el derecho al honor del magistrado César Romero Pamparacuatro en dos artículos publicados en 2015 que se referían a una investigación sobre la supuesta manipulación del sumario del denominado ‘caso Unión’ de Lanzarote. El juez citado fue instructor de este caso.
El titular del ABC decía: "Un juez, un secretario y dos guardias civiles falsearon el mayor caso de corrupción de
Lanzarote".
El Supremo estima el recurso del diario y del periodista contra la sentencia dictada el 22 de febrero de 2022 por la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, que había confirmado a su vez la de un Juzgado de Primera Instancia de Puerto de la Cruz, que apreciaron intromisión ilegítima en el honor del juez por parte de los dos artículos del periódico, y condenaron a éste y al periodista firmante de las noticias a abonar 30.000 euros de indemnización al magistrado.
El alto tribunal discrepa y le da la razón al periódico, por entender que estaba amparado por el legítimo ejercicio de la libertad de prensa, puesto que se trató de la valoración que hizo el periodista de hechos veraces, suficientemente contrastados, por más que posteriormente no fueran considerados delictivos. Por ello, anula la sentencia de la Audiencia tinerfeña y desestima la demanda del magistrado contra el diario y el periodista.
Jiménez de Asúa, el "caballo de Troya"
César Romero Pamparacuatro fue denunciado por la Asociación de Juristas Jiménez de Asúa, considerada el "caballo de Troya" en el procedimiento judicial, al actuar en todo momento del lado de los denunciados. El juez que investigó la supuesta manipulación del sumario fue Rafael Lis, quien lo volvió a hacer tras una denuncia presentada por uno de los principales imputados del caso Unión, el abogado y empresario Luis Lleó.
Las pesquisas apuntaban a que el juez Pamparacuatro, el que fuera su secretario, el jefe del grupo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que llevaba el caso Unión, que ascendió a comandante en el año 2012, y el sargento que actuó como secretario policial "actuaron conjuntamente para fabricar el sumario antes de levantar el secreto".
De este modo, presuntamente, hicieron y fecharon autos y otros documentos años después de las fechas que constan. Es decir, primero pinchaban los teléfonos y tiempo después hacían los autos que justificaban esos pinchazos, según los denunciantes y sobre lo que se hizo eco el ABC.
