Se estrecha el cerco a la comercialización de los pisos turísticos ilegales en España
La comercialización 'online' de pisos turísticos ilegales se ha puesto cada vez más difícil y las principales plataformas ya están desactivando aquellos anuncios que no cuentan con el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio.
El Gobierno calcula que hay unos 54.000 pisos turísticos ilegales en las plataformas, muchos de ellos comercializados en varias a la vez. Se trata de alojamientos que han solicitado el número de registro imprescindible pero que no lo han obtenido al no cumplir los requisitos legales.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha confirmado que las plataformas los están retirando de forma efectiva y que hay buena disposición para ello.
Desde que comenzó a funcionar el 1 de enero este nuevo registro de alquileres de corta duración, aunque no se hizo efectivo hasta las puertas del verano, ha recibido cerca de 336.500 solicitudes, de las que más del 78 % han sido para uso turístico y un 20 % han sido revocadas.
La mayoría de los códigos revocados están en Sevilla (2.289), Marbella (1.802), Barcelona (1.564), Málaga (1.471) o Madrid (1.257), aunque también destacan Benalmádena (926), Adeje (765), Valencia (731), Torrevieja (700) o Fuengirola (686).
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) hay unas 381.837 viviendas turísticas en España, en su mayoría en Andalucía (96.176), Comunidad Valenciana (63.190), Cataluña (56.851) y Canarias (50.686).
En el punto de mira
Aunque las principales plataformas, como Airbnb y Booking, no revelan datos del número de anuncios desactivados, se muestran a favor de combatir los alquileres turísticos ilegales y reconocen que aquellos que cuentan con este número de registro son los preferidos por los usuarios.
Desde Airbnb indican que estas obligaciones de registro no han supuesto un impacto significativo en su negocio y que desde enero 70.000 anuncios más muestran un número de registro.
Además, indican que menos del 10 % de los número de registro nacionales que fueron rechazados hasta hoy tienen un anuncio activo y que su objetivo es darlos de baja, al tiempo que se conciencia a los anfitriones sobre los nuevos requisitos que tienen que cumplir y se pide al resto de plataformas que se unan en los esfuerzos de transparencia.
Desde Booking, afirman que han trabajado con el Ministerio de Vivienda para asegurar que su portfolio en España cumple plenamente con los requisitos legales y subrayan que su compromiso es el de colaborar con las autoridades nacionales y regionales para promover una regulación clara y combatir los alquileres turísticos ilegales.
Según ha indicado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, esta misma semana el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado por segunda vez la exigencia para que Airbnb retirara de su plataforma 34.728 alojamientos turísticos que no tenían licencia a finales de 2024.
El objetivo del Gobierno es que estas viviendas se incorporen al mercado de alquiler residencial dada la escasez falta de oferta disponible, la subida de precios y las dificultades de acceso, especialmente para los jóvenes y los más vulnerables.
La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) defiende que una solicitud incompleta o una revocación administrativa no implica que exista una actividad ilegal.
Denuncia que el Gobierno se está excediendo en sus competencias y les ha convertido en el "chivo expiatorio", "criminalizando" a miles de familias y pymes sin resolución firme y sin el procedimiento garantista que exige la ley.