Intervención del Cabildo avala el nuevo convenio con Haría sobre la Cueva
Fija la indemnización obligada por los tribunales, omitida en el acuerdo que firmaron Pedro San Ginés y Marci Acuña, y establece un plan de pagos anual hasta 2034.
El departamento de Intervención del Cabildo de Lanzarote ha informado favorablemente a la Adenda propuesta por Cabildo y Ayuntamiento de Haría, al acuerdo extrajudicial al que en su día llegaron ambas corporaciones presididas por Pedro San Ginés y Marci Acuña, los dos de Coalición Canaria.
La Adenda, a diferencia de aquel acuerdo extrajudicial suscrito en noviembre de 2016, y que nunca llegó a ser sometido al criterio de la justicia, como obligaba la sentencia, detalla la indemnización que habría de percibir el Ayuntamiento de Haría y establece un plan de pago anual de la misma hasta 2034.
El Cabildo comenzará a pagar a Haría 600.000 euros cada año
El documento, cuyos detalles ha adelantado en la mañana de este martes Diario de Lanzarote, fija en 15.103883,63 €, la cantidad con la que el Cabildo debe indemnizar al Ayuntamiento de Haría, en virtud de la recaudación obtenida entre el 25 de noviembre de 2010, fecha en la que se inicia el pleito, al 29 de octubre de 2016, fecha de “restitución efectiva de la Cueva de los Verdes”.
A esa cantidad hay que restar 2.188.987,26 €, pagado ya por el Cabildo en concepto de canon con lo que la indemnización queda finalmente fijada en 12.914.896,37 €. Queda pendiente de descontar “de forma proporcional entre las anualidades restantes, salvo que las partes de mutuo acuerdo establezcan una diferente forma de pago” la adquisición en su día por parte del Cabildo de la llamada Casa del Cura.
Así pues, el Cabildo comenzará a pagar a Haría 600.000 euros cada año desde este mismo 2020 hasta 2023, inclusive. A partir de 2024 y hasta 2033 inclusive, un millón de euros anual y, finalmente, en 2034, lo restante, es decir, 514.896,37€.
Del mismo modo la Adenda del acuerdo, a la que ha tenido acceso Biosfera Digital, establece quea ambas entidades "se comprometen a solicitar, conjuntamente, a través de sus representaciones legales, la homologación judicial del presente Acuerdo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 5 de Las Palmas, en el seno del procedimiento ordinario 46/2011 por resultar dicho órgano judicial como el competente.”
Conflicto iniciado en CC, mal resuelto por CC
El llamado pleito de la Cueva de los Verdes comienza en noviembre de 2010, con Pedro San Ginés (CC) en la presidencia del Cabildo, cuando el alcalde de Haría, José Torres Stinga (CC) decide dar por finalizado el acuerdo de explotación de la Cueva, de propiedad municipal, por el “sistemático, reiterado y grave incumplimiento de sus obligaciones económicas”. Y amenaza con llevar el asunto a los tribunales si en el plazo de un mes no se restituía la Cueva al ayuntamiento norteño.
Por aquel entonces, San Ginés y Torres Stinga (hoy líder de la Plataforma Municipal de Haría) estaban duramente enfrentados dentro de su propio partido, Coalición Canaria. En noviembre de 2015, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 5 de Las Palmas dio la razón a Haría y aunque el Cabildo recurrió, a principios de 2016 los representantes de ambas instituciones en litigio, el Cabildo, que seguía presidido por Pedro San Ginés, y el Ayuntamiento de Haría, encabezado ya entonces por Marci Acuña (CC), pidieron al Juzgado que suspendiera la sentencia ya que era su intención llegar a un acuerdo extrajudicial. San Ginés y Acuña, con buenas relaciones dentro de CC, refrendaron el acuerdo en noviembre de 2016 pero, ni contemplaba cantidad concreta alguna en materia de indemnización, ni la forma en que esta había de hacerse efectiva. Tampoco presentaron el acuerdo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 5 de Las Palmas, como era preceptivo.
En lugar de eso, Pedro San Ginés y Marci Acuña se dirigieron al Consejo Consultivo de Canarias para que informara sobre la validez jurídica de su acuerdo, a la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre la “posible lesividad, en términos económicos” del Acuerdo y, finalmente, a la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias para la autorización para la formalización del Acuerdo Extrajudicial. Ninguna de las tres administraciones se declaró competente para resolver las dudas.
